Arthur Mulligan

Por fin en el PSOE se han dado cuenta de que Pedro Sánchez es antipático para la mayoría de españoles y han decidido sacarlo a pasear entre amigos y compañeros del partido. Antes intentaron la maniobra inversa con el acarreo de una cincuentena de personas dotadas con el inconfundible paquete genético del partido, quienes preguntaron al presidente en Moncloa cuanto querían sus asesores, pero no funcionó por falta de realismo; ahora juega a la petanca, visita librerías y comparte un café con dos jóvenes en Parla: “Mirad, mañana aprobamos en el Gobierno (de la gente) una subida del SMI. Por cierto, qué grande es Parla, nunca lo hubiese imaginado”.

Como un actor pésimo y desgarbado, se inclina en el sofá de sus jóvenes seleccionados y no les convence de nada, aunque sea para que compren una enciclopedia, porque entre flashes y cámara no le da tiempo para mirar a la cara de sus interlocutores. Cae fatal y se le nota en la agitación nerviosa de las últimas semanas en las que pocas cosas le salen bien porque entre Patxi y Félix manejan con una torpeza proverbial las relaciones del gobierno con el Parlamento.

Ángeles Carmona, Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, analizaba así la situación creada con la ley del sí es sí, su reforma y si supone volver a la legislación anterior: «Se está produciendo un goteo de informaciones de los gabinetes de prensa de los Tribunales Superiores de Justicia de que estas revisiones ocurren con una serie de trámites y queríamos unificar esos datos para poder tener el número total y las sentencias para poder hacer unos estudios. Es un dato aproximado. El de las 500 revisadas en ellas no se incluyen audiencias como Madrid y Barcelona. Haciendo una aproximación se saca que pueden ser 900. En los próximos meses tendremos un dato seguro porque esto interesa y genera alarma social», añade.

Defiende que los jueces están realizando exactamente lo que dice la ley: «Estamos viendo rebajas en todas las audiencias provinciales, que es lo que deben hacer los jueces porque así lo dice la Constitución española. «La proposición de ley lo que hace es volver a la penalidad anterior y no tanto a la legislación anterior. Las condenas tendrán penas más altas que con la ley del sí es sí».

Carmona cree que el sistema anterior protegía a la mujer y en su opinión la condena a La Manada lo demuestra: «Fue una condena ejemplarizante y muy alta a estos violadores en grupo aplicando agravantes muy importantes. Finalmente el Tribunal Supremo aplicó la jurisprudencia de que no hacía falta acreditar una lesión o un acto heroico de la víctima para considerarlo agresión sexual. Con no consentir, un abuso sexual ya es un delito. Las mujeres que son víctimas de violencia de género deben confiar en la Administración. Los mismos jueces que metieron a estos violadores están ahora reduciendo las condenas y no tiene sentido. No son jueces machistas ni tenemos una justicia patriarcal. Están perfectamente preparados y el 60% son mujeres. Es absolutamente falso que tengamos jueces machistas», concluía.

Como se revuelve cada vez que es preguntado sobre este asunto que tanto ha incendiado a la coalición de gobierno – más al PSOE que a Unidas Podemos -, el fracaso de sus planes para zanjar la reforma de la reforma del Código Penal devuelve desde su escaño acorralado por socios y oposición el rostro de un perfecto autócrata cuya frialdad y engreimiento compiten con esas pinceladas caricaturescas de infatuación militante e hipócrita sin reparar que los tiempos de los efectos especiales ya no volverán y cada movimiento legislativo se asemejará a los doloridos pasos de un enfermo de gota.

El creador de Frankenstein no puede aceptar ahora la monstruosidad de su creación, esa anormalidad impropia del orden natural y apariencia temible que no le deja dormir como acertadamente llegó a profetizar en sus momentos de lucidez.

«¿Qué dirá de mí la Historia?» dicen que preguntó a su Ministro Màxim Huerta antes de abandonar su breve estancia en Cultura y Deporte, víctima de una jauría según explicó más tarde, tras conocerse que defraudó a Hacienda exactamente 218.322 euros.

Es una pregunta más propia de Napoleón a Fouché, o de Luis XVIII a Talleyrand, pero en su formulación se percibe un delirio de grandeza que agita el deseo irrefrenable de blanquear un monstruo interior, afirmar que al fin y al cabo es humano para cometer errores y que su único juez solo puede ser la Historia, encajando su figura en la serie definida por una línea de tiempo: Alejandro, Cesar, Felipe II, Napoleón y Sánchez. Su mirada es así, telescópica, para abarcar la largueza de sus actos sin los habituales frenos pequeño burgueses, escrúpulos que castran cualquier vigor trascendente.

Pero esto son sólo ensoñaciones, con cosas así pasamos el rato, pero ¿en qué nos ocupamos? Pues ya se sabe: en ver quién puede más y tuerce antes el brazo del contrario en la azarosa reforma de los órganos judiciales que han quedado teñidos de partidismo. En dirimir entre la tozuda soberbia de la ministra Irene Montero, o la sangría electoral que ha provocado su supina indigencia jurídica.

En calcular qué provoca mayor dolor, si el de las víctimas de una ley que ahora, tras casi 500 siniestros, se reconoce imperfecta o la soberbia inusitada de una pandilla de ignorantes que juegan a gobernar sin la necesaria capacidad ni una mínima profesionalidad acreditada.

En decidir si los perros de caza deben incluirse en la protección de artefacto jurídico que ha ideado la prodigiosa ministra Belarra, o si hay que excluirlos, no por una elevada conciencia animalista, sino por el coste electoral que tendría la medida, en comunidades con futuro electoral incierto, como son las dos castellanas y la extremeña.

En modificar de manera semiclandestina la ley Celaá que consagró de manera original la rebaja de la exigencia como solución a la vergüenza del elevado nivel de abandono escolar que mantenemos, justo donde lo necesario era elevar el nivel de esfuerzo y compromiso de alumnos y educadores. En dar una salida indolora a esa cosa tan compleja como es la ley trans, destinada a un fracaso mayúsculo.

En ir a Marruecos -unos ministros, sí y otros no-, a que el sátrapa de turno nos abofetee con sus desplantes, mientras los ex amigos argelinos nos castigan por nuestros desaires. En resumen, si esta coalición esperpéntica que padecemos es un gobierno ¿imaginan cómo sería de divertido un desgobierno?

Con cosas así pasamos el rato, pero ¿en qué deberíamos ocuparnos?

Quizás en nuestros problemas reales y verdaderos haya donde escoger, porque son muchos:

Tenemos casi tres millones de parados, un nivel que casi duplica la media de la Unión Europea, con un impacto vergonzante en las capas más jóvenes.

Una situación lacerante que nos ha llevado a que el agujero de la Seguridad Social supere ya los 100.000 millones de euros mientras subimos las cotizaciones, que dañan el empleo, en el inútil esfuerzo por compensar la peligrosa generosidad de la actualización de las pensiones.

El número de empresas registradas en la Seguridad Social disminuye -un 2,49 % en el pasado diciembre- y ensombrece el futuro del empleo.

Acumulamos 1,506 billones de deuda pública, el 17 % de la cual vence este año con un coste que fue liviano, pero que ahora es creciente con el peligro de un distanciamiento del paraguas protector del BCE que piensa disminuir su balance.

Una curiosidad: somos el país que más se ha endeudado durante la crisis a pesar de ser el único que no ha recuperado su nivel de PIB previo a la pandemia.

Tenemos una inflación subyacente que triplica el nivel de los tipos de interés que han iniciado una perversa carrera al alza que complica el pago de las hipotecas y repercute en el mercado inmobiliario, al reducir la oferta de viviendas y aumentar el precio de los alquileres.

Hacienda ha recibido más de 30.000 millones de euros extras por culpa -o gracias- a la inflación, lo que no es óbice para que los alivios fiscales hayan sido minúsculos y los déficits presupuestarios crezcan y amenace con seguir creciendo los próximos ejercicios, mientras los dineros prometidos por Bruselas llegan con cuenta gotas, atascados en la maraña administrativa que regula su distribución y retrasan sus necesarios efectos sobre el tejido empresarial.

Como señala Ignacio Varela: «la caída de un Gobierno suele ser multifactorial y se produce por una acumulación de malestares, decepciones, torpezas y conflictos mal resueltos. Lo que señala el punto de quiebra es el momento en que el deceso político se hace inexorable; o, si lo prefieren en lenguaje coloquial, cuando cae la gota que derrama el vaso y quienes pueden hacerlo empiezan a ponerte las maletas en la calle. Visto desde hoy, podemos acordar que la UCD venía ya muy deteriorada, pero su punto de quiebra fue el golpe del 23-F. El punto de quiebra en la relación de los gobiernos de Felipe González con la sociedad fue la corrupción. Aznar tuvo su punto de quiebra al embarcarse en una guerra que el país rechazaba y que, además, resultó estar montada sobre una falsedad. El punto de quiebra de Zapatero se produjo el 12 de mayo de 2010, en aquella dramática sesión parlamentaria en que admitió su fracaso ante la crisis económica y arrió todas sus banderas. En el caso de Rajoy, también hubo una fecha clave, el 1 de octubre de 2017, y la imagen —insoportable para sus votantes— de un Gobierno a la vez burlado y desbordado. Todos duraron unos meses más en el poder, pero la flecha estaba clavada: la sociedad había dejado de creer en ellos. Los protagonistas fueron los últimos en darse cuenta del momento en que pasaron su punto de quiebra. Algunos aún hoy no lo identifican.»

Sánchez habla de la desigualdad como si no fuera presidente del Gobierno. Menciona a los de arriba y a los de abajo al margen de su responsabilidad. Y exige la implicación de la sanidad pública como si no formara parte de sus competencias. Solo le falta manifestarse contra sí mismo a Sánchez.

Es un líder sin relumbrón, superado por sus desleales socios, con varias citas inaplazables en su peor momento y que reparte coces verbales en lugar de argumentos.

Alea iacta est.