Plataformas bajo lupa

Juanjo Cáceres

Una de las noticias más murmuradas en los últimos días de 2023 fue la entrada en vigor de la directiva europea 2021/515, que obliga, a partir de 2024, a que las plataformas electrónicas «de intercambio» informen de las operaciones que realizan los usuarios. Se incluyen entre ellas plataformas tan populares como eBay, Vinted, Wallapop o Airbnb. Dichas plataformas son utilizadas por miles de personas usuarias en nuestro país y lo que la directiva europea prevé es que deban informar a la Agencia Tributaria sobre todos aquellos usuarios que totalicen al menos 30 operaciones o actividades por un valor superior a 2000 euros, con el fin de que esos ingresos sean objeto de registro tributarios y sean tenidos en cuenta en las obligaciones fiscales de los países miembros.

Dichas novedades no han pasado desapercibidas en la comunidad de usuarios, muchos de los cuales han cuestionado la medida al considerar que buena parte de esas operaciones no responden a una actividad económica, ni a ningún afán de lucro, sino a la voluntad de recuperar parte de lo gastado en bienes que con el paso del tiempo ya no resultan útiles para sus propietarios. Pero también es verdad que además de esa persona que hace espacio en su casa y que disfruta poniendo a la venta objetos que ya no necesita, también se mueven en ese entorno otras personas cuyo afán de lucro en la forma de operar es más que evidente y cuyo volumen de operaciones dejan un testimonio claro de que se trata de una actividad regular de compraventa o alquiler.

Ciertamente la venta de objetos de segunda mano no es una novedad de nuestros días. Hace tiempo que internet se ha convertido en un espacio eficiente para deshacerse de aquellos objetos que por un motivo u otro ya no queremos usar. Además, las ventajas que ofrecen estas plataformas para acceder, por ejemplo, a objetos de segunda mano desde cualquier punto del país son claras, puesto que ni siquiera los municipios insulares, ni los municipios pequeños están excluidos de esa enorme red de distribución que se genera entre las personas registradas. Ello, en un momento en que el comercio local retrocede, en el que sostener negocios como librerías, ya sean de primera o segunda mano, resulta enormemente complicado cuando hay poca población en general o poca población local, las plataformas de objetos de segundo mano pueden resultar en una eficaz tabla de salvación para el acceso a la cultura o al consumo en general.

Pero es evidente que frente a esas ventajas existen reversos tenebrosos, de los cuales Airbnb es el mejor exponente. No solo por las grandes cifras de negocio que algunos propietarios obtienen de los alquileres vacacionales que se generan en esa plataforma, sino también porque su actividad ha ejercido una fuerte presión sobre la oferta de vivienda, convirtiendo gran parte de la misma en viviendas turísticas. Ahora bien, tampoco es esta una cuestión que persiga regular la directiva, sino el actuar en consecuencia respecto al hecho de que la puesta a disposición de pisos para finalidades turísticas es una actividad económica pura y dura y no un intercambio o una cesión de un bien no utilizado.

Atendiendo los datos existentes y la monstruosidad de negocio que generan estas plataformas – los números de Wallapop o AirBnb hablan por sí solos-, la regulación fiscal de buena parte de las actividades que albergan resulta absolutamente necesaria, mientras que otras tal vez no tanto. La venta de un bien previamente adquirido no debería de ser objeto de persecución fiscal obsesiva y en este sentido el poner la barrera de la obligación de informar a las administraciones en 30 operaciones de venta de objetos del hogar, libros, aparatos electrónicos, etc., sin tener en cuenta el valor del intercambio, parece exagerado y genera una importante indefensión en el propietario original en el caso de que la administración fiscal se interese en las fiscalización de este tipo de actividades. Lo contrario ocurre, en cambio, cuando hablamos de operaciones de Airbnb o de usuarios con elevados volúmenes de compraventa, puesto que funcionan como una forma de negocio encubierta y como tal debe contribuir al sostenimiento de las administraciones públicas.

En todo caso la efectividad de la directiva europea nos recuerda de que internet no es un mercado mayormente exento de regulación, ni un espacio único de libertad. También nos muestra la necesidad y la voluntad de afinar las legislaciones para que las nuevas realidades mercantiles no escapen de fiscalización ni de la fiscalidad: si estamos siempre reclamando un mayor compromiso fiscal a grandes distribuidoras como Amazon y el eliminar privilegios fiscales, ¿cómo no iba a contribuir también ese pequeño contribuyente, siempre más indefenso que las grandes empresas transnacionales, al sostenimiento de las finanzas de los Estados?

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