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El intenso debate sobre la inmigración generalmente no distingue entre inmigrantes legales, irregulares – ilegales si se prefiere – y refugiados. Y son tres categorías bien distintas que merecen y requieren tratamiento diferenciado. Además, demasiado frecuentemente parece que sea necesario elegir entre la opción de puertas abiertas para todos y la de la fortaleza cerrada a cal y canto. No es cierto y si algo está claro es que ambas opciones son completamente ilusorias por imposibles. Dicho lo cual, es perfectamente posible mantener una política de inmigración que responda a todos los intereses en juego: políticos, económicos, sociales y humanitarios. No es tan difícil de diseñar ni de aplicar porque aunque cueste dinero, cuesta mucho más no hacerlo. Y sin ella, al final los hechos empujan indeseablemente hacia la barra libre o el racismo puro y duro. Me explico.

Inmigrantes legales son los que llegan habiendo cumplimentado todos los trámites legales necesarios y por tanto cuentan con permisos de residencia y trabajo. Irregulares son por el contrario los que llegan a las bravas y por tanto carecen de papeles, por lo que se mantienen en el mercado negro y la marginalidad. Y refugiados son aquellos a los que se les concede asilo previa demanda en función del grave riesgo que corren en sus países de origen de ser perseguidos por razón de su raza, casta, credo, ideología o pertenencia a un determinado grupo social, según determina la Convención de Naciones Unidas de 1951, que también prohíbe su devolución.

Por tanto, cualquier país es libre de determinar cuántos inmigrantes legales recibe y de rechazar a los irregulares, aunque su devolución a su país de origen o de tránsito dependerá evidenetemente también de la aceptación por parte de estos últimos. En cambio, conceder asilo a quienes corren un grave peligro en su país de origen no es una potestad sino una obligación. Como también lo es tratarles como nacionales propios en una serie de temas (acceso a la educación, por ejemplo) que generan un coste económico para el país de acogida.

Cabe plantearse si lo anterior es viable en un mundo en el que pese a la gradual imposición de la democracia como régimen político en un número cada vez más grande de países y la disminución progresiva del número global de civiles muertos y heridos por conflicto bélico, el masivo crecimiento demográfico mundial y la globalización de las comunicaciones y el transporte propicia que varios millones de personas puedan en la práctica solicitar asilo.

También cabe plantearse si no es completamente injusto que exista la obligación de acoger a alguien que huye de la represión pero no a alguien que escapa del hambre y la enfermedad, que pueden suponer un peligro todavía mayor, lo cual sin embargo incrementaría la cifra de posibles demandantes a varias decenas de millones (NB: se estima que hoy en día hay unos 60 millones de personas desplazadas de sus lugares de origen).

En otras palabras, la ley atiende más a la causa – persecución humana o situación natural – antes que a la magnitud de la amenaza que se cierne sobre quien pretende huir. Pero la ley es la ley, al menos hasta que se cambie. Por lo que es aceptable rechazar a los inmigrantes irregulares y tratar de devolverles a la pobreza extrema de la que huyen y no lo es rechazar a quienes serían objeto de persecución en sus propios países.

Por otra parte, en Europa tenemos graves problemas económicos – desempleo y particularlmente desempleo juvenil – pero mantenemos un sistema de protección social que nos permite a la inmensa mayoría esquivar los trabajos más onerosos y peor pagados, que sin embargo necesitamos que alguien desempeñe. Y mantenemos una tasa de natalidad decreciente que, combinada con el alargamiento de la expectativa de vida, amenaza gravemente la supervivencia del Estado del bienestar más allá de la insostenibilidad del sistema de pensiones. Los números ya no cuadran y cada vez lo harán menos.

Por tanto, la aceptacion de contingentes de no nacionales no es ni buena ni mala sino indispensable para el mantenimiento de nuestro modelo socio-económico. Se puede ser más o menos racista y más o menos clasista y tratar de privilegiar o no la llegada de contingentes de extranjeros de nuestra misma raza, lengua, cultura, credo y a poder ser del mayor nivel de cualificación y de mayor extracción económica posible. Pero es absurdo querer mantener nuestra sociedad tal y como es cerrando las fronteras. Aparte de que el cierre total de fronteras es físicamente imposible como demuestra la realidad de todos los días.

En vista de la complejidad de todo lo anterior, en general optamos por ir tirando. De una parte, restringimos al máximo los canales de inmigración legal y de otra luchamos al máximo contra la inmigración irregular pero aceptando que los que consiguen entrar se queden – es muy complejo devolverles y además cuesta mucho dinero – para que desempeñen los trabajos que no queremos hacer nosotros. Y con los refugiados, restringimos al máximo su capacidad para pedir asilo – por ejemplo, impidiendo que lo puedan pedir en nuestras embajadas en sus países – pero dándoselo si finalmente consiguen llegar hasta nuestro territorio.

La incoherencia y la hipocresia son evidentes: ¿qué mayor efecto llamada que permitir que quién entre ilegalmente se quede? ¿Y cómo se explica que quien se presenta en nuestro consulados en Siria o en Sudán del Sur no sea siquiera recibido cuando está en mayor riesgo de muerte pero que si consigue colarse le concedamos asilo y le mantengamos a costa del erario público?

Cuando en uno de los peores momentos de la guerra civil siria la Canciller Merkel anunció que Alemania no rechazaría a los cientos de miles de sirios que huían de la guerra no hizo sino asumir el cumplimiento de la ley, que en el caso de la Unión Europea está recogida y regulada en sus Tratados “constitutcionales” y en el denominado Reglamento de Dublin. Este último establece que el Estado Miembro de la UE que debe otorgar asilo es aquél por el que el demandante entró a la Unión. Dado que la inmensa mayoría de los refugiados sirios llegaban via Grecia, Merkel bien podría haberse lavado las manos. Pero decidió hacer justo lo contrario. Y la Comisión Europea, teniendo en cuanta el procedimiento extraordinario previsto en el Reglamento de Dublín para casos de presión excesiva sobre un Estado Miembro, propuso un sistema de reparto entre los diferentes Estados Miembros de todos los refugiados llegados a Grecia y a Italia, que fue aprobado por el Consejo por mayoría cualificada. Como es sabido, la mayoría de los Estados Miembros incluida España no han querido o han sido capaces de asumir la totalidad de las cuotas que les han sido asignadas. Por otra parte, Hungría y el resto de países centro-europeos se han negado a aceptarlas.

Los brutales atentados del ISIS en Europa, unidos al hecho de que la inmensa mayoría de los árabes huídos del conflicto sirio, así como los pasthunes y otros que escapan de la guerra en Afganistán sean musulmanes explica – que no justifica – en parte las reticencias de países como los centro-europeos de escasas credenciales democráticas y en los que la inmensa mayoría de la población es blanca y cristiana.

Volviendo a la inmigración “económica” que llega desde Marruecos y Libia, los Estados receptores – principalmente Italia y España – también tienen el deber de registrar sus identidades y efectuar su expulsión, cuidándose de que sigan camino hacia los países vecinos valiéndose de la libertad de circulación imperante en la zona Schengen. En teoría deberían expulsarles de vuelta a sus países pero es muy complicado. Por un lado, los inmigrantes no cooperan, destruyendo sus pasaportes e interponiendo todo tipo de recursos que, en un sistema garantista como afortunadamente es el nuestro, cuando menos dilatan el proceso considerablemente. Por otro, sus países de origen deben aceptarles porque meterles en un avión a su capital sin más garantiza que los manden de vuelta, sin que la compañía aérea pueda hacer nada más que aceptar su retorno. Por tanto es necesario incentivar su cooperación, lo cual requiere atención y dinero. Eso fue lo que hizo el gobierno de Zapatero durante la crisis de los cayucos de medidados de los 2000: abrir embajadas en los principales países africanos de origen, enviar oficiales de interior de enlace para asistir a sus respectivas policías e incrementar la ayuda al desarrollo para que sus gobiernos pudieran ofrecer una alternativa a la emigración. Funcionó: el flujo se secó.

Además, España mantiene una cooperación estrecha con Marruecos, que en gran medida se ocupa del trabajo más sucio: contener por las bravas a los que pese a todos los filtros han conseguido llegar sobreviviendo a los muchos peligros del trayecto. También cuesta dinero y conlleva pagar peajes políticos y diplomáticos pero la alternativa es mucho peor.

Italia hacía algo parecido con Libia pero la ausencia de gobierno por la guerra lo descontroló todo con las milicias asumiendo el tráfico de personas como un estupendo negocio. En los últimos meses, sin embargo, entre la Comisión Europea e Italia se está reconduciendo la situación y el flujo de migrantes se está secando. Por un lado, la presencia europea en Mali y Niger, particularmente en Agadez, que operaba como estación de repostaje antes de lanzarse al desierto, se ha incrementado sustancialmente. Por otro, se han destinado dos mil quinientos millones de euros adicionales a proyectos de cooperación. En paralelo, la Unión Europea ha formado a varios cientos de guarda costas libios, les ha dotado de embarcaciones y, muy importante, se están adecentando los centros de detención de los emigrantes a los que se detiene, cuyo retorno voluntario a sus países de origen se financia y es gestionado por la Agencia Internacional para la Migración de Naciones Unidas. El elemento que va más retrasado pero que también empieza a dar resultados, tan tangibles como discretos, son los acuerdos con los países de origen para que acepten la repatriación de sus nacionales expulsados. El resultado de todas estas intervenciones es que en el último año la llegada de refugidos e inmigrantes irregulares se ha reducido en más de un 90%.

Respecto a los refugiados, la única opción sensata es aprobar la mejora del Reglamento de Dublín, que se viene negociando desde hace meses en Bruselas y que pondría en práctica una serie de medidas que dificultarían sustancialmente los movimientos entre Estados Miembros de los demandantes de asilo cuyas demandas están siendo tramitadas y de los que ya tienen la condición de refuiado. Ahora bien, los Estados Miembros fronterizos no van a aceptar la reforma hasta que los demás no se comprometan a medidas para distribuir equitativamente el número de refugiados totales. Las medidas de obligado cumplimiento no han sido efectivas. Sin perjuicio de que se siga instando a su cumplimiento, convendría establecer una serie de incentivos para quienes cooperen (por ejemplo, financiación por parte de Bruselas de todo o gran parte del coste económico) y desincentivos (por ejemplo, algún tipo de vínculo entre la no cooperación y la reducción de los fondos estructurales).

Aunque sean casos distintos, dado que en la práctica la mayoría de los inmigrantes “económicos” irregulares que consiguen llegar a Europea acaban quedándose, lo lógico sería establecer también medidas para el reparto equitativo entre los Estados Miembros de todos aquellos a los que por una razón u otra no es posible repatriar. Cabría aplicar exáctamente los mismos incentivos y desincentivos que a la cooperación para la repatriación de refugados y demandantes de asilo.

No han ido en esta dirección los acuerdos del último Consejo Europeo celebrado bajo la presión de la histeria generada por las autoridades de Baviera, Austria e Italia en las últimas semanas. Al contrario, el énfasis se ha puesto en el establecimiento de centros de detención dentro de la UE y “plataformas de desembarco” en países del sur del Mediterráneo a los que se enviarían los inmigrantes rescatados del mar por los barcos de las dos misiones marítimas europeas que tratan de impedir que se ahoguen: Themis (policial) y Sophia (militar). El problema es que los centros de detención seguirán necesitando de la cooperación de los países de origen para que la detención de los inmigrantes irregulares no sea permanente. Y las plataformas de la aceptación de los países de la ribera sur del Mediterráneo para poder entrar en funcionamiento. Y salvo que destinemos un par de miles de millones de euros, será muy difícil que ninguno acepte.

Veremos. De momento las cifras cantan y el flujo migratorio hacia Europa se ha reducido significativamente pese a que el “trumpismo” del Ministro del Interior italiano de la xenófoba Lega (Salvini) lleve a las portadas dia si dia también un drama de un par de cientos de seres humanos atrapados en un barco sin destino autorizado.

Lo que se echa en falta es que en el fragor del debate, prácticamente nadie se ocupe de la cuestión central, que además contribuiría también a reducir la inmigración irregular: necesitamos arbitrar un cauce eficaz para la inmigración legal. Es lo más fácil de poner en práctica. Cabe una lotería, como la americana, o exámenes telemáticos para exigir conocimiento de alguna lengua europea y conocimientos académicos y/o profesionales mínimos, incluso valores “ilustrados”. Pero hay que ponerla en práctica. Si no, nuestro modelo socio-económico se va inevitablemente al garete. Y acabaremos siendo todos muy blancos, muy cristianos y muy europeos pero quebrados. Y después invadidos.