David Rodriguez Albert
El pasado miércoles 11 de febrero, los principales sindicatos docentes convocaron la que ha sido la mayor movilización educativa en Catalunya durante los últimos años. El hartazgo ante la situación del sistema educativo ha estallado con un seguimiento masivo de la huelga, cortes de carreteras y una gran manifestación en Barcelona, y se prevén nuevas protestas para la semana del 16 al 20 de marzo.
Los recortes antisociales realizados desde 2009, especialmente centrados en la época de Artur Mas y los sucesivos gobiernos del nacionalismo de derechas, han provocado una pérdida de poder adquisitivo del profesorado que se sitúa entre un 20 y un 25%. Pero estas protestas van más allá del tema de los salarios y recogen la insuficiente financiación del sistema educativo catalán, las elevadas ratios, la falta de atención a la diversidad y el exceso de cargas administrativas asignadas al profesorado.
La inversión pública educativa en Catalunya alcanza a duras penas el 4% del PIB, muy lejos del 6% que representa la media de los países de Europa Occidental. De hecho, Comisiones Obreras ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular para alcanzar progresivamente ese indicador del 6% y, de este modo, homologarnos a la situación de nuestro entorno socioeconómico más inmediato.
De este modo, no es extraño que la ratio de alumnos por aula se sitúe en la mayoría de aulas de la ESO alrededor de 29-30 alumnos, mientras que las estadísticas de la OCDE ofrecen unos datos para la Unión Europea que oscilan entre los 21 y 23 alumnos por aula. Esto sitúa a las aulas catalanas significativamente por encima de los estándares medios europeos, hecho que dificulta enormemente la atención pedagógica.
Pero uno de los aspectos que más ha impactado en el sistema educativo catalán durante los últimos años ha sido el sustancial aumento del alumnado con necesidades específicas de aprendizaje y apoyo, que se ha duplicado en sólo tres años, pasando del 18,6% en 2022 al 36,6% en 2025. El impacto de la pandemia y el incremento de las desigualdades económicas explican este fenómeno tan delicado, que nos lleva a afirmar que actualmente uno de cada tres alumnos requiere atención específica en Catalunya.
Desde mi punto de vista, este es el elemento que más ha tensionado a la comunidad educativa en estos últimos tiempos, ya que las exigencias en las aulas han incrementado de manera ostensible sin recursos suficientes para atender esta diversidad. Esto no solo está teniendo efectos visibles en los resultados educativos, sino en la fragilidad psicológica que está afectando a toda la comunidad educativa, de manera que ahora mismo la situación es prácticamente insostenible en algunos centros.
Por si fuera poco, la desafortunada legislación que se ha impuesto, tanto desde España como desde Catalunya, ha disparado los requerimientos burocráticos exigidos al profesorado. El rechazo de la comunidad docente es frontal, no solo ante el aumento de tareas no remuneradas que deben realizarse, sino ante el distanciamiento absoluto de la tecnocracia frente a la situación real de nuestras escuelas. En momentos de enorme complejidad, desde los gobiernos de España y de Catalunya se ha mirado hacia otro lado y se ha desviado la atención de los verdaderos problemas, acordando una hiperplanificación de tareas que alcanza el ridículo e impide el correcto desarrollo de las funciones pedagógicas.
Estos han sido los motivos de la participación mayoritaria del profesorado en las movilizaciones, que ha desbordado la previsión de los propios sindicatos convocantes. La situación actual es inaceptable, y así lo han reconocido las autoridades educativas que, en un primer momento, han lanzado una propuesta de una tímida subida salarial, sin entender que las reivindicaciones van mucho más allá. En efecto, la complicada situación del sistema educativo catalán no se solventa con medidas cosméticas y sistemáticamente graduales, sino con cambios estructurales y, en algunos casos, con políticas de choque que respondan a situaciones que realmente lo requieren.