Erika Fontalvo Galofre
A tan sólo una hora de Bogotá, en el municipio de Soacha, se encuentra Altos de Cazucá, hogar de decenas de miles de desplazados: hombres, mujeres y niños que viven en medio de una pobreza abrumadora, hacinados en casas de cartón y bolsas de basura, con un desempleo generalizado, sin posibilidad de educarse por la falta de escuelas y con enfermedades de todo tipo, entre ellas, desnutrición y trastornos sicológicos que difÃcilmente encuentran atención por la reducida presencia del Estado que carece de una polÃtica seria y sostenible para afrontar esta problemática. El drama que se vive a diario en Altos de Cazucá se repite en decenas de ciudades colombianas donde los desplazados no tienen garantizado el acceso a los derechos básicos como el trabajo, la educación y la salud. Tampoco cuentan con suficientes espacios de recreación, medios de transporte y muchas veces tienen restringidos sus derechos a la libre expresión, a la libertad de asociación y de conciencia. Por eso no es de extrañar que en muchas ocasiones ni siquiera se les garantice la vida. El conflicto, el terror, esa violencia maldita que los expulsó de sus lugares de origen los sigue acosando como una llaga que va extendiéndose por toda su piel hasta quedarse allà para siempre causando un daño irreversible. Y junto a esta dura y caótica realidad que socava las esperanzas de estos colombianos desplazados se encuentra otra verdad, tan dolorosa y cruel como el hambre, el frÃo y el miedo que padecen a diario: la indiferencia. Indiferencia de buena parte de un paÃs que desconoce, se niega a reconocer o que olvida muy rápido los rostros de la tragedia que lucen los compatriotas que, con enorme frustración y desconsuelo, tienen que dejar lo poco que tienen para no ser vÃctimas de la infamia. Frente a esa otra Colombia que los ignora e incluso los desprecia, los desplazados resisten aferrados como antorchas que se niegan a apagarse en medio de la oscuridad más profunda.