Lluís Camprubí
Vaya por delante que si de mi dependiese hubiese hecho el incremento del 1,4% al 2% que propone el Plan en dos años, y no en uno. En toda decisión política de este tipo que tiene un componente de incomodidad siempre está la discusión sobre si es mejor ejecutarla en una sola vez o por tramos en varias veces. Aunque la sabiduría popular concluyó que es “mejor ponerse una vez rojo que varias colorado” seguro que hay dichos en sentido contrario que desconozco. Sabiendo y asumiendo la necesidad del incremento (para atender unas necesidades y unos compromisos no cubiertos) mi preferencia hubiese sido hacerlo a través de varios incrementos en sucesivos años. Principalmente por aquello de la gradualidad y la posibilidad de seguir haciendo pedagogía en la sociedad, y también porque haberlo realizado como se ha hecho, genera mayor dificultad de mantener el 2% en sucesivos años (2026,…) . No tengo una respuesta clara sobre cómo consolidar algo hecho como extraordinario y puntual en unos futuros presupuestos (que a la vez parecen difíciles de aprobar). Puede ser (y es razonable) que se haya optado por el “partido a partido” o el “cuándo lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente” en un contexto tan incierto.
Fruto de estas dudas, he intentado listar algunas consideraciones sobre el Plan para intentar entender su aceleración:
1. Aunque el ensamblaje del Plan parece hecho con urgencia, las necesidades y prioridades que asume no son improvisadas y responden a análisis hechos hace tiempo. Las amenazas y riesgos son diversos y explícitos. Esto es compatible con ir actualizando algunas necesidades en el futuro próximo.
2. El desglose por partidas y componentes incluye todos los aspectos que se han señalado como prioritarios en clave estrictamente estatal: convencional, amenazas híbridas/ciber y protección civil/dual. En armamentos/munición se tienen muchas necesidades y nuevos retos que hay que cubrir.
3. “Para salarios sí, para armamento no” no se puede sostener como criterio político (aunque sea comprensible en clave sindical). Las necesidades son en ambas dimensiones.
4. El 2026 es un año electoral. Lo que implica distorsión en todos los sentidos si se arrastra la discusión. Es legítimo y correcto no querer convertir esta cuestión en una de las centrales en el inicio del próximo ciclo electoral.
5. Las presiones de los actores con quién tenemos (OTAN) mancomunada / queremos (UE) mancomunar nuestra defensa son legítimas (aunque incómodas), no se pueden ignorar y hay que integrarlas como un factor más (no el único) en las decisiones.
6. Los otros países europeos con gastos sensiblemente más bajos al 2% (Italia y Bélgica) han anunciado incrementos significativos para este año. Convertirse en el outlier/rezagado implica quedarse fuera de las discusiones estratégicas.
7. Aunque este Plan atiende necesidades en clave estatal principalmente, es condición necesaria hacer el salto en gasto/inversión para poder negociar un enfoque comunitarizado europeo de la defensa.
8. Los porcentajes que están lanzando al debate voces relevantes en el ámbito son de máximos y no son nuestros números, pero hay que atender la llamada y compromiso a la armonización del gasto (aunque no sea el principal factor para asegurar la disuasión europea).
9. La necesaria comunitarización del Rearm Plan/Defence Readiness 2030 tiene unos tiempos más lentos que las preparaciones estatales (algunas de ellas potencialmente integrables a lo comunitario). Consolidar el “buy Europe” en el Plan es relevante.
10. No está asegurado que el Rearm/Readiness 2030 acabe pasando de lo intergubernamental a la integración comunitaria europea. Dependerá de la acción política. Sin embargo, haber resuelto los retos en clave estatal puede ayudar al salto comunitario.