Arthur Mulligan

En el corazón urgente de los españoles preocupa más, mucho más, la organización de las vacaciones de verano que el destino de las tramas corruptas infiltradas en torno al Gobierno y su Presidente. No hay que dejar cabos sueltos en la pequeña logística de andar por casa que puedan malograr ese deseo de tiempo muerto liberador con el que poder llegar a ocupar una buena plaza acorde a sus gustos y posibilidades y sentirse extranjero en su tierra, paladeando los placeres de la vida que pasa y elevándose de preferencia con sus conversaciones privadas sobre los ecos de las disonancias – vulgares en su tosquedad – de una clase política agotada en la ciénaga.

Imposible conservar en el viaje la memoria de Podemos – ¿recuerdan? – ese rabioso ejemplo de sectarismo negativo y hostil, hoy periclitado tras el mostrador de una tasca barojiana mal administrada, que nunca pudo tomar el cielo como quien se toma una cerveza, pero sí atraer con sus discursos populistas a un PSOE en horas bajas aunque sensible a la ambición intelectual impostada de un visionario celeste como José Luís Rodríguez Zapatero.

Fue entonces cuando apareció el soniquete republicano frente a la real polítik de la Constitución de 1978 con sus artículos repletos de sentido de Estado como la posibilidad de planificación de la actividad económica y la subordinación de la riqueza, en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad, al interés general; un republicanismo de pandereta, acartonado, en donde la diversidad sustituye con su fragmentación a la igualdad universal de la ciudadanía.

Hoy, los socialistas de Sánchez han aceptado acríticamente la supresión de los instrumentos de participación política para convertirse en plataformas puramente electorales, diseñadas a imagen y semejanza del líder, sin ningún nivel intermedio de control o fiscalización, sustituyendo la deliberación por una interlocución directa del líder con las supuestas bases. Las primarias se han convertido en el trampantojo característico del populismo: lejos de aumentar la democracia interna de los partidos, han promocionado el cesarismo y la eliminación de contrapesos internos. De hecho, puede ocurrir – si no hay cambios en un futuro mediato – que el gran partido socialdemócrata que fue termine sus días como el PASOK, el PSI o el PSF.

Pablo Iglesias ya lo ha conseguido con los suyos, pero al ser portador de la variante más tóxica del populismo izquierdista, ha infestado el bloque socialista y sus mutaciones locales con restos de su ADN. Sánchez, por su parte, al carecer de un corpus doctrinal, es inmune a todo menos a perder parcelas de poder por acción u omisión. Las encuestas publicadas señalan desafección en parte de un electorado que espera acontecimientos para decantar su voto.  

Es desalentador que la inminente aprobación de la constitucionalidad de una Ley inspirada por el mismo que juzgará su constitucionalidad preceda a un tiempo de descanso.

Dicen Manuel Aragón, Enrique Gimbernat y Agustín Ruiz Robledo:

«La notoria mayoría que en el mundo del Derecho español ha alcanzado esta tesis (la de la inconstitucionalidad de cualquier ley de amnistía) siendo un indicio a tener en cuenta, no es, sin embargo, una prueba de su corrección. Una solución jurídica no es correcta sólo por el número de sus seguidores, sino por el rigor de las razones que la sostengan. A nuestro juicio, las razones que avalan la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Amnistía son más rigurosas que las que sostienen, como hace la ponencia filtrada, su constitucionalidad.»

«La idea de que el legislador puede hacerlo todo menos lo prohibido por la Constitución hay que tratarla con seriedad y no con frivolidad. Por ello es necesario tener en cuenta en primer lugar que esa idea está al servicio del pluralismo político, pero sin olvidar que el pluralismo no avala la producción de leyes contrarias a las previsiones constitucionales, como es obvio»

«La atribución en exclusiva al poder judicial de la función jurisdiccional (lo que comprende, en el árbitro penal, la constatación de la producción de delitos previstos en el código penal y la atribución de las penas correspondientes) implica la prohibición de que esa función material pueda ser desempeñada por el legislador. El legislador puede derogar delitos. Pero mientras subsistan en el código penal, solo el poder judicial puede juzgarlos. Como muy bien dice el artículo 11 7.3 CE “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales”»

A mí estos razonamientos me parecen de superior calidad a los que contiene el proyecto de sentencia, no obstante, me voy a visitar paisajes en uno de cuyos templos descansa el Doncel de Sigüenza, esculpido en alabastro policromado y le susurraré al oído el nombre del traidor.

Estos días aciagos traen disputas en las redes normalmente inspiradas en la mala conciencia sobre las corruptelas pretéritas de la oposición que algunos condenamos en su día y que pagaron su precio político personal y en su representación. Una reproducción de las espantosas sesiones de control a la oposición. Cierto que aún no hay sentencias en las últimas, pero con solo lo pasado cabe decir sin lugar a dudas que el montante económico de las tramas de corrupción vinculadas al PSOE, especialmente por el caso ERE, es objetivamente mayor que el de Gürtel o las recientes tramas socialistas investigadas, sin entrar en valoraciones sobre la gravedad penal o el reproche ético de los hechos.

Entre 2000 y 2020, el PP concentra el 40,5% de los procedimientos por corrupción, mientras que el PSOE el 38,3%. Ambos partidos suman el 75,8% de los casos de corrupción política en España. La cuestión diferencial está en que ahora toca el turno socialista y debe pasar por caja hasta que de una vez por todas se decidan a tomar medidas de control mediante garantías en la mesa de contratación de obras y servicios.

Acabo de ver el espectáculo de Sánchez y su traca final en la cumbre de la OTAN, la grosería del encaramiento, sus malos modales y las mentiras que acompañan a sus gestos.

Sánchez ha fracasado. Su gobierno pretendía terminar con la corrupción y sus dos secretarios de organización la extendieron. Esto por sí mismo es suficiente y justifica una dimisión. No tiene presupuestos y los escándalos se le acumulan. Cada semana un sobresalto. Aislado en el exterior, aborrecido en el interior. Su partido en cuarentena.  

Y como en el bolero, sin rumbo y en el lodo.

Senyor G

Cerdán y Ábalos. Y Koldo

Algo dijo ya Ábalos en su momento de que Koldo se lo había puesto Cerdán cuando le pillaron a él. En los grupos que comento con criterio político, andamos desorientados. La primera y segura impresión es saber que esto pone muy complicado la continuidad del gobierno, y que la alternativa de hecho no será un gobierno más a la izquierda, sino uno PP-VOX urnas mediante. La solución no parece que vaya a apostar fuerte por lucha contra la corrupción, medidas legales y económicas mediante, ni la profundización democrática, y por tanto económica. No, será otra cosa, y no la modesta senda iniciada.

En algún momento la siguiente idea que parecía venirnos es que confiásemos en Pedro Sánchez. Nuestro Aníbal siempre tiene un plan, y siempre está contento de que le salga bien. Pero no, la solución pensándolo bien no puede ni debe ser esa.

Lo mejor es la propuesta por parte del PSOE de un nuevo candidato y programa, votos mediante en el Congreso. Si sale porque nos hemos puesto de acuerdo, bien, y si no a recuperar la confianza en septiembre de la ciudadanía. El apoyo del pueblo. Porque con lo que hagan las fuerzas de dentro del gobierno y las que lo apoyan, le estamos hablando al pueblo, el que debe quitar y poner gobiernos; hacia los que las izquierdas debemos orientar nuestras propuestas y acciones políticas.

Israel, Irán y el atlantismo

La Israel colonial, racista y fascista sigue con bula y con su bomba nuclear que todo el mundo da por hecho. El atlantismo de EE.UU. y la Unión Euroblablá siguen con la lucha por los derechos humanos sólo contra nuestros enemigos, o no amigos. Esos que no nos dan accesos a sus recursos o chocan contra nuestros intereses económicos.

Los atlantistas algo tendrán que decir, también de los amigos que se saltan el derecho internacional, matan, torturan e invaden. Espero que no lo estén haciendo usando suelo español. El paso del absolutismo al liberalismo, nos decían en la EGB, que era que las leyes también afectaban al soberano y que tendíamos a ir siendo todos el soberano. A nivel internacional seguimos con la misma política de absolutismo, o como mínimo de señoritos por encima de la ley. Haz lo que te digo, no lo que yo hago.

Lo que puede explicar mucho de todo esto es leer la biografía de Mohammad Mosaddeq, ya sea en la misma Wikipedia o en la Britannica. En los 50, siendo presidente del gobierno persa, decide poner sobre la mesa los intereses de su pueblo, así que entre otras cosas nacionaliza el petróleo en manos inglesas. No había sido el liberalismo, había sido el colonialismo amigos. Y ahí los servicios secretos del Reino Unido y Estados Unidos organizaron un golpe de estado para sacarlo del poder y que los democráticos y liberales intereses de ambos por el petróleo triunfasen.

No lo asesinaron esta vez. Pero el esquema de guion ha sido el mismo muchas veces, cada vez que un dirigente del sur ha pensado en su pueblo las democracias atlantistas han ejecutado el mismo plan. Siempre.

Atlantismo dice 5. Por el culo te la hinco.

Pero en vez de eso, parece que estamos en el “5% de entrada NO”. Y aquella decisión que se tomó por referéndum de entrar en la OTAN con unas condiciones que se han ido haciendo laxas, no ha sido rectificada como tocaría por otro referéndum sino por los que son más listos que nosotros mientras nos gritan lo que es democracia, soberanía y el concepto “nuestros intereses”.

Progresismo

Mi primera afiliación adulta fue a la Associació d’Estudiants Progressistes. En algún momento pensé que lo de progresismo hacía parecer más moderados y pasables a las izquierdas que veníamos de la tercera por así decirlo y más radicales a los que venían de la segunda. Incluso alguno de la primera se podía acercar. ¿En que habrá acabado el concepto cuando mi yo más chafardero llega a una noticia del suplemento de moda de El País dónde hablando de Alex Soros (por entonces disoluto heredero) que con su pareja “oficializaron su compromiso con un anillo valorado en 1,3 millones de dólares” y se refiere luego a él como al que “ha seguido la estela progresista del apellido”?

Un anillo valorado en 1,3 millones de dólares. No sé si lo de seguir la estela progresista, quiere decir que el chaval es progresista o es una ironía o sarcasmo del periodista.

Izquierda (organizada)

Y con todo lo que está cayendo, lo que más me duele es que al final estamos hablando de que debe hacer el PSOE. No de lo que debemos hacer las izquierdas, a mí de Izquierda Unida en Cataluña se me complica el dónde discutir y debatir. Que sí SUMAR, que si Barcelona en Comú, que si Comuns. Pero sí que veo que me faltan espacios a nivel práctico para debatir, pensar y tomar acciones. Un rato y echo un ojo a últimos correos de mis tres direcciones. 

También puedo ser yo el problema

Y pensando si debo salir de la clandestinidad que da un seudónimo y firmar con mi nombre o seguir como hasta ahora. Los tiempos requieren empezar a salir otra vez como cuando era más joven y evangelista, pero no sé si mi paciencia y ganas de normalidad lo aguantarían.

Leyendo conversaciones de Marcelino y Josefina

Cuando a Marcelino lo detienen por pertenencia a CC.OO. no estaba mal en la Perkins, era el jefe del taller y persona formada para la época. Y otras reflexiones de ambos sobre la escuela a que llevar a sus hijos.

Carlos Hidalgo

En las dos últimas semanas el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado poner policías y guardias civiles en el aeropuerto de Gibraltar y ha plantado cara a Donald Trump, negándose a aumentar el presupuesto de defensa a un 5% y logrando para ello un acuerdo en el que la OTAN le concede a España la flexibilidad necesaria para lograr sus objetivos de defensa. Aparte de los excelentes datos de crecimiento de la economía española, así como de empleo, que dejaban el acceso a la vivienda como asignatura pendiente.

Sin embargo, en las dos últimas semanas el PSOE se ha estrellado contra las últimas averiguaciones de la Guardia Civil, que ha terminado concluyendo que el cerebro y responsable último de las cutres corruptelas que al principio atribuían a Koldo García y luego a José Luis Ábalos, eran cosa de Santos Cerdán, el hombre que en principio era el discreto y eficiente funcionario de partido que protegía a Sánchez de los corruptos y que entregó las cabezas de Koldo y Ábalos en cuanto hubo indicios de corrupción. El hombre que había asumido las riendas del partido para que Sánchez solo se preocupara del gobierno.

Y resulta que no, que el sheriff era el jefe de la banda. Y que Cerdán usaba su poder en el partido para trasladar al gobierno una trama de corrupción que llevaba usando años con éxito en Navarra.

Cuando los excesos en el modo de vida de Ábalos y la avaricia creciente de Koldo hicieron la situación insostenible, Cerdán les liquidó con la misma falta de miramientos que usó con quienes alertaron previamente de que algo raro pasaba con ellos dos.

Creo sinceramente que Sánchez no se esperaba este golpe, de la misma manera que muchos otros compañeros de Cerdán. Pero me da que cuando se siga tirando de este hilo van a salir más sorpresas desagradables, ya sea por gente que se ha quemado por la mera proximidad con estos tres, o por gente que era cómplice y que aún desconocemos.

Entiendo que Pedro Sánchez se rebele ante la evidencia de que este caso de corrupción condicione su acción de gobierno. Y que sienta como injusto que tenga que responder por algo por lo que personalmente no se siente culpable porque ha ocurrido a sus espaldas. Pero el caso es que Pedro Sánchez es, además de Presidente del Gobierno, es Secretario General del PSOE. Y también es la persona que nombró a Cerdán y a Ábalos.

Una vez pasado el shock, Sánchez tendrá que decidir qué es lo que va a hacer. Hoy por hoy y diga lo que diga cierta prensa, nadie puede moverle de la secretaria general y nadie se plantea sacarle del puesto a la fuerza, porque los estatutos del partido no permiten hacerlo. Así que, una vez Sánchez acabe con su agenda gubernamental, veremos qué nos tiene reservado para el partido.

Alfons Salmerón

La legislatura entra en una nueva fase, tal vez definitiva. La revelación del informe de la UCO ha dejado herido de muerte al ejecutivo. Hemos visto a Pedro Sánchez salirse de muchas pero esta vez parece inimaginable que pueda hacerlo de nuevo. Es muy difícil creer que no estuviera al corriente de las corruptelas de dos de sus hombres de máxima confianza, los dos últimos responsables de organización del partido, aquellos que le ayudaron a acceder al liderazgo del mismo, enfrentándose a sus élites para ganar posteriormente las elecciones generales.

De la sagacidad y la tenacidad del presidente se ha escrito mucho, escribió incluso un libro titulado Manual de resistencia que ayudó a forjar su imagen de político de una ambición y una determinación inigualables. En esta legislatura ha tenido que enfrentarse a una verdadera operación de acoso y derribo por parte de una oposición que nunca le ha dado tregua, para la que ha contado con la complicidad de ciertos resortes de los poderes fácticos del Estado profundo. Hasta la semana pasada, su credibilidad parecía intacta. Sánchez ha sabido salir airoso de la pandemia, de la crisis energética, del volcán, de la Dana, del indulto y de la amnistía a los líderes del procés independentista, pasando por la investigación de su esposa y el procesamiento de su hermano Mientras tanto, asistía al desgañitamiento de la feroz oposición y el desplome de sus principales socios de mayoría parlamentaria y de gobierno.

Nada parecía manchar su imagen, su aplomo y su determinación. Manual de resistencia puede sonar a un título pretencioso, pero le venía al pelo. Sánchez ha sido (y todavía lo es) un buen presidente del Gobierno, ahí están los datos macroeconomicos que sitúan a España a la cabeza de los países de la zona euro. Ha sabido maniobrar con inteligencia para superar la crisis política con Catalunya, ha impulsado políticas de progreso, sacando adelante Leyes y presupuestos generales gracias a su capacidad para el acuerdo y, lo que es aún más difícil, lo ha conseguido hacer manteniendo una notable estabilidad de su gobierno de coalición.

Pedro Sánchez parecía poder aguantarlo todo, en la última década hemos visto como se han volatizado liderazgos carismáticos que parecían muy sólidos, desde Pablo Iglesias a Carles Puigdemont, pasando por Yolanda Díaz, por no hablar de un tal Pablo Casado o Albert Rivera, que parecen ahora personajes del siglo pasado. Sin embargo, los hechos que conocimos la semana pasada son un obús a su credibilidad. A la credibilidad que había construido un relato sólido de liderazgo, determinación y buen gobierno. El gobierno está muy tocado, Pedro está hundido.

El informe de la UCO con la grabación de las sórdidas conversaciones de tres personajes que parecen sacados de la saga de Torrente, impugnan el relato de este gobierno. Sus prácticas de corrupción, chantaje y prostitución, son una enmienda a la totalidad a las políticas y los valores de la moción de censura contra Rajoy que hicieron posible el gobierno de coalición.

Por todo ello, su comparecencia pública del jueves pasado, y en la sesión de control de ayer se me antojan del todo insuficientes. Tengo alguna duda de que el gobierno pueda agotar la legislatura pero tengo la certeza de que Pedro Sánchez es desde el jueves pasado un cadáver político. Un cadáver politico que en estos momentos, y por primera vez desde que es presidente, ya no controla los tiempos.

El único que controla los tiempos es quien ha decidido filtrar sus grabaciones. Sánchez está en manos de Koldo. Su error, amén de que se puedan revelarse más adelante otras informaciones más comprometidas con su persona, fue ponerse en manos de tres personajes como Ábalos, Cerdán y Koldo para ganar las primarias. Cobra fuerza en ese sentido, la acusación que siempre le hicieron sus adversarios furibundos cuando afirmaban que el presidente es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Cambiar de opinión sobre sus preferencias de gobierno, sobre el indulto o la amnistía, por ejemplo.

El único tiempo que gobierna ya Pedro Sánchez es el de elegir el momento y la forma de su adiós. Para la regeneración de su partido y para intentar salvar al gobierno, debe dar un paso atrás y asumir sus responsabilidades. Dimitir como secretario general del PSOE, y como presidente del Gobierno. Por acción o por omisión es el máximo responsable de lo ocurrido. Si no lo hace, quienes hasta ahora hemos comprado su relato, incluso aquellos que nunca le votamos, estaremos más cerca de tener que aceptar a regañadientes la tesis de sus adversarios. Ojalá no nos defraude en su último acto de servicio impulsando cambios legislativos contra la corrupción y acabando con la figura del aforamiento para sus señorías. Por cierto, no somos pocos los que estamos deseosos de saber qué opina de esto José Luis Rodríguez Zapatero, no es descabellado pensar que, de existir salida para el PSOE en este atolladero, ésta pase por los movimientos que ZP esté dispuesto a hacer.

Juanjo Cáceres

Todos los veteranos del lugar recuerdan al dóberman. El dóberman no es un perro, sino un sujeto cuya función consiste en desviar la atención. Apareció con motivo de la campaña de las elecciones generales de 1996, cuando envuelto en una marisma pestilente de corrupción y terrorismo de estado, el PSOE veía inevitable la caída de Felipe González como presidente del gobierno. El comité electoral correspondiente, al frente del cual andaba Cipriá Ciscar, propuso la figura del dóberman como recurso principal de la campaña «España en positivo» y fue así como se fabricó un spot que sugería que el gobierno del PP representaba la “España en negativo” y poco menos que un retorno al Franquismo: “La derecha no cree en este país, mira hacia atrás y se opone al progreso”. ¿Lo recuerdan?

Pues bien, este 2025 el dóberman ha reaparecido y con él la campaña de «España en positivo»: gracias al PSOE, España es poco menos que un paraíso, por mucho que la oposición se empeñe en lo contrario. Y no surge por casualidad, sino, precisamente, con motivo de la pillada con las manos en la masa de los personajes que han llevado las riendas de ese mismo partido durante los últimos años. Pero la función del dóberman ya no es proteger a Felipe González, sino a una de las personas detestadas por este: Pedro Sánchez.

Felipe y Pedro, Pedro y Felipe, dos personajes que pese a sus desavenencias se parecen como dos gotas de agua. Ambos han ejercido un poder interno incomparable con el de cualquier otro secretario general. Ambos han visto a sus más cercanos colaboradores cometer gravísimos delitos en el ejercicio de sus responsabilidades en el gobierno de España. Y ambos han rehusado o rehúsan asumir ningún tipo de responsabilidad política por hechos delictivos sobradamente conocidos.

Los que sí que han cambiado, en cambio, son sus rivales. Si Felipe tuvo que enfrentarse a la metafórica pinza de Aznar y Anguita, hoy Pedro Sánchez disfruta del calor que le ofrecen casi todos sus socios de investidura. «Si la cosa se queda aquí, nosotros aguantamos, Pedro. Estamos seguros de que no es culpa tuya y no olvidamos todas tus obras». ¿Pero no lo es?

Durante todos estos días de crisis en Ferraz, el PSOE ha fiado su suerte a dos armas: el victimismo y la alerta antifascista. Pero ni una ni la otra son armas defensivas suficientes, salvo que se cumpla la condición de que los socios estén dispuestos a creerse lo que salga de la boca de Pedro. En un escenario menos polarizado, cualquier partido no gubernamental hubiera dicho y exigido de todo, pero en el mundo de los apoyos cruzados, de las promesas pendientes y los gobiernos de coalición, se da por buena cualquier explicación que permita salir del paso. La Sexta lo expresaba el pasado lunes de forma muy elocuente en el siguiente titular: «Los socios tragan. Mucho lerele y poco larala«.

Porque lo cierto es que Pedro Sánchez es un pilar que va mucho más allá de su partido. Sostiene sobre sus hombros la existencia de Sumar -partido cuya existencia práctica durará lo que duren sus responsabilidades de gobierno-, los equilibrios necesarios con los partidos catalanes para hacer posible el gobierno de Illa, la agenda política de diversos partidos de arraigo territorial (particularmente vascos y valencianos) y un largo etcétera. Así pues, si Pedro cae, todos caen con él, lo que convierte en una decisión viciada de forma y de fondo la incuestionabilidad de Pedro Sánchez como presidente.

Pero en este blog de debate, ajeno a los focos de los medios y los parlamentos, nos hemos de poder decir la verdad. Y la verdad es que, ante los hechos conocidos, la presidencia de Pedro Sánchez debería de haber llegado a su fin estos últimos días, en un ejercicio de responsabilidad política. Más aun cuando su partido no cuenta con mayoría absoluta para gobernar y cuando depende nada menos que de siete partidos que le dan apoyo. Pero el caso es que todos se agarran al “McGuffin” del dóberman: “¡Qué irresponsabilidad sería renunciar al gobierno para que se hagan con él las derechas extremas!”. Lo que pasa es que este argumento es profundamente falaz.

Del mismo modo que ha quedado claro que Pedro no es un escudo infranqueable ante la corrupción -lo cual, no lo olvidemos, fue su lema de legitimación para convertirse en presidente-, tampoco lo es ante la llegada de la derecha y la extrema derecha al gobierno central. Al contrario, hoy en día, gracias a Ábalos y a Cerdán, es su mejor baza: la que hace verídicas e incuestionables acusaciones que hasta hace poco carecían de asidero alguno.

El problema, como ya vimos también en Estados Unidos con el caso Biden, es que nadie tiene un plan. Los partidos de izquierda occidentales en general y los españoles en particular siguen instalados en el “qui any passa, any empeny” y en la esperanza de poder disputar las batallas decisivas en contextos mejores para ellos. Pero entretanto se desgastan, se desangran, decaen, sucumben ante la extensión de los valores ultraliberales y derechistas y ven como su electorado tradicional muere y no hay relevos generacionales. Su impasividad ante los hechos de la última semana refleja una profunda crisis de proyecto, un miedo absoluto a la extrema derecha y una falta absoluta de energía para hacerle frente socialmente.

Si el problema era el contexto electoral adverso o la necesidad de completar los objetivos de la legislatura, unos partidos menos cobardes y menos calculadores hubieran propiciado un relevo al frente de la presidencia del gobierno y habrían seguido hasta el tramo final de la misma. Puede que ello hubiera propiciado un gobierno débil -aunque en realidad la fortaleza o debilidad se demuestra andando- pero se asumirían las responsabilidades políticas con toda la dimensión necesaria, se acreditarían las voluntades regeneradoras y se demostraría que, por una vez, las cosas se hacen de forma diferente.

Pero no es eso lo que ha sucedido. Así las cosas, el final del pedrismo solo puede producirse de la misma manera que el del felipismo. Salvado el gobierno en 1993 con el apoyo de Pujol, la remontada en el 1996 era ya imposible hasta con el dóberman. Salvado el gobierno en 2023 con el apoyo de un surtido variado de socios, la remontada en 2026 -fecha de elecciones mucho más probable que 2027- será imposible.

Carlos Hidalgo

Con el escándalo de descubrir que Santos Cerdán no era el socialista fiel que denunció y entregó a los corruptos José Luis Ábalos y Koldo García, sino que en realidad era él el cerebro, se han lanzado muchos medios a intentar descubrir a ese otro PSOE, el PSOE de la resistencia, que vive clandestinamente en el sanchismo y que se prepara para enmendar años de entuertos. Un PSOE, dicen, que sí que era un partido que merecía la pena, el partido de los intelectuales y políticos-filósofos como Madina, el de los hombres de Estado, como Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, el de los sensatos, como Page y Lambán. Un PSOE, afirman, que estaría haciendo movimientos lentos pero seguros en estos momentos. Un PSOE, en definitiva, que no existe. O que sí que existe, pero que no es el que ellos describen.

El tan añorado (por la prensa y por los partidos de derechas) PSOE de Felipe fue perseguido implacablemente para derribar a un presidente del Gobierno que era reelegido elección tras elección. Se le acusó de corrupción, de terrorismo de Estado, se usó a ETA como arma política y, aun así, casi no consiguieron acabar con él. Hizo falta una alianza del PP, de medios de comunicación y de grandes bancos y empresas para derrotarle. Una alianza que, según uno de sus miembros, Luis María Anson, tensó en exceso las costuras del Estado y de la democracia.

El PSOE de Rubalcaba era atacado inmisericordemente, acusado de usar todo el aparato del Estado con fines políticos. Detrás de cada caso de corrupción que implicaba al PP se veían las manos de Rubalcaba, controlándolo todo. Hasta el eterno diputado del PP, Rafael Hernando, se lanzó a agredirle en los pasillos del Congreso, haciéndole responsable de los incendios que asolaban a Castilla-La Mancha en ese verano. Rubalcaba nunca le pareció bien a quienes le reivindican desde que murió.

Con Eduardo Madina se han hecho infinitas rechiflas y bromas crueles. Y, abreviando, se le llegó a acusar de ser cómplice de los mismos terroristas que le intentaron matar. A esos extremos se llegó. Y ahora se le añora. Excepto si, por lo que sea, vuelve a estar en activo, que se le volverá a arrastrar por el barro.

Page y Lambán han tenido que aguantar toda clase de vilezas y calumnias, no por parte de Pedro Sánchez, sino del PP que les hacía oposición. Lambán ya no gobierna, pero escuchar las cosas que salen de la boca de Paco Núñez, el líder del PP castellano-manchego da simplemente vergüenza.

El caso es que no existe “otro PSOE” porque esas personas siguen siendo militantes del PSOE, con voz y con voto. Y no existe un “PSOE bueno” y un “PSOE malo”, porque el que se defiende como bueno era pintado como el mismo diablo, sin que hoy se haya retractado nadie de sus palabras. Y el “PSOE malo” ha lidiado con una crisis tras otra haciendo que España saliera mejor de ellas e, incluso, mejorando nuestra posición dentro de la Unión Europea y del mundo.

Pero siguen apareciendo artículos que hablan en nombre de ese “PSOE bueno” y que tienen, para el ojo entrenado, bastante poca credibilidad. Artículos llenos de referencias a testimonios anónimos que, por lo general, son filtraciones interesadas de personas que han caído en la irrelevancia y que ahora tratan de volver a la primera línea. Y ninguna de esas personas son los mencionados por su nombre en esta entrada.

¿Habrá un PSOE post Pedro Sánchez? Pues seguramente. Pero cuando el partido de ese paso estoy seguro al 100% que no le parecerá bueno a quienes hoy lo piden con tanto drama.

Mejor harían en pedir una “derecha buena” que no buscara alianzas con la extrema derecha y que no se mirase en el programa de desmontaje de la democracia de Trump, Orban y Meloni.

Arthur Mulligan

Llegaremos en breves días a la consumación de un propósito político revestido de legalidad (incuestionable desde el punto de vista formal): la deliberación y aprobación en su caso de la validez de la Ley de Amnistía por la que se mantiene o desaparece el reproche penal de aquellos responsables políticos que decidieron usurpar poderes que no les pertenecían para llevar a cabo un proceso independentista en Cataluña y cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, siendo los principales:

Malversación de caudales públicos: Especialmente cuando los fondos se destinaron a la organización y promoción de las consultas y referéndum independentistas, como el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017.

Usurpación de funciones públicas: Por la organización y celebración de actos institucionales sin competencia legal, como la declaración unilateral de independencia.

Desobediencia: Por no acatar resoluciones judiciales que prohibían la celebración de los referéndums o la ejecución de actos relacionados con el procés.

Prevaricación: Dictar resoluciones arbitrarias en el ejercicio de cargos públicos en el contexto del procés.

Desórdenes públicos: Relacionados con las protestas y disturbios tras sentencias judiciales o durante movilizaciones independentistas.

Pertenencia a grupo criminal y tenencia de artefactos explosivos: En el caso de algunos activistas implicados en protestas o acciones organizadas.

Atentado contra la autoridad y lesiones: Por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante las protestas.

Delitos contra la seguridad vial y contra la integridad moral: En el marco de movilizaciones relacionadas con el procés.

Terrorismo de baja intensidad: Solo en casos en los que no hubo intención directa de causar violaciones graves de derechos humanos, como muertes o torturas graves.

Entre los beneficiarios se encuentran políticos (como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont), funcionarios, alcaldes, concejales, activistas y miembros de cuerpos policiales implicados en actuaciones durante el procés o en la represión de las protestas.

Los ciudadanos de todo el territorio en el que la Constitución de 1978 es la norma fundamental y suprema del Estado Español, aquella que organiza y distribuye el poder, reconoce y garantiza derechos y libertades, define los valores y principios básicos, legitima el poder y establece mecanismos de control y protección, pudieron ver y escuchar como la estabilidad de las reglas que fueron sancionadas por el cuerpo electoral el 6 de diciembre de 1978 por el 87,87% de los votos emitidos, fueron modificadas o anuladas sin respetar los procedimientos que la propia Constitución determina para garantizar su continuidad en paz y libertad.

El Tribunal Constitucional no es un órgano de orientación política directa, como el Gobierno o el Parlamento, pero la naturaleza del Derecho constitucional y la función de control de constitucionalidad hacen que sus decisiones tengan una dimensión política mayor que la de los tribunales ordinarios. Su legitimidad y autoridad dependen, en parte, de su capacidad para mantenerse independiente y no convertirse en un actor político más, aunque su función implique inevitablemente decisiones de gran trascendencia política.

Las garantías para que la Constitución no se degrade al nivel de una ley ordinaria residen en:

La rigidez de los procedimientos de reforma

El control del Tribunal Constitucional

La posibilidad de intervención popular mediante referéndum

La exigencia de consensos muy amplios

En teoría, ni un nuevo gobierno, ni una mayoría parlamentaria simple, ni siquiera una mayoría cualificada pueden, por sí solos, modificar la naturaleza de la Constitución o el sentido de sus reformas, sin respetar los procedimientos y controles previstos. El papel del TC es relevante, pero no omnipotente: está sometido a la ley y al control democrático, y sus decisiones pueden ser objeto de revisión en el marco de la legalidad nacional y europea.

Sin embargo, mediante la apariencia de la rigidez normativa indisponible,

el TC anuló sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla al considerar que habían vulnerado el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) y la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Argumentó que la aprobación de proyectos de ley por el Parlamento andaluz no podía equipararse a actos delictivos, reinterpretando así los límites de la responsabilidad penal de cargos públicos. El TC sostuvo que los actos legislativos (como proyectos de ley) están fuera del alcance del control penal directo, reservando su fiscalización al proceso de constitucionalidad.

Esto implicó un desplazamiento de la jurisdicción ordinaria hacia el TC en la evaluación de conductas políticas, alterando el equilibrio entre poderes. Las sentencias se aprobaron con 7 votos a favor y 4 en contra, reflejando una división ideológica en el tribunal. Los votos particulares criticaron que la mayoría progresista priorizó una visión expansiva del ámbito político sobre el judicial. Según el art. 5.1 de la LOTC, sus resoluciones obligan a todos los poderes públicos, incluidos los tribunales ordinarios. Esto permite al TC reorientar la interpretación de leyes sin modificarlas formalmente.

El TC no se limitó a anular condenas, sino que redefinió qué conductas son penalmente relevantes, excluyendo actos vinculados a procesos legislativos. La Audiencia Provincial de Sevilla planteó una cuestión prejudicial al TJUE, cuestionando si la interpretación del TC vulneraba directivas anticorrupción de la UE. Esto evidencia tensiones entre el ordenamiento español y el europeo. Magistrados del TC y del Supremo alertaron que estas sentencias sitúan a los gobernantes “por encima de la ley”, vaciando de contenido el control penal sobre la actividad política. La designación de sus miembros por mayorías parlamentarias permite que cambios en el equilibrio político alteren su composición y criterios interpretativos.

Al redefinir los límites de la responsabilidad penal sin reforma constitucional expresa, se crea un precedente para eludir garantías procesales en casos de corrupción. Este fenómeno, aunque legal, plantea desafíos democráticos al permitir que minorías cualificadas reinterpreten la Constitución al margen de procesos deliberativos amplios.

La Constitución no regula explícitamente la amnistía, pero el Tribunal Constitucional ha admitido su uso en casos excepcionales vinculados a “superación de conflictos políticos”, siempre que respete los principios constitucionales

1. Fundamento jurídico de la amnistía y límites constitucionales

Límites implícitos (art. 14 CE): No puede tratarse de una medida discriminatoria. El TC ha anulado amnistías que benefician a grupos específicos sin justificación objetiva.

Seguridad jurídica (art. 9.3 CE): La amnistía no puede crear inseguridad al vaciar de contenido el orden penal o permitir la repetición de conductas ilegales.

Separación de poderes: El legislativo no puede invadir competencias judiciales mediante amnistías que anulen sentencias firmes sin justificación constitucional.

2. Riesgo de “limbo penal” y desnaturalización del control judicial

Aplicación arbitraria: Si se admite la amnistía sin criterios objetivos (como el arrepentimiento), se abre la puerta a que cualquier mayoría parlamentaria la utilice para eximir delitos graves (corrupción, terrorismo, etc.), alegando “razones políticas” genéricas. Esto desdibuja la línea entre política y justicia, como ocurrió en el caso de los ERE andaluces, donde el TC reinterpretó delitos para excluir responsabilidades.

Efecto criminógeno: La falta de exigencia de arrepentimiento o compromiso con el orden constitucional incentiva la reincidencia. El Tribunal Supremo alertó de que la amnistía actual “introduce un factor criminógeno” al beneficiar a quienes “persisten en su conducta golpista”.

Precedente peligroso: Grupos políticos con agendas opuestas podrían reclamar amnistías simétricas (ej.: indultos a ultras por disturbios), argumentando discriminación si se les niega. El TC ya ha señalado que la igualdad exige tratar igual lo igual y diferente lo diferente, pero en este caso, la justificación política sería difusa.

3. ¿Por qué el “limbo penal” es un riesgo real?

Ejemplo práctico: Si una futura mayoría de signo opuesto aprobara una amnistía para delitos de odio o violencia de extrema derecha, alegando “reconciliación nacional”, el TC tendría dificultades para bloquearla si se basara en la misma lógica interpretativa (“la Constitución no lo prohíbe”). Esto fracturaría la coherencia del sistema penal.

Debilitamiento de la jurisdicción ordinaria: Las mutaciones constitucionales (reinterpretaciones no formalizadas) permiten al TC y al legislativo eludir reformas constitucionales, vaciando de contenido sentencias judiciales. Esto ya ocurrió cuando el TC anuló condenas por prevaricación en los ERE, reinterpretando el alcance del delito.

Politización del TC: La designación de sus magistrados por mayorías parlamentarias podría llevar a interpretaciones cambiantes según el color del gobierno, erosionando su papel de garante neutral

¿Hacia un sistema de “amnistías permanentes”?

La combinación de:

1. Amnistías sin arrepentimiento,

2. Interpretaciones expansivas del TC, y

3. Mayorías parlamentarias dispuestas a instrumentalizar el derecho,

podría generar un ciclo de impunidad estratégica, donde cada grupo en el poder use la amnistía para blindar a sus aliados. Esto no solo desnaturalizaría el control de la mayoría, sino que convertiría la Constitución en un texto flexible al servicio de intereses coyunturales, socavando el Estado de derecho.

La solución pasa por exigir que toda amnistía:

Esté vinculada a un arrepentimiento verificable,

Cuente con un consenso social amplio, y

Respete los límites materiales de la Constitución(derechos fundamentales, unidad nacional).

De lo contrario, el sistema penal quedaría subordinado a la voluntad del legislativo, no a la justicia.

Los puntos clave del borrador filtrado:

Aval general a la amnistía: El borrador sostiene que la amnistía no vulnera la Constitución, ya que esta no la prohíbe ni explícita ni implícitamente. Defiende que el legislador puede hacer todo aquello que la Constitución no prohíba de forma expresa.

Separación de poderes: Se rechaza que la ley vulnere el principio de separación de poderes o el de igualdad ante la ley. El texto enfatiza que la función del TC no es valorar los objetivos políticos de la norma, sino su encaje constitucional.

No pronunciamiento sobre malversación: El borrador guarda silencio sobre el delito de malversación, ya que el recurso del PP no lo abordó expresamente. Este asunto podría ser tratado en futuros recursos de amparo presentados por los propios líderes independentistas.

Acotación temporal: La ponencia limita la aplicación de la amnistía a hechos cometidos hasta el 13 de noviembre de 2023, es decir, solo se pueden amnistiar hechos pasados, no futuros. Esta precisión responde a una de las cuestiones planteadas por el PP, aunque no afecta de manera práctica a los líderes del procés.

Inclusión de delitos de ambos lados: El borrador señala que la ley debe tener en cuenta que también son amnistiables presuntos delitos atribuidos a quienes se manifestaron en contra de la independencia, no solo a los independentistas.

Derecho europeo: El texto defiende que la ley no es contraria al derecho europeo y desestima que el debate sobre el derecho de la Unión sea relevante para el recurso de inconstitucionalidad presentado.

Escribe Ignacio Varela en El Confidencial :

«En el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido no deciden el derecho ni la razón, sino el color de la camiseta. La polarización ha llegado a su sede y se ha implantado allí el voto militante. Nada ni nadie impedirá que el resultado de ese simulacro de debate jurídico sea algo distinto a un 6-4. ¡Somos más!, podrá proclamar el presidente del tribunal y, con él, sus conmilitones en la Moncloa. Tratándose de asuntos que interesan al poder político, en nuestro Tribunal de garantías la única garantía es la obediencia a la consigna en ambos lados de la trinchera.»

«El problema de esta aberración institucional no es el método de elección de los magistrados. En Estados Unidos todos los miembros del Tribunal Supremo son designados por la Casa Blanca y confirmados por el Senado, hoy de mayoría republicana. No obstante, ante cualquier resolución existe mucha más incertidumbre que en nuestro actual Tribunal Constitucional. Allí también hay progresistas y conservadores, pero el derecho y la dignidad del cargo siguen importando. Lo de aquí es una derivación del sectarismo irrestricto que ha invadido fatalmente todos los espacios de nuestra vida pública. Sus primeras víctimas son la verdad y la razón; también la razón jurídica.»

«A la certeza sobre la sentencia puede añadirse una presunción fundada. Si el 22 de julio de 2023 se hubiera sometido el texto de esta ley a la consideración jurídica de la ponente Montalbán y el presidente Conde-Pumpido (y probablemente también del resto del grupo ¡Somos más! en el TC), con toda probabilidad habrían afirmado su radical inconstitucionalidad. Hay un extenso reguero de pistas en sus trayectorias anteriores que avalan esta suposición. También ellos cayeron del caballo por el rayo que afectó a todo el espacio sanchista en aquella noche electoral en que se les apareció Puigdemont y los «cambios de opinión» pasaron de lluvia a tempestad.»

«Se dice que la explicación más relevante de la decisión será que todo aquello que la Constitución no prohíbe expresamente debe considerarse campo abierto para el legislador. Me consta que Conde-Pumpido y Montalbán son capaces de ofrecer algo más consistente que esa nadería que a un estudiante de primero de derecho le daría vergüenza poner por escrito. Que yo sepa, la Constitución no prohíbe expresamente el canibalismo, la pornografía infantil, el tráfico de seres humanos, la venta libre de cianuro en las farmacias o tantos hechos inciviles que Conde-Pumpido anularía de forma fulminante… con la Constitución en la mano.»

«La ley de amnistía puede ser o no ser constitucional. Aunque lo fuera, ello no la convertiría en una ley justa, razonable y saludable. En medio siglo de democracia se han aprobado cientos de normas y se han tomado decisiones plenamente constitucionales y, a la vez, detestables por sus propósitos, por sus efectos o por su catadura moral. Hemos caído tan bajo en nuestros estándares de calidad política que se considera admisible, incluso óptima cualquier norma que no sea anticonstitucional o cualquier conducta que no sea delictiva.»

«Pueden decir misa los del Somos más: la ley de amnistía, dictada por sus beneficiarios, negociada fuera de España y objeto de un trueque de poder por impunidad, es corrupta por su origen y corruptora por sus consecuencias. Es un desastre legislativo y político por el que pagaremos un alto precio. Además, es irreversible: lo sería aunque el TC la declarara inconstitucional. Los beneficios penales no pueden revocarse, algo que debería conocer también la oposición.»

La Ley de Amnistía de 1936 tras la Revolución de Asturias fue aprobada por unanimidad en la Diputación Permanente, incluyendo los votos de la derecha (CEDA).

La Ley de Amnistía de 1977 se aprobó por 296 votos a favor, 2 en contra y, 18 abstenciones y un voto nulo.

¿Y qué?