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Al final del verano

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Arthur Mulligan

La situación política en España a septiembre de 2025 está marcada con una especie de bloqueo institucional, debilidad parlamentaria, crisis superpuestas y casos de corrupción que afectan esencialmente al gobierno central y al PSOE. Resistir en estas condiciones, sin convocar nuevas elecciones, es cada vez más difícil y se están generando presiones desde múltiples frentes para que se acuda de nuevo a la urnas.

El gobierno de coalición depende de alianzas frágiles y, por el momento solo ha conseguido renovar el apoyo necesario para aguantar, el rechazo o bloqueo de los presupuestos generales del Estado parece inminente, y la tercera prórroga consecutiva sería un síntoma inequívoco de disfunción institucional.

Los empresarios y analistas institucionales señalan que las prórrogas presupuestarias sistemáticas son un peligro para la economía, la credibilidad institucional y el funcionamiento ordinario de la democracia. Se subraya que aprobar unos presupuestos es una prueba esencial de la capacidad de gobernar, y que bloquearlos debería traducirse en la convocatoria de elecciones para clarificar la situación.

Los casos recientes de corrupción han sacudido al PSOE y sus socios, quien pese al transcurrir del verano y a las divisiones y promesas de regeneración han decidido no adelantar elecciones hasta este momento, en que queda derrotada una vez más la propuesta cansina de la vicepresidenta Yolanda que con su afán de protagonismo no ha querido esperar mejores condiciones para traer su propuesta al Congreso.

Formalmente el gobierno ha declarado su intención a finalizar la legislatura y presentar unos presupuestos para 2026, aunque sea consciente de que muy probablemente no saldrán adelante, ya que el desbloqueo presupuestario depende de pactos políticos, concesiones estratégicas y, en última instancia, posibles salidas institucionales si el bloqueo persiste.

Ni reconstruir la mayoría de investidura, ni abrir el diálogo a mayorías alternativas, ni concesiones a demandas territoriales (tensiones con otros socios y dentro del propio partido de gobierno) parecen opciones realistas aproximándonos al final del ciclo. Tampoco una negociación exprés y presentación de nuevos presupuestos para 2026.

Algunos juristas contemplan la posibilidad de una salida institucional por bloqueo, porque si la situación se prolonga, cabría la impugnación constitucional de la prórroga presupuestaria sistemática, abriendo un debate sobre la legalidad y la legitimidad del gobierno para gobernar sin proyecto de cuentas propio.

En este contexto de alta inestabilidad los analistas ven difícil un acuerdo a corto plazo, lo que aumenta la presión para medidas excepcionales si no hay desbloqueo político. La negociación presupuestaria es el termómetro de la viabilidad de la mayoría gubernamental y, en España, tumbar unos presupuestos suele precipitar crisis de gobierno o adelantos electorales.

O sea, estamos peor que al inicio de vacaciones, y después de unos incendios pavorosos (recuerden ¿qué más tiene que ocurrir en España después del volcán, de una epidemia, de una Dana? y ahora esto), el salario más frecuente en España continúa siendo el salario mínimo y no es más bajo porque el gobierno se ha visto obligado a prohibirlo por ley.

La mitad de los afiliados a la Seguridad Social cobran menos de 25.000 € brutos anuales. Los salarios en España, descontando la inflación, no van bien y todo apunta que no irán bien tampoco en el futuro hasta que concentremos la inversión de capital y empleo en sectores que permitan pagar mejores salarios.

Las promesas de construir más vivienda social dada la indolencia del gobierno y de la administración en general corre la misma suerte que los actos conmemorativos del 50º aniversario de la muerte de Franco, un deslucido y cansino recorrido municipal y espeso de lugares comunes. El ciclo de construcción es muy lento, la burocracia es asfixiante en este sector y se tardará muchos años en construir el medio millón de viviendas necesarias, según el Banco de España.

Pero ahora mismo lo sustancial para Pedro Sánchez es el enorme peso que tiene el PSC en todos los ámbitos; nunca ha tenido tanta gente en tantos sitios y, en la medida que le vaya bien al PSC le va ir mal al PSOE. Tal parece que desea recomponerse sustituyendo el papel que anteriormente protagonizaba Pujol y el pujolismo.

Para ello, como pidiendo disculpas con toda su humildad, deberá diluir sus señas de identidad socialdemócratas en un nacionalismo de buen tono, educado en la tradición y orientar su representación a la cultura política de las élites extractivas catalanas que anteriormente representó CiU para dejar de representar la convivencia entre españoles y predicar el victimismo con Madrid y otras regiones. No sería arriesgado suponer un comportamiento desleal respecto a Sánchez en caso de una aceleración de su caída por una acumulación de frentes sin una salida digna.

En cualquier caso, las encuestas arrojan resultados en cierta manera paradójicos cuando se pregunta sobre medidas más duras en relación con los inmigrantes autores de delitos en los que comienzan a aparecer respuestas similares a las de los partidos de derecha en el electorado de izquierdas que son significativas por su transversalidad y alto porcentaje (56%) a favor.

Es difícil no concluir que el electorado en España se ha derechizado, algo bastante común en Europa, con una expectativa de 34,4 % a PP y 15,1 % a Vox, unos 197-206 diputados.

Ayer mismo ha vuelto a perder una votación esa inquieta Vicepresidenta después de que sus socios reclamaron más tiempo para presentar el proyecto de Ley ante el anuncio de Junts de que no lo aprobaría. Pero ella es así. Es un proyecto que exige otra negociación porque en opinión generalizada hay margen.

España no va bien, y el gobierno está consiguiendo cabrear a todos: a los usuarios de tren, a las CCAA con sus obscenas “quitas”, al Poder Judicial, a la OTAN, a los destinatarios de su política exterior, a las empresas del IBEX, a la comunidad Educativa, a la UCO, a los EE.UU., a Israel…

¡Todo un fenómeno!

El incremento de las bajas laborales en España

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David Rodriguez Albert

En fechas recientes, eldiario.es ha publicado unos datos de gran interés sobre el incremento de las bajas laborales en España entre 2016 y 2024. La información procede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y pone de manifiesto que la cifra total prácticamente se ha duplicado en este período. Concretamente, de los 4,9 millones de procesos de incapacidad temporal iniciados en 2016, se ha pasado a los 9,2 millones de bajas laborales en 2024.

Es evidente que ha habido un incremento en el número total de personas empleadas, pero ello no explica la totalidad del problema. De hecho, si se analiza la evolución de las bajas por cada 1.000 afiliados (eliminando el efecto del aumento de la ocupación), se ha pasado de las 23 bajas mensuales en 2016 a las 36 en el año 2024. Además, los procesos de más de un año se han duplicado en el período de referencia, y aunque solamente suponen el 2,4% de los casos totales, llegan a representar más de un tercio de los días totales de baja médica.

El análisis sectorial nos proporciona información muy relevante. El mayor aumento se produce en las actividades sanitarias y de servicios sociales, que además es el sector con más bajas en términos absolutos. Es evidente que la pandemia de covid ha contribuido sustancialmente a este progresivo empeoramiento. El siguiente rubro es el del trabajo del hogar, con un incremento de más de un 72%, hecho que pone de manifiesto la creciente precariedad en un segmento en el que se viene utilizando cada vez más mano de obra migrante. 

Antes de continuar con un análisis más detallado de las causas de este fenómeno, es importante subrayar que no tiene nada que ver con el presunto absentismo que se denuncia desde los sectores más conservadores de la patronal. De hecho, todas las bajas laborales están avaladas por la firma de un profesional médico, y además el problema no es exclusivo de España. Según datos de Eurostat, el incremento es generalizado en toda la Unión Europea, aunque España sigue ocupando una de las posiciones más destacadas, solamente por detrás de Francia y de Portugal.

Según la Seguridad Social, uno de los factores que más incidencia tiene sobre el incremento de las bajas laborales es el de las consecuencias de la pandemia. Además del evidente efecto directo del covid, nos encontramos con efectos indirectos en el deterioro del estado de salud en ciertas patologías, tanto físicas como mentales.  De hecho, ha habido un salto significativo en las incapacidades derivadas de “enfermedades respiratorias” y “enfermedades infecciosas y parasitarias”, que tienen una relación bastante clara con el coronavirus. También se han triplicado los “síntomas, signos y resultados anormales de pruebas sin clasificar”, en la que los pacientes están a la espera de un diagnóstico claro en procesos que se van alargando por el colapso del sistema sanitario.

Otro de los aspectos más destacados es el empeoramiento progresivo de la salud mental, hecho que en parte se encuentra interrelacionado con el efecto de la pandemia que acabamos de enunciar. Tanto patronal como sindicatos destacan la insuficiencia de recursos en el sistema sanitario público. Estas bajas, además, suelen tener duraciones más prolongadas que otras patologías y, por tanto, suponen una ausencia más larga de la persona trabajadora. Aquí también es bueno destacar que, aparte del necesario incremento de recursos en sanidad, hay que mejorar sustancialmente la prevención de riesgos psicosociales en las empresas, tema en el que muchas compañías se hallan todavía muy alejadas de la realidad social que estamos padeciendo.

Finalmente, otro de los factores estructurales de fondo es el envejecimiento progresivo de la población trabajadora. Aunque en las personas jóvenes hay un inquietante repunte en los problemas de salud mental, es bastante obvio que la pirámide poblacional tiene cierta incidencia en el repunte de las bajas. En este sentido, sería bueno dejarse de experimentos como el retraso en la edad de jubilación. Ya hemos mostrado en otros artículos que se trata de un elemento ideológico, no técnico, y ahora vemos que tiene derivadas negativas en cuanto al estado de salud de la población ocupada.

A modo de conclusión, hay que señalar que estamos ante una problemática que debe ser abordada desde distintos ángulos. Ante las peligrosas afirmaciones de la derecha reaccionaria sobre los “excesivos” impuestos, cada vez es más urgente emprender una reforma fiscal progresiva que, entre otros elementos, mejore el sistema de salud pública y lo adapte a las exigencias del momento. Igualmente, debe cambiar significativamente la prevención de riesgos laborales, en especial en el terreno psicosocial, y la atención médica en el origen del problema. No se trata únicamente de encarar el deterioro de salud, sino de prevenirlo.

Departamento de Guerra… ¿civil?

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Carlos Hidalgo

La Administración Trump hace tantas barbaridades al día que es muy difícil seguirle el ritmo. E incluso pararse a escoger cuál de las barbaridades que comete es la que merece la pena resaltarse a la hora de comentar la situación en los Estados Unidos.

Tal vez, como me gusta mirar las noticias de economía, sí que me gustaría resaltar que los EE. UU., que siempre rozan el pleno empleo, han dejado de crear trabajo en los últimos meses. Algo que es un poco extraño, teniendo en cuenta que ahora mismo no hay ninguna crisis económica en marcha, aunque las medidas del constructor metido a presidente tal vez la terminen desencadenando. Lo más obvio es decir que este frenazo en la creación de empleo se debe a la cambiante y absurda política arancelaria que, en lugar de crear puestos de trabajo en los Estados Unidos, los resta, porque muchas de las materias primas y productos semi-manufacturados que necesitan las industrias estadounidenses han dejado de llegar. O cuestan mucho más caros. Por poner un ejemplo que tal vez pueda sonar absurdo: en Estados Unidos no hay fábricas capaces de producir dados y fichas de juegos a gran escala. Por tanto, las grandes industrias jugueteras estadounidenses como Hasbro o Mattel, sufren un bruco parón, esperando encontrar proveedores que no sean de China o de México. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la industria del juego en Las Vegas o Atlantic City, que no solo ha visto su negocio desprovisto de algunas de sus materias primas, sino que además ha experimentado un descenso en el número de extranjeros que vienen a gastarse dinero en sus salones, temerosos de encontrarse metidos en una redada del ICE y deportados a Uganda sin juicio previo.

Otro ejemplo, más alejado de los juegos de mesa y de los de azar, es la redada que se ha hecho en Georgia, donde el ICE ha detenido a dos centenares de trabajadores surcoreanos (y a 300 de otras posibles nacionalidades) en una fábrica de las surcoreanas Samsung y LG. Muchos se encontraban en situación legal dado que contaban con un visado que les permite trabajar durante 90 días y habían ido a reuniones puntuales. Otros tenían un permiso temporal, dado que la administración estadounidense, en cuadro también gracias a la política de despidos masivos de Trump y Musk, se retrasa más de lo habitual en conceder los visados. Lo más gracioso es que ese golpe a las operaciones de la fábrica es un golpe autoinfligido de los propios estadounidenses, que imposibilita a los surcoreanos cumplir los objetivos de inversión y negocio dentro de EE.UU. de un tratado firmado hace poco por el mismo Trump.

El presidente, que despacha todas estas cosas como asuntos sin importancia, también ha cambiado el nombre del Departamento de Defensa (que tiene su sede en el famoso Pentágono y está presidido por el presentador de televisión y alcohólico Mike Hegseth) por el de Departamento de Guerra, un nombre que recuerda a tiempos decimonónicos pero que a Trump, que no ha hecho la mili, ni servido en las FFAA un solo día de su vida, le parece más viril.

De momento parece que Trump le interesa más usar a sus militares para ocupar las ciudades de su propio país. Ya lo está haciendo en Washington, lo hizo a medias en Los Ángeles y apunta ahora hacia Chicago. De hecho, ha anunciado lo de Chicago añadiendo “ahora sabrán por qué le he cambiado el nombre a Departamento de Guerra”.  Aunque también es cierto que Hegseth está acumulando barcos de la Armada Estadounidense cerca de las costas de Venezuela. En principio, para ponerlos a combatir el tráfico de drogas, aunque en la práctica esto se ha traducido solo en la destrucción de una lancha en la que había 11 civiles, que han sido volatilizados en aguas internacionales sin juicio o agresión previa a los navíos estadounidenses, lo que viene a ser considerado ilegal por el derecho internacional.

Está por ver qué clase de “guerra” quiere Trump, pero en un país cada vez más polarizado, al que se somete ilegalmente a la ley marcial, en el que se persigue a los opositores políticos del presidente y que está gestando a la vez crisis de empleo, económica y sanitaria, hace temer que la guerra a la que Trump quiera dedicarse sea una guerra civil.

Primero

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Juanjo Cáceres

Tras un verano repleto de incendios, de realidades bélicas, de pugnas partidistas, de salseo futbolístico, de fallecimientos de artistas, ¿qué es lo primero? ¿Por dónde debemos empezar? Es difícil de decir.

Consideramos la última semana de agosto y a la primera de septiembre como las de inicio del curso político, pero en realidad el curso que estamos evocando no es el político, sino el educativo. Buen ejemplo este, por cierto, de apropiación desde lo político y lo mediático de nociones que no son suyas, pero es algo que sucede muy a menudo. El caso es que, además, el curso educativo no comenzará hasta unos días más tarde, y preveo, por cierto, que se dejarán sentir en él alguno de los titulares notables que también ha dejado este verano: por un lado, el escándalo de las asignaciones de plazas a funcionarios e interinos en Catalunya, para las que el Departament d’Educació se saltó a la torera las disposiciones más elementales de nuestro derecho administrativo y hubo que echar al ruedo deprisa y corriendo a un cabeza de turco; por otro, el fracaso de las oposiciones docentes en varias comunidades autónomas, donde numerosas plazas convocadas se quedan vacantes por los abundantes suspensos y por la falta efectiva de gente que participe en un buen número de materias.

¿Puede ser que estas escenas de la administración y el profesorado guarden alguna relación con los decrecientes rendimientos académicos del alumnado en todos los niveles educativos? ¿O nos limitaremos a echarle la culpa a las pantallas, que como el cabeza de turco catalán mencionado acaban siendo siempre la excusa socorrida? En todo caso, cuando oigan a alguien decir que si los jóvenes de ahora esto, que si los jóvenes aquello, interpélenle sobre cómo son sus padres y sus profes y sobre cómo ejercen sus funciones.

Esto es lo primero que ha salido, pero no sé si es lo primero en importancia. Por momentos se diría que lo único importante en el mundo está protagonizado por Trump. El hombre que todo lo puede, pero que nada consigue, no deja de ocupar páginas y más páginas de nuestros diarios digitales, pero eso de acabar con la guerra en Europa parece que se está complicando. De hecho, si algo nos indica el bueno de Trump es que no tiene demasiados problemas para facilitar que un estado agresor maltrate sin piedad un territorio, como demuestra ampliamente su relación con el genocidio de Gaza. No en vano es Netanyahu quién lo ha propuesto para el Premio Nóbel de la Paz, en una de esas bromas macabras que nuestra civilización nos gasta de vez en cuando.

Pero hay que ser francos y aprovechando que no me lee nadie, comentaré que Trump y Netanyahu pueden ser malos, pero la Unión Europea, en su conjunto y en un sentido distinto, es mucho peor. Respecto a Israel nuestros líderes europeos actúan con una prudencia diplomática tan extrema, que cualquier cosa que digan o hagan se produce con la boca pequeña y de forma muy pasajera. La semana pasada Almodóvar y compañía requerían la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con Israel, pero hemos visto y seguimos viendo que los líderes europeos prefieren una posición “chamberleinesca” en la materia.

Menos “chamberleinescos” son cuando hablan de Rusia y Ucrania, pero aparte de estorbar, no hacen mucho más. La premisa esa de que, si cae Ucrania, después invadirán Lituania y después Andorra, tan manoseada ella, no es que les impulse tampoco a aportar gran cosa verdaderamente útil para frenar el desastre ucraniano, pero es ideal para alargar la agonía de una población que vive bajo la amenaza permanente de unos drones que cada vez más a menudo se usan de forma inclemente por parte del agresor. Al estilo de Gaza, donde los europeos saben perfectamente cómo va a acabar el asunto y allí sí que está claro que no mueven un dedo para evitarlo.

Pero donde realmente se aprecia su verdadera talla de estadistas es mediante las visitas a la Casablanca. La última de todas, la de la foto sentados alrededor del sheriff, se ha traducido en algunos logros -ninguno más allá de mantener ese statu quo bélico ucraniano en su forma actual- y mucha sensación de vasallaje. Esto último es lo que más les ha recriminado la prensa internacional a los europeísimos líderes, especialmente porque todo esto tuvo lugar tras una Cumbre con Putin en la que el tipo se hizo las mejores fotos de los últimos años y recibió un reconocimiento diplomático que Europa solo ofrece a Zelenski. Yo, francamente, he de decir que no veo el problema a que vayan de aduladores y a tragarse después el sapo de los centinelas de los medios que condenen la escenita, si eso es lo mejor para el mundo. El problema es que no está claro que nada de lo que hace la Unión Europea, inmersa en una gigantesca crisis de proyecto, sea lo mejor para nadie.

Entretanto en España no han hecho falta drones para que la gente se quede sin casa. Lo de los incendios del noroeste es un drama en el que no se ha insistido lo bastante, sobre todo en comparación con la DANA, porque todo el mundo estaba de vacaciones y porque allí vive mucha menos gente que en la costa. En efecto, porque no decirlo, los incendios han remarcado que las dos Españas de hoy son la España radial-litoral y la España vaciada, y lo que ocurra en la España vaciada, siempre va a tener un impacto menor que lo que ocurre en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga o Bilbao. Hay menos altavoces, menos masa crítica y, no nos engañemos, menos capacidad de sus comunidades autónomas para ejercer con eficacia las mismas competencias que las comunidades de mayor población y poder económico. Y sí, le podemos echar la culpa a los políticos fachas de por ahí. Y sí, podemos preguntarle a Feijóo qué tiene que ver su labor gubernamental con el estado en que ha quedado la zona de Ourense. Pero no menos cierto es que nuestras administraciones, autonómicas o estatales, hacen aguas porque los problemas les sobrepasan y porque en ellas, las ganas de trabajar y de arremangarse tampoco son muy grandes.

Es un momento un poco desestructurante. Las estructuras de que disponemos no funcionan con la eficacia que sería necesario. Las estructuras que necesitamos no se desarrollan. Y, además, aquellas cosas nuevas que consiguen ver la luz, sufren de precariedad sistémica. Nos hacemos viejos. No nos preocupamos de nosotros, aun menos de las generaciones que vienen detrás y damos por bueno nuestro decadente ciclo demográfico, condenando a los más jóvenes a la imposibilidad de tener un techo en edad de procrear y de cobijarse en él. Entretanto les ofrecemos un dispositivo electrónico, varios streamings y un Tik Tok para que no se den cuenta de los que les pasa, ni de lo que pasa en el mundo, facilitando así que cualquier iluminado de las redes les explique la vida a su manera. Pero esa vida es lo que les hemos dejado nosotros, por incomparecencia.

Bien mirado, tal vez los jóvenes deberían de ser lo primero así que, por favor, hagamos al menos una cosa: ya que además les toca pagarnos las pensiones, ¡dejemos de confiscarles todos sus ingresos mediante las rentas inmobiliarias!

Melancolía en Septiembre

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Arthur Mulligan

Termina el curso político con un Gobierno agotado luchando por limpiar esas sombras de corruptos oficiales que no terminan por desaparecer con los disolventes habituales porque su líder viajando de aquí para allá lleva en su frente el estigma de su complicidad, de sus abrazos en numerosos actos oficiales, de su omertá. Intenta un enésimo renacimiento, ganar tiempo, y ojalá que pase algo que te borre de pronto (como en la canción): una luz cegadora, un disparo de nieve… Tiene mala cara, como su partido, y como un autómata convoca a sus últimas divisiones retóricas en cuanto ve un micrófono:

«Dijimos que crearíamos empleo y hoy tenemos el mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social de la historia. Dijimos que generaríamos riqueza y hoy somos una de las economías que más crece en Europa y acabamos de superar en PIB per cápita, nada más y nada menos que a una gran economía como la japonesa».

Es cierto, y lo ha hecho junto a Eslovenia, Puerto Rico y Bahamas, aunque no cita los factores externos de ese logro: crecimiento demográfico, fortaleza del turismo y fondos europeos, sin olvidar la depreciación del yen. En los últimos años, el crecimiento de las cotizaciones en España ha sido significativo: en 2024, los ingresos por cotizaciones aumentaron un 7,2% interanual y han subido más de un 33% desde 2019. El gasto público equivale al 45% del PIB; en 2004 era el 38%. El tipo medio del IRPF ha subido un 15% desde 2009 mientras la renta disponible de las familias apenas se ha movido. Más impuestos, menos poder adquisitivo.

De los 163.000 MM prometidos, España solo ha recibido 71.000 MM de los fondos europeos por incumplimiento de los objetivos comprometidos, falta de reformas estructurales y porque se diluyen en campañas institucionales, propaganda y proyectos clientelares de escaso impacto porque la ejecución ha sido un desastre.

Desde que Sánchez es presidente, el déficit público acumulado de todas las administraciones públicas asciende a 400.000 millones de euros. El 94% de esa cifra, esto es, 373.000 millones, corresponde directamente a su gestión. El gasto público de la administración central se ha incrementado un 46% en este periodo. Ni siquiera el récord de recaudación (184.000 millones más al año respecto a 2019) ha servido para reducir el déficit, que sigue siendo 11.765 millones superior al que heredó. Es decir: se ingresa más que nunca, se gasta más que nunca, y se ahorra menos que nunca.

Desde que comenzó la era Sánchez, hay 84.000 empresas menos. La mayoría, PYMES, el verdadero tejido económico del país. El exceso regulatorio, el coste laboral y la incertidumbre política están expulsando a los emprendedores. El mensaje es claro: si quieres montar un negocio, que sea una asociación subvencionada o una consultora de resiliencia emocional. Montar una empresa se ha convertido en un deporte de riesgo.

España sigue liderando el paro en Europa con casi un 11%, el doble de la media comunitaria. Aporta uno de cada cuatro desempleados de toda la UE. Mientras se presume de «récord de afiliación», se oculta que gran parte de ese empleo es precario, público o artificialmente troceado en contratos discontinuos. El paro juvenil sigue por encima del 27%.

El absentismo laboral se ha disparado hasta niveles nunca vistos. Cada día, 1,5 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo. De ellos, más de 300.000 lo hacen sin baja médica. La cultura del esfuerzo se ha sustituido por la cultura del justificante. Especialmente entre los jóvenes, donde sorprende que dichas bajas laborales crezcan.

Todo el Gobierno colabora en los titulares del CIS y todos son corresponsables del fiasco que más pronto que tarde contemplaremos en las días finales de Septiembre.

En este cuadro un tanto duro es más o menos en el que va a transcurrir el nuevo impulso que ha anunciado el gobierno con el inevitable componedor resistente Patxi López, Ingeniero Industrial de vocación in pectore.

La coalición Sumar está muerta y el nuevo frente de Rufián no termina de arrancar, incluso el propio Rufián parece que va por libre y ha sido señalado para mal. Es pura álgebra -x+ = –.

El resto progresista a sus progresos mientras Vox está convencido de que va a heredar. Entre los progresistas destacan Junts y el PNV, el primero quiere también el Cupo del segundo; la realidad es que se necesitan 2,5 afiliados para pagar pensiones y el País Vasco tiene menos de 1,5 y el 40% de las pensiones vascas se financian con deuda pública que pagarán todos los hijos de todos los españoles, menos los del País Vasco. Es sumamente difícil que suceda algo así como un cupo catalán, pero a los socialistas españoles esto no les importa, les resulta extraño o lo disimulan muy bien.

Sin embargo, los casos de corrupción influyen más cuánto más cercanos aparecen en el tiempo, y menos durante el final del tiempo lánguido de formación del fenómeno, ese que la indolencia administrativa atempera, mientras que la memoria urgente de la vida cotidiana se activa cuando se sumerge en el deterioro de la vida económica, el caos activo que convive con las caras más reconocibles del gobierno al que pueden dirigir su rencor y cuyos socios y aliados no quieren recibir.

En conjunto se perderá una oportunidad de reconducir y estabilizar un país moderno, restaurar el respeto a las instituciones y el rigor de las cuentas públicas y sus controles.

Pero esta izquierda secuestrada por la inversión de sus promesas es incapaz de gobernar en esa dirección salvo que procure un golpe de mano que recomponga un Gobierno útil para llevar al país a unas elecciones sin crispación del que resulte un Gobierno útil abierto al diálogo y a los compromisos huyendo de extremismos fracasados.

¡Feliz verano a todos!

Lecturas sobre Europa e Internacional de interés de los últimos 15 días

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Lluís Camprubí

Permítanme compartir unas lecturas sobre los asuntos de política europea e internacional que más nos ocupan:

*Interview with Atte Harjanne: a Green member of the Finnish parliament and a reserve captain in the Finnish Defence Forces: Walking the talk on European security

*La cumbre de la OTAN y la crisis del atlantismo (J.A. Sanahuja)

*Entrevista a Dominique de Villepin: “Si Europa no reacciona ahora, será borrada de la historia”

*National Strategic Review 2025 – Republique Française (pdf)

*Contours of European Strategic Autonomy:Europe is moving on without the US, and the US does not seem to like it after all (Minna Ålander)

*Geopolitical Europe Summer Reading List (Gesine Weber) Revisión que incluye algunas de las lecturas más relevantes sobre la UE y su dimensión geopolítica

*Beware the Europe You Wish For (by Celeste A. Wallander) The Downsides and Dangers of Allied Independence. Sobre la autonomía estratégica europea y lo que puede suponer desde/para la perspectiva estadounidense

*Europe does not have to choose between guns and butter. There is another way (by Shahin Vallée and Joseph de Weck). Yes, defence spending has to rise – but slashing the welfare state to fund it would be a big mistake

*NATO’s New Defence Spending Pledge Is a Distraction…from what really matters: capability development. Minna Ålander argues in the Europe Dispatch that the new NATO defence spending pledge is unhelpful.

*El papel internacional del euro: eurobonos y el reto de las ‘stablecoins’ (Ángel Ubide)

*The frightening world without the dollar (Martin Sandbu) What will the global economy look like if it loses its monetary anchor?

Diario disperso

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Senyor G

Feijoo necesita un PP amigable

Lo necesita si quiere ser presidente del gobierno de España. Si quiere ir ya próximamente a un consejo de administración de alguna gran empresa de servicios obligados, entonces va bien, perfectísimamente. No me ha parecido que el congreso del PP de la semana pasada intentase buscar amigos, al contrario, la sensación es de que se ponen extremadamente duros. A degüello. Dijo él mismo que no haría cordón sanitario al partido ultranacionalista VOX, cosa que ya nos ha quedado más que clara con sus alianzas de gobierno a nivel autonómico y supongo que local.

Y remata con perfiles broncos, como Cayetana. No pretende hacer amigos, está claro. Su apuesta no gustará en Cataluña y el País Vasco, él sabrá. Ni entro en los que entendemos que con su propuesta y amigos tendremos regresión en derechos sociales además de con la lengua catalana. Ya le ha avisado Toni Nadal en su casa sobre el tema, pero la gestión al respecto en Baleares y Valencia es clara, no da lugar a dudas. Van contra el catalán cada vez que pueden y en todas sus variantes.

Hay que recordar que VOX ni condena ni lamenta a las escuadras racistas que empiezan a actuar en ciertos municipios al calor de cierta cobertura mediática. Habrá que empezar a ser claros con estos temas y denunciar a los que tienen por objetivo participar de la extrema derecha a título lucrativo. 

Joan Tapia, recuerda que esos amigos suyos salen del bloque de gobierno de la UE de liberales, socialdemócratas y populares. Pero no es mi guerra, ellos sabrán.

Quién sabe, igual es una estrategia de comerse a la extrema derecha para luego gestionar desde el centro. Esas cosas han pasado muchas veces en política. El PSOE de inicio de la transición con Felipe González estaba juguetón, y con declaraciones a ratos a la izquierda del PCE, para finalmente empezar las privatizaciones y el neoliberalismo en España. Aún compartirán consejo de administración González y Feijoo.

No es solo que no haga amigos, es que a la izquierda cansada o desencantada nos obliga a seguir al pie y a aglutinarnos. No nos podemos permitir el desencanto ni el cansancio. O a moderados diversos, que con otra propuesta podría ir rascando sus votos y aquiescencia. Pero vamos a concluir que tampoco yo sé mucho de política o hacer propuestas triunfantes. Eso sí veo que esto está demasiado tenso y empezamos a estar muy tontos.

Reciclaje

Me esfuerzo por hacer las cosas bien, separo la basura. Los envases de plástico o metal al amarillo, el papel al azul, lo orgánico al marrón, el resto al gris, y de tanto en tanto otras cosas al punto verde del barrio. Pero con un aliado militar de nuestro país soltando bombas en centros nucleares de otro país no sé si merece la pena. Además del rearme militar del que participamos y que ya verás cómo también nos lo cuelan como ecológico y sostenible. ¿Alguien sabe si en la otra punta de Europa Putin obliga al reciclaje o lo hacen de alguna otra manera?

Y los aeropuertos. Nuestros gobiernos, todos viviendo en Barcelona, nos piden que reciclemos, pero a la vez quieren ampliar el aeropuerto de El Prat. No ven contradicción. Y los que están a favor y no son gobierno pueden llegar a argumentar, que no tiene sentido parar nosotros la rueda si otros países y poderes siguen esa dinámica de más avión.

Ruidos

Y más avión en El Prat es más turismo en Barcelona, más ruido en mi barrio. Aunque nosotros los de Barcelona también somos ese turista ruidoso que nos molesta. ¿Cuándo empezó a ser todo terraza en nuestras ciudades? ¿Cuándo empezamos a estar siempre fuera de casa consumiendo? Con nuestros padres se comía fuera quizás una o dos veces al año. Un bautizo, una boda o una comunión. De hecho, la celebración de mi comunión fue pan con tomate y jamón en casa.

Loop, teatro de padres a hijos

Mi mujer me llevó estos días de julio al teatro a ver Loop, escrita por Ramón Madaula, además de interpretada por él mismo y por Júlia Genís. Sobre ese ciclo de vida de escuchar consejos de padres y tomarlos como luego los tomarán nuestros hijos cuando entonces somos nosotros quienes los damos. Un gran guion y una gran ejecución. Especialmente sorprendente en el caso de ella a la que no conocíamos y hacía dos papeles que a veces cuesta ver, pero que no chirrían en absoluto. No es fácil. Si pueden porque pasa por sus barrios aprovechen, lo disfrutarán y agradecerán.

La crisis de la globalización neoliberal

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Dávid Rodríguez Albert

La globalización neoliberal, como última etapa del capitalismo que se ha ido afianzando a partir de los años ochenta del siglo pasado, se ha definido en las últimas décadas bajo los mantras ideológicos de la liberalización, la desregulación y la privatización. Este modelo ha promovido la apertura de fronteras para el capital, generando un mercado global en el que las grandes corporaciones han impuesto sus reglas y los Estados han ido perdiendo poder frente a intereses privados.

La liberalización de mercados ha obligado a los países de la periferia a competir en condiciones desiguales, mientras las transnacionales consolidaban su influencia sobre los gobiernos y distorsionaban el supuesto “libre mercado”. La desregulación, lejos de significar ausencia de normas, ha consistido en establecer legislaciones al servicio de los grandes grupos económicos, generando una especie de casino financiero global que desembocó en la crisis de 2008. Paralelamente, la privatización se ha convertido en un proceso de socialización de pérdidas, recortes en los servicios públicos y concentración de riqueza en manos de una élite económica que ha ido vaciando de contenido a las denominadas “democracias liberales”. En el ámbito laboral, el neoliberalismo ha impuesto una “flexibilidad” que ha significado precarización y fragmentación de la clase trabajadora, siempre en beneficio de las empresas. 

A escala internacional, las cadenas de producción se han ido deslocalizando hacia países con menores salarios y la deuda externa se ha utilizado como herramienta de disciplina para los países del Sur Global, obligados a priorizar los pagos por encima de los derechos sociales. Instituciones como el FMI, el Banco Mundial o la OMC han sido actores fundamentales en la expansión de estas políticas, condicionando la concesión de créditos a reformas estructurales que han profundizado las desigualdades y debilitado la soberanía de los Estados.

Este modelo no solo ha incrementado las desigualdades sociales, sino que ha acelerado una crisis ecológica que amenaza nuestra propia supervivencia, mientras la guerra y la violencia se han utilizado como instrumentos para controlar los recursos naturales bajo la hegemonía de Estados Unidos, que ha ejercido su poder económico, militar y cultural para sostener este orden. Sin embargo, hoy observamos que este modelo atraviesa una crisis profunda, y sus propias contradicciones han impulsado el ascenso de la extrema derecha en distintas partes del mundo, mientras se mantienen algunos de sus mecanismos, lo que genera una etapa confusa y contradictoria que exige de un análisis complejo pero riguroso.

El segundo mandato de Donald Trump ha acelerado esta crisis con políticas proteccionistas, aumento de aranceles, retirada de acuerdos multilaterales y defensa de un nacionalismo económico basado en la reindustrialización. Su rechazo de las deslocalizaciones y su desconfianza hacia instituciones como la OMC o la OMS reflejan un giro que profundiza el colapso progresivo de la globalización neoliberal y marca la transición hacia un nuevo escenario internacional. Sin embargo, Trump sigue defendiendo algunos pilares neoliberales como la desregulación bancaria, los recortes fiscales para las grandes corporaciones, la explotación laboral o el negacionismo climático. Su apuesta no es una ruptura total, sino un paso hacia un capitalismo nacionalista donde los Estados Unidos buscan mantener su ventaja a través de mecanismos unilaterales en vez de normas compartidas, a la vez que abandonan aspectos claves del liberalismo por entender que la globalización está socavando su hegemonía a costa del ascenso de otras potencias, especialmente China.

Nos encontramos así en un mundo en transición, con un auge de las áreas de influencia regionales, un mayor proteccionismo, tensiones comerciales entre bloques, más conflictos de carácter híbrido y complejo, y un crecimiento de la extrema derecha, mientras se resquebraja la legitimidad de las instituciones globales. Este escenario multipolar abre oportunidades para potencias intermedias y para los BRICS, pero también aumenta los riesgos de enfrentamientos indirectos en zonas estratégicas como Ucrania, Oriente Medio o África.

Comprender esta crisis de la globalización neoliberal resulta imprescindible para transformar la sociedad en un sentido democrático. La lucha por la paz y la justicia social debe integrarse con el combate contra la crisis ecosocial, apostando por un decrecimiento socialmente justo y una planificación económica que sustituya la lógica del beneficio privado por el bienestar colectivo. La redistribución de la riqueza, junto a la cooperación con actores como los BRICS, deben ser claves para construir un nuevo modelo que supere la etapa neoliberal de una manera más humana. Porque esta crisis no puede resolverse ni con más neoliberalismo ni con una nueva versión de autoritarismo reaccionario, sino con la construcción de alternativas que prioricen la vida, la justicia social y la sostenibilidad por encima de los intereses de las grandes empresas.

Incoherencia Habitacional Parte II: Las 50.000 viviendas

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Marc Alloza

En la ya olvidada Conferencia de presidentes autonómicos parece que no se consensuó mucho. No fue ni hace un mes pero es que la política también ha contribuido a que este junio haya sido el más cálido desde que se tienen registros. Atrás queda el plan vivienda, los 200 puntos del día, el pinganillo etc, en definitiva, no pasará a la historia.

Volviendo al tema del artículo, no tengo constancia de que ninguna Comunidad se animara a que la protección oficial no prescriba. Esto hace que a la persona que le “toque” un piso casi le toque la lotería. En primer lugar porque va a tener acceso a una vivienda a un precio supuestamente por debajo del de mercado, cosa sólo al alcance de uno pocos claro, porque en caso contrario no habría tanta diferencia. En segundo lugar está el premio adicional que se recibe cuando se levanta la protección que, salvo raras excepciones, llega en forma de plusvalía que la va a pagar otra persona en su misma situación inicial o peor probablemente. Este doble o simple “beneficio” invita a lo que en este país es especialista: amiguismo, pillería y corrupción.

En este país se han hecho muchas promociones de vivienda de protección oficial (VPO) que, como dije, ya están a precio de mercado por lo que no contribuyen a la contención de los precios de la vivienda. Otro factor a analizar es el proceso de adjudicación. En general si la iniciativa es privada suele adjudicarlo el mismo privado. Esto en el pasado, y quizás se siga dando, ha conducido a casos como el de una persona que conocí que tenía un familiar de primer grado que era constructor o trabajaba en una constructora que edificaba total o parcialmente promociones de VPO. Esta persona como tantas otras de la primera década del siglo nuevo, individualmente, reunía los requisitos y se le adjudicó sin sorteo ni nada, una vivienda VPO de la constructora de su familiar. No sólo eso si no que en otra promoción de la misma constructora su primogénita también fue agraciada con un “pisito” VPO a la carta. Todo legal puesto que reunía los requisitos y como la adjudicación estaba delegada en la promotora, fin. Ya hace largos años que perdí la pista pero lo que sí sé es que esos pisos ya no tienen protección desde hace largo tiempo por lo que el precio de mercado puede fácilmente haberse doblado.

Otro caso que me han comentado recientemente, que no he podido verificar, es el de una promoción en dónde una administración pública, sin necesidad de publicitarlo en exceso, tenía un registro de centenares de candidatos para unas decenas de viviendas VPO de propiedad y otras tantas de alquiler.  En este caso se hizo un sorteo entre las personas candidatas y se repartieron las viviendas salvo según comenta, al menos una adaptada para personas con movilidad reducida que quedaría vacante. Ésta última, según mi fuente, fue adjudicada fuera de sorteo a una persona sin aparentes problemas de movilidad.

Otro caso que me contaron unos amigos, es que fueron a comprar una vivienda todavía catalogada de protección oficial. El vendedor así como la persona propietaria les solicitaron sin tapujos dinero en B por encima del precio pre-tasado de venta (esto a mí también me pasó y era la época en la que el banco, en mi caso Caja, “te lo arreglaba”; de la Caja ya no quedan ni las siglas). El piso tenía una distribución especial, no sé si incluso era un poco más grande que el resto, lo que justificaba el plus. El motivo de esta distinción era que la persona propietaria era descendiente del constructor.

Finalmente no se lo compraron pero se compraron otro en la misma promoción que al final les exigió mucho menos en B presuntamente. Para cerrar la operación se tuvo que recurrir a una de esas entidades especializadas en soluciones financieras complejas que tiene mecanismos efectivos para la ejecución hipotecaria en caso de impago.

Las promociones de VPO deberían ser 100% transparentes y auspiciadas por alguna Administración o ente público ya bien sea de promotor público o privado y que estuvieran auditadas por una administración u organismo superior.

Las 50.000 viviendas para 2030 en Catalunya

En octubre del 2024 saltaba la ilusionante noticia: Plan 50.000, una iniciativa estratégica que prevé la construcción de 50.000 nuevas viviendas públicas hasta el año 2030. Este programa representa una inversión anual de 1.100 millones de euros y tiene como objetivo ampliar el parque público de vivienda, garantizar el acceso a un hogar sostenible y todos los modelos sostenibles.

En febrero del 2025 la Generalitat adquirió 743 viviendas en distintas zonas de Catalunya. Parece que todo va bien. 

Reconocido por el mismo Departamento de vivienda, una de las principales dificultades para la construcción de vivienda pública, ya bien de compra como de alquiler, es la escasez de terreno edificable público que se pueda destinar por completo a tal efecto. En el año 2009 el Institut Catalán del Suelo (INCASOL), entidad urbanística especial de la Generalitat, con competencias urbanísticas en materia de planeamiento y gestión directa de terrenos, del patrimonio público de suelo y vivienda, compró una antigua fábrica en una zona con alta tensión habitacional. Pasaron los años y finalmente hace unos pocos se presentó un proyecto para edificar un edificio muy alto mucho más alto que el más alto que los del alrededor. Los vecinos rechazaron la propuesta por lo desproporcionado de la edificación que eclipsaría al resto de viviendas del barrio trayendo un trozo de Manhattan a orillas del Besós (he exagerado, quizás no era tan alto pero sí más soviético). El pasado mes, se presentó a los vecinos el nuevo proyecto. Éste consiste en una edificación, que también es más alta que el edificio más alto, pero no mucho más. Además incluye una edificación más baja y un equipamiento pensado inicialmente como una especie de auditorio pequeño. Hasta ahí todo bien. Adicionalmente se reurbanizará una placeta aledaña y un sector de parquecito muy venido a menos que sirve de cañada real para los perritos de los alrededores de camino su santuario de pipicán. Ahí, todavía bien pero mal porque justo antes se había hablado de otro proyecto del Área Metropolitana cuya ejecución estaba más cercana y que organizaba el resto de parque y se dejaba, para sorpresa de todos, esa ridiculez. Pero se llevaba esperando desde el 2009, no vendría de un poquito más.

Lo que no sabíamos es que aún faltaba lo mejor, lo que nadie sospechaba y es que hay que reconocer a veces la Administración con sus dirigentes al frente son unos maestros en los giros de guion, todo el mundo daba por supuesto el tipo de vivienda que iba a construir hasta que el regidor anuncia que de las viviendas que se van construir, el 25% se destinarán a vivienda pública de alquiler, otro 25% a vivienda de protección oficial y el 50% restante a precio libre. Es decir que la Generalitat compra un solar en 2009 para hacer vivienda pública y la mitad va a precio libre de mercado. “Es que si no los números parece que no dan” comentaban. 4.400 millones de euros para construir vivienda pública, se tiene un solar desde 2009, con todo lo que hemos pasado, con una fábrica abandonada sin uso alguno desde hace casi una década por recomendación de los bomberos y sólo se destina el 50% a vivienda pública (ahora es cuando se diría: me voy a la mutua, si fuera el caso, pero no es tan fácil). ¿Así se van a construir 50.000 viviendas públicas? No lo veo.

De mientras esta semana salía que en Barcelona el “problema de la vivienda”, asaltaba el número 1 del top five de preocupaciones de sus habitantes, desbancando a la seguridad que ha encabezado el ranking durante años.

En defensa de la reducción de la jornada laboral

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David Rodríguez Albert

Algunas personas podrían pensar que este no es el momento ideal para hablar de propuestas políticas concretas. En plena crisis de gobierno por el caso Cerdán, la corrupción ocupa todo el espacio en el debate público. Entendiendo perfectamente esta situación, me gustaría nadar un poco contra corriente y recordar que existen iniciativas que también merecen un cierto espacio en la esfera de la discusión colectiva. Concretamente, me gustaría hacer referencia a la reducción de la jornada laboral en España.

Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas sin disminución salarial, en cumplimiento del programa de gobierno pactado entre PSOE y Sumar. Esta medida ya había sido planteada en otras legislaturas en el formato de 35 horas, pero nunca un gobierno había acordado convertirla en normativa. Cuenta con el apoyo de los principales sindicatos, pero con el rechazo de la patronal. Ahora esta propuesta debe superar el trámite parlamentario, y la posición inicialmente contraria de Junts per Catalunya podría echar por tierra esta mejora si suma sus votos a los de la derecha y la extrema derecha españolista.

Es interesante recordar cuál es el objetivo principal de la reducción de la jornada máxima, y no es otro que mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal de la clase trabajadora. Mediante la disminución de media hora diaria en el puesto de trabajo, puede destinarse un poco más de tiempo a las relaciones familiares, a las sociales y al ocio personal, incrementando así la calidad de vida de buena parte de la ciudadanía. Las mujeres se verían especialmente beneficiadas por esta medida, debido a la mayor carga actual que soportan en las tareas de cuidados, y este hecho tendría la virtud adicional de contribuir a reducir la brecha salarial de género.

Del mismo modo, la reducción de la jornada laboral tendría efectos beneficiosos en cuanto a la protección de la salud física y mental de las personas trabajadoras. En una época en la que los problemas relacionados con desequilibrios emocionales van en aumento, resultaría de gran interés la reducción de las preocupantes cifras que existen actualmente en todo el Estado en cuanto a problemas como el estrés laboral crónico, el agotamiento físico y mental, el síndrome de burnout (desgaste profesional), la ansiedad laboral, la depresión derivada del mobbing o la monotonía extrema, y otros tipos de trastornos psicosomáticos o del sueño. Es evidente que la disminución de las horas de trabajo no supone por sí sola la eliminación de todos estos estigmas, que deben ser combatidos sobre todo desde el terreno de la prevención.

La reducción de la jornada representa igualmente una adaptación a las crecientes innovaciones tecnológicas, que incorporan la automatización y la digitalización de muchas tareas, lo que en el fondo implica un reparto más equitativo de los excedentes generados por el progreso científico. También se prioriza la calidad del trabajo por encima de la cantidad, alejándonos del modelo anacrónico de computar obsesivamente las horas presenciales en el lugar de trabajo. Si se trabaja mejor aumentará la productividad, superando la actual época de estancamiento derivada del creciente fracaso del modelo productivo español. Por último, pero no menos importante, el reparto del trabajo debe servir para combatir el desempleo estructural instalado en nuestra economía.

A pesar de todas estas ventajas, Puigdemont ha expresado abiertamente su rechazo a una propuesta avalada por los sindicatos (catalanes y españoles), y por el momento no muestra ningún complejo a la hora de sumar sus votos a los del PP y Vox, representantes de la patronal  (española y catalana). Si alguien había imaginado alguna vez que Junts per Catalunya podía llegar a representar a los intereses del conjunto de la ciudadanía catalana, en esta materia concreta no han tenido ningún tapujo en mostrar que nunca han abandonado su alma ultraliberal.

Para justificar la posición contraria a la reducción de la jornada, han expresado la confusa idea de que esto pueda perjudicar a los autónomos y a las pequeñas empresas, repitiendo argumentos que ya se usaban hace décadas para oponerse a los avances sociales, y que ya han sido ampliamente cuestionados empíricamente. De hecho, la mayoría de pymes cuenta con ventajas de adaptabilidad y rapidez que pueden facilitar el cambio, y además la mejora de las condiciones laborales les ayuda a retener talento y reducir el absentismo.

Según fuentes del gobierno, la intención es que el debate en el Congreso se pueda llevar a cabo durante este verano, aunque la tramitación concreta demoraría la entrada en vigor de la propuesta hasta el año que viene. Todo esto siempre y cuando, en primer lugar, el gobierno aguante hasta esa fecha. Y, en segundo lugar, que la presión social pueda convencer a la derecha catalana de no aliarse a la extrema derecha española en una convergencia de intereses de clase que supera todas sus diferencias nacionales. Casi veo más difícil lo segundo que lo primero.