Juanjo Cáceres

Todos los veteranos del lugar recuerdan al dóberman. El dóberman no es un perro, sino un sujeto cuya función consiste en desviar la atención. Apareció con motivo de la campaña de las elecciones generales de 1996, cuando envuelto en una marisma pestilente de corrupción y terrorismo de estado, el PSOE veía inevitable la caída de Felipe González como presidente del gobierno. El comité electoral correspondiente, al frente del cual andaba Cipriá Ciscar, propuso la figura del dóberman como recurso principal de la campaña «España en positivo» y fue así como se fabricó un spot que sugería que el gobierno del PP representaba la “España en negativo” y poco menos que un retorno al Franquismo: “La derecha no cree en este país, mira hacia atrás y se opone al progreso”. ¿Lo recuerdan?

Pues bien, este 2025 el dóberman ha reaparecido y con él la campaña de «España en positivo»: gracias al PSOE, España es poco menos que un paraíso, por mucho que la oposición se empeñe en lo contrario. Y no surge por casualidad, sino, precisamente, con motivo de la pillada con las manos en la masa de los personajes que han llevado las riendas de ese mismo partido durante los últimos años. Pero la función del dóberman ya no es proteger a Felipe González, sino a una de las personas detestadas por este: Pedro Sánchez.

Felipe y Pedro, Pedro y Felipe, dos personajes que pese a sus desavenencias se parecen como dos gotas de agua. Ambos han ejercido un poder interno incomparable con el de cualquier otro secretario general. Ambos han visto a sus más cercanos colaboradores cometer gravísimos delitos en el ejercicio de sus responsabilidades en el gobierno de España. Y ambos han rehusado o rehúsan asumir ningún tipo de responsabilidad política por hechos delictivos sobradamente conocidos.

Los que sí que han cambiado, en cambio, son sus rivales. Si Felipe tuvo que enfrentarse a la metafórica pinza de Aznar y Anguita, hoy Pedro Sánchez disfruta del calor que le ofrecen casi todos sus socios de investidura. «Si la cosa se queda aquí, nosotros aguantamos, Pedro. Estamos seguros de que no es culpa tuya y no olvidamos todas tus obras». ¿Pero no lo es?

Durante todos estos días de crisis en Ferraz, el PSOE ha fiado su suerte a dos armas: el victimismo y la alerta antifascista. Pero ni una ni la otra son armas defensivas suficientes, salvo que se cumpla la condición de que los socios estén dispuestos a creerse lo que salga de la boca de Pedro. En un escenario menos polarizado, cualquier partido no gubernamental hubiera dicho y exigido de todo, pero en el mundo de los apoyos cruzados, de las promesas pendientes y los gobiernos de coalición, se da por buena cualquier explicación que permita salir del paso. La Sexta lo expresaba el pasado lunes de forma muy elocuente en el siguiente titular: «Los socios tragan. Mucho lerele y poco larala«.

Porque lo cierto es que Pedro Sánchez es un pilar que va mucho más allá de su partido. Sostiene sobre sus hombros la existencia de Sumar -partido cuya existencia práctica durará lo que duren sus responsabilidades de gobierno-, los equilibrios necesarios con los partidos catalanes para hacer posible el gobierno de Illa, la agenda política de diversos partidos de arraigo territorial (particularmente vascos y valencianos) y un largo etcétera. Así pues, si Pedro cae, todos caen con él, lo que convierte en una decisión viciada de forma y de fondo la incuestionabilidad de Pedro Sánchez como presidente.

Pero en este blog de debate, ajeno a los focos de los medios y los parlamentos, nos hemos de poder decir la verdad. Y la verdad es que, ante los hechos conocidos, la presidencia de Pedro Sánchez debería de haber llegado a su fin estos últimos días, en un ejercicio de responsabilidad política. Más aun cuando su partido no cuenta con mayoría absoluta para gobernar y cuando depende nada menos que de siete partidos que le dan apoyo. Pero el caso es que todos se agarran al “McGuffin” del dóberman: “¡Qué irresponsabilidad sería renunciar al gobierno para que se hagan con él las derechas extremas!”. Lo que pasa es que este argumento es profundamente falaz.

Del mismo modo que ha quedado claro que Pedro no es un escudo infranqueable ante la corrupción -lo cual, no lo olvidemos, fue su lema de legitimación para convertirse en presidente-, tampoco lo es ante la llegada de la derecha y la extrema derecha al gobierno central. Al contrario, hoy en día, gracias a Ábalos y a Cerdán, es su mejor baza: la que hace verídicas e incuestionables acusaciones que hasta hace poco carecían de asidero alguno.

El problema, como ya vimos también en Estados Unidos con el caso Biden, es que nadie tiene un plan. Los partidos de izquierda occidentales en general y los españoles en particular siguen instalados en el “qui any passa, any empeny” y en la esperanza de poder disputar las batallas decisivas en contextos mejores para ellos. Pero entretanto se desgastan, se desangran, decaen, sucumben ante la extensión de los valores ultraliberales y derechistas y ven como su electorado tradicional muere y no hay relevos generacionales. Su impasividad ante los hechos de la última semana refleja una profunda crisis de proyecto, un miedo absoluto a la extrema derecha y una falta absoluta de energía para hacerle frente socialmente.

Si el problema era el contexto electoral adverso o la necesidad de completar los objetivos de la legislatura, unos partidos menos cobardes y menos calculadores hubieran propiciado un relevo al frente de la presidencia del gobierno y habrían seguido hasta el tramo final de la misma. Puede que ello hubiera propiciado un gobierno débil -aunque en realidad la fortaleza o debilidad se demuestra andando- pero se asumirían las responsabilidades políticas con toda la dimensión necesaria, se acreditarían las voluntades regeneradoras y se demostraría que, por una vez, las cosas se hacen de forma diferente.

Pero no es eso lo que ha sucedido. Así las cosas, el final del pedrismo solo puede producirse de la misma manera que el del felipismo. Salvado el gobierno en 1993 con el apoyo de Pujol, la remontada en el 1996 era ya imposible hasta con el dóberman. Salvado el gobierno en 2023 con el apoyo de un surtido variado de socios, la remontada en 2026 -fecha de elecciones mucho más probable que 2027- será imposible.

Carlos Hidalgo

Con el escándalo de descubrir que Santos Cerdán no era el socialista fiel que denunció y entregó a los corruptos José Luis Ábalos y Koldo García, sino que en realidad era él el cerebro, se han lanzado muchos medios a intentar descubrir a ese otro PSOE, el PSOE de la resistencia, que vive clandestinamente en el sanchismo y que se prepara para enmendar años de entuertos. Un PSOE, dicen, que sí que era un partido que merecía la pena, el partido de los intelectuales y políticos-filósofos como Madina, el de los hombres de Estado, como Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, el de los sensatos, como Page y Lambán. Un PSOE, afirman, que estaría haciendo movimientos lentos pero seguros en estos momentos. Un PSOE, en definitiva, que no existe. O que sí que existe, pero que no es el que ellos describen.

El tan añorado (por la prensa y por los partidos de derechas) PSOE de Felipe fue perseguido implacablemente para derribar a un presidente del Gobierno que era reelegido elección tras elección. Se le acusó de corrupción, de terrorismo de Estado, se usó a ETA como arma política y, aun así, casi no consiguieron acabar con él. Hizo falta una alianza del PP, de medios de comunicación y de grandes bancos y empresas para derrotarle. Una alianza que, según uno de sus miembros, Luis María Anson, tensó en exceso las costuras del Estado y de la democracia.

El PSOE de Rubalcaba era atacado inmisericordemente, acusado de usar todo el aparato del Estado con fines políticos. Detrás de cada caso de corrupción que implicaba al PP se veían las manos de Rubalcaba, controlándolo todo. Hasta el eterno diputado del PP, Rafael Hernando, se lanzó a agredirle en los pasillos del Congreso, haciéndole responsable de los incendios que asolaban a Castilla-La Mancha en ese verano. Rubalcaba nunca le pareció bien a quienes le reivindican desde que murió.

Con Eduardo Madina se han hecho infinitas rechiflas y bromas crueles. Y, abreviando, se le llegó a acusar de ser cómplice de los mismos terroristas que le intentaron matar. A esos extremos se llegó. Y ahora se le añora. Excepto si, por lo que sea, vuelve a estar en activo, que se le volverá a arrastrar por el barro.

Page y Lambán han tenido que aguantar toda clase de vilezas y calumnias, no por parte de Pedro Sánchez, sino del PP que les hacía oposición. Lambán ya no gobierna, pero escuchar las cosas que salen de la boca de Paco Núñez, el líder del PP castellano-manchego da simplemente vergüenza.

El caso es que no existe “otro PSOE” porque esas personas siguen siendo militantes del PSOE, con voz y con voto. Y no existe un “PSOE bueno” y un “PSOE malo”, porque el que se defiende como bueno era pintado como el mismo diablo, sin que hoy se haya retractado nadie de sus palabras. Y el “PSOE malo” ha lidiado con una crisis tras otra haciendo que España saliera mejor de ellas e, incluso, mejorando nuestra posición dentro de la Unión Europea y del mundo.

Pero siguen apareciendo artículos que hablan en nombre de ese “PSOE bueno” y que tienen, para el ojo entrenado, bastante poca credibilidad. Artículos llenos de referencias a testimonios anónimos que, por lo general, son filtraciones interesadas de personas que han caído en la irrelevancia y que ahora tratan de volver a la primera línea. Y ninguna de esas personas son los mencionados por su nombre en esta entrada.

¿Habrá un PSOE post Pedro Sánchez? Pues seguramente. Pero cuando el partido de ese paso estoy seguro al 100% que no le parecerá bueno a quienes hoy lo piden con tanto drama.

Mejor harían en pedir una “derecha buena” que no buscara alianzas con la extrema derecha y que no se mirase en el programa de desmontaje de la democracia de Trump, Orban y Meloni.

Arthur Mulligan

Llegaremos en breves días a la consumación de un propósito político revestido de legalidad (incuestionable desde el punto de vista formal): la deliberación y aprobación en su caso de la validez de la Ley de Amnistía por la que se mantiene o desaparece el reproche penal de aquellos responsables políticos que decidieron usurpar poderes que no les pertenecían para llevar a cabo un proceso independentista en Cataluña y cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, siendo los principales:

Malversación de caudales públicos: Especialmente cuando los fondos se destinaron a la organización y promoción de las consultas y referéndum independentistas, como el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017.

Usurpación de funciones públicas: Por la organización y celebración de actos institucionales sin competencia legal, como la declaración unilateral de independencia.

Desobediencia: Por no acatar resoluciones judiciales que prohibían la celebración de los referéndums o la ejecución de actos relacionados con el procés.

Prevaricación: Dictar resoluciones arbitrarias en el ejercicio de cargos públicos en el contexto del procés.

Desórdenes públicos: Relacionados con las protestas y disturbios tras sentencias judiciales o durante movilizaciones independentistas.

Pertenencia a grupo criminal y tenencia de artefactos explosivos: En el caso de algunos activistas implicados en protestas o acciones organizadas.

Atentado contra la autoridad y lesiones: Por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante las protestas.

Delitos contra la seguridad vial y contra la integridad moral: En el marco de movilizaciones relacionadas con el procés.

Terrorismo de baja intensidad: Solo en casos en los que no hubo intención directa de causar violaciones graves de derechos humanos, como muertes o torturas graves.

Entre los beneficiarios se encuentran políticos (como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont), funcionarios, alcaldes, concejales, activistas y miembros de cuerpos policiales implicados en actuaciones durante el procés o en la represión de las protestas.

Los ciudadanos de todo el territorio en el que la Constitución de 1978 es la norma fundamental y suprema del Estado Español, aquella que organiza y distribuye el poder, reconoce y garantiza derechos y libertades, define los valores y principios básicos, legitima el poder y establece mecanismos de control y protección, pudieron ver y escuchar como la estabilidad de las reglas que fueron sancionadas por el cuerpo electoral el 6 de diciembre de 1978 por el 87,87% de los votos emitidos, fueron modificadas o anuladas sin respetar los procedimientos que la propia Constitución determina para garantizar su continuidad en paz y libertad.

El Tribunal Constitucional no es un órgano de orientación política directa, como el Gobierno o el Parlamento, pero la naturaleza del Derecho constitucional y la función de control de constitucionalidad hacen que sus decisiones tengan una dimensión política mayor que la de los tribunales ordinarios. Su legitimidad y autoridad dependen, en parte, de su capacidad para mantenerse independiente y no convertirse en un actor político más, aunque su función implique inevitablemente decisiones de gran trascendencia política.

Las garantías para que la Constitución no se degrade al nivel de una ley ordinaria residen en:

La rigidez de los procedimientos de reforma

El control del Tribunal Constitucional

La posibilidad de intervención popular mediante referéndum

La exigencia de consensos muy amplios

En teoría, ni un nuevo gobierno, ni una mayoría parlamentaria simple, ni siquiera una mayoría cualificada pueden, por sí solos, modificar la naturaleza de la Constitución o el sentido de sus reformas, sin respetar los procedimientos y controles previstos. El papel del TC es relevante, pero no omnipotente: está sometido a la ley y al control democrático, y sus decisiones pueden ser objeto de revisión en el marco de la legalidad nacional y europea.

Sin embargo, mediante la apariencia de la rigidez normativa indisponible,

el TC anuló sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla al considerar que habían vulnerado el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) y la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Argumentó que la aprobación de proyectos de ley por el Parlamento andaluz no podía equipararse a actos delictivos, reinterpretando así los límites de la responsabilidad penal de cargos públicos. El TC sostuvo que los actos legislativos (como proyectos de ley) están fuera del alcance del control penal directo, reservando su fiscalización al proceso de constitucionalidad.

Esto implicó un desplazamiento de la jurisdicción ordinaria hacia el TC en la evaluación de conductas políticas, alterando el equilibrio entre poderes. Las sentencias se aprobaron con 7 votos a favor y 4 en contra, reflejando una división ideológica en el tribunal. Los votos particulares criticaron que la mayoría progresista priorizó una visión expansiva del ámbito político sobre el judicial. Según el art. 5.1 de la LOTC, sus resoluciones obligan a todos los poderes públicos, incluidos los tribunales ordinarios. Esto permite al TC reorientar la interpretación de leyes sin modificarlas formalmente.

El TC no se limitó a anular condenas, sino que redefinió qué conductas son penalmente relevantes, excluyendo actos vinculados a procesos legislativos. La Audiencia Provincial de Sevilla planteó una cuestión prejudicial al TJUE, cuestionando si la interpretación del TC vulneraba directivas anticorrupción de la UE. Esto evidencia tensiones entre el ordenamiento español y el europeo. Magistrados del TC y del Supremo alertaron que estas sentencias sitúan a los gobernantes “por encima de la ley”, vaciando de contenido el control penal sobre la actividad política. La designación de sus miembros por mayorías parlamentarias permite que cambios en el equilibrio político alteren su composición y criterios interpretativos.

Al redefinir los límites de la responsabilidad penal sin reforma constitucional expresa, se crea un precedente para eludir garantías procesales en casos de corrupción. Este fenómeno, aunque legal, plantea desafíos democráticos al permitir que minorías cualificadas reinterpreten la Constitución al margen de procesos deliberativos amplios.

La Constitución no regula explícitamente la amnistía, pero el Tribunal Constitucional ha admitido su uso en casos excepcionales vinculados a “superación de conflictos políticos”, siempre que respete los principios constitucionales

1. Fundamento jurídico de la amnistía y límites constitucionales

Límites implícitos (art. 14 CE): No puede tratarse de una medida discriminatoria. El TC ha anulado amnistías que benefician a grupos específicos sin justificación objetiva.

Seguridad jurídica (art. 9.3 CE): La amnistía no puede crear inseguridad al vaciar de contenido el orden penal o permitir la repetición de conductas ilegales.

Separación de poderes: El legislativo no puede invadir competencias judiciales mediante amnistías que anulen sentencias firmes sin justificación constitucional.

2. Riesgo de “limbo penal” y desnaturalización del control judicial

Aplicación arbitraria: Si se admite la amnistía sin criterios objetivos (como el arrepentimiento), se abre la puerta a que cualquier mayoría parlamentaria la utilice para eximir delitos graves (corrupción, terrorismo, etc.), alegando “razones políticas” genéricas. Esto desdibuja la línea entre política y justicia, como ocurrió en el caso de los ERE andaluces, donde el TC reinterpretó delitos para excluir responsabilidades.

Efecto criminógeno: La falta de exigencia de arrepentimiento o compromiso con el orden constitucional incentiva la reincidencia. El Tribunal Supremo alertó de que la amnistía actual “introduce un factor criminógeno” al beneficiar a quienes “persisten en su conducta golpista”.

Precedente peligroso: Grupos políticos con agendas opuestas podrían reclamar amnistías simétricas (ej.: indultos a ultras por disturbios), argumentando discriminación si se les niega. El TC ya ha señalado que la igualdad exige tratar igual lo igual y diferente lo diferente, pero en este caso, la justificación política sería difusa.

3. ¿Por qué el “limbo penal” es un riesgo real?

Ejemplo práctico: Si una futura mayoría de signo opuesto aprobara una amnistía para delitos de odio o violencia de extrema derecha, alegando “reconciliación nacional”, el TC tendría dificultades para bloquearla si se basara en la misma lógica interpretativa (“la Constitución no lo prohíbe”). Esto fracturaría la coherencia del sistema penal.

Debilitamiento de la jurisdicción ordinaria: Las mutaciones constitucionales (reinterpretaciones no formalizadas) permiten al TC y al legislativo eludir reformas constitucionales, vaciando de contenido sentencias judiciales. Esto ya ocurrió cuando el TC anuló condenas por prevaricación en los ERE, reinterpretando el alcance del delito.

Politización del TC: La designación de sus magistrados por mayorías parlamentarias podría llevar a interpretaciones cambiantes según el color del gobierno, erosionando su papel de garante neutral

¿Hacia un sistema de “amnistías permanentes”?

La combinación de:

1. Amnistías sin arrepentimiento,

2. Interpretaciones expansivas del TC, y

3. Mayorías parlamentarias dispuestas a instrumentalizar el derecho,

podría generar un ciclo de impunidad estratégica, donde cada grupo en el poder use la amnistía para blindar a sus aliados. Esto no solo desnaturalizaría el control de la mayoría, sino que convertiría la Constitución en un texto flexible al servicio de intereses coyunturales, socavando el Estado de derecho.

La solución pasa por exigir que toda amnistía:

Esté vinculada a un arrepentimiento verificable,

Cuente con un consenso social amplio, y

Respete los límites materiales de la Constitución(derechos fundamentales, unidad nacional).

De lo contrario, el sistema penal quedaría subordinado a la voluntad del legislativo, no a la justicia.

Los puntos clave del borrador filtrado:

Aval general a la amnistía: El borrador sostiene que la amnistía no vulnera la Constitución, ya que esta no la prohíbe ni explícita ni implícitamente. Defiende que el legislador puede hacer todo aquello que la Constitución no prohíba de forma expresa.

Separación de poderes: Se rechaza que la ley vulnere el principio de separación de poderes o el de igualdad ante la ley. El texto enfatiza que la función del TC no es valorar los objetivos políticos de la norma, sino su encaje constitucional.

No pronunciamiento sobre malversación: El borrador guarda silencio sobre el delito de malversación, ya que el recurso del PP no lo abordó expresamente. Este asunto podría ser tratado en futuros recursos de amparo presentados por los propios líderes independentistas.

Acotación temporal: La ponencia limita la aplicación de la amnistía a hechos cometidos hasta el 13 de noviembre de 2023, es decir, solo se pueden amnistiar hechos pasados, no futuros. Esta precisión responde a una de las cuestiones planteadas por el PP, aunque no afecta de manera práctica a los líderes del procés.

Inclusión de delitos de ambos lados: El borrador señala que la ley debe tener en cuenta que también son amnistiables presuntos delitos atribuidos a quienes se manifestaron en contra de la independencia, no solo a los independentistas.

Derecho europeo: El texto defiende que la ley no es contraria al derecho europeo y desestima que el debate sobre el derecho de la Unión sea relevante para el recurso de inconstitucionalidad presentado.

Escribe Ignacio Varela en El Confidencial :

«En el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido no deciden el derecho ni la razón, sino el color de la camiseta. La polarización ha llegado a su sede y se ha implantado allí el voto militante. Nada ni nadie impedirá que el resultado de ese simulacro de debate jurídico sea algo distinto a un 6-4. ¡Somos más!, podrá proclamar el presidente del tribunal y, con él, sus conmilitones en la Moncloa. Tratándose de asuntos que interesan al poder político, en nuestro Tribunal de garantías la única garantía es la obediencia a la consigna en ambos lados de la trinchera.»

«El problema de esta aberración institucional no es el método de elección de los magistrados. En Estados Unidos todos los miembros del Tribunal Supremo son designados por la Casa Blanca y confirmados por el Senado, hoy de mayoría republicana. No obstante, ante cualquier resolución existe mucha más incertidumbre que en nuestro actual Tribunal Constitucional. Allí también hay progresistas y conservadores, pero el derecho y la dignidad del cargo siguen importando. Lo de aquí es una derivación del sectarismo irrestricto que ha invadido fatalmente todos los espacios de nuestra vida pública. Sus primeras víctimas son la verdad y la razón; también la razón jurídica.»

«A la certeza sobre la sentencia puede añadirse una presunción fundada. Si el 22 de julio de 2023 se hubiera sometido el texto de esta ley a la consideración jurídica de la ponente Montalbán y el presidente Conde-Pumpido (y probablemente también del resto del grupo ¡Somos más! en el TC), con toda probabilidad habrían afirmado su radical inconstitucionalidad. Hay un extenso reguero de pistas en sus trayectorias anteriores que avalan esta suposición. También ellos cayeron del caballo por el rayo que afectó a todo el espacio sanchista en aquella noche electoral en que se les apareció Puigdemont y los «cambios de opinión» pasaron de lluvia a tempestad.»

«Se dice que la explicación más relevante de la decisión será que todo aquello que la Constitución no prohíbe expresamente debe considerarse campo abierto para el legislador. Me consta que Conde-Pumpido y Montalbán son capaces de ofrecer algo más consistente que esa nadería que a un estudiante de primero de derecho le daría vergüenza poner por escrito. Que yo sepa, la Constitución no prohíbe expresamente el canibalismo, la pornografía infantil, el tráfico de seres humanos, la venta libre de cianuro en las farmacias o tantos hechos inciviles que Conde-Pumpido anularía de forma fulminante… con la Constitución en la mano.»

«La ley de amnistía puede ser o no ser constitucional. Aunque lo fuera, ello no la convertiría en una ley justa, razonable y saludable. En medio siglo de democracia se han aprobado cientos de normas y se han tomado decisiones plenamente constitucionales y, a la vez, detestables por sus propósitos, por sus efectos o por su catadura moral. Hemos caído tan bajo en nuestros estándares de calidad política que se considera admisible, incluso óptima cualquier norma que no sea anticonstitucional o cualquier conducta que no sea delictiva.»

«Pueden decir misa los del Somos más: la ley de amnistía, dictada por sus beneficiarios, negociada fuera de España y objeto de un trueque de poder por impunidad, es corrupta por su origen y corruptora por sus consecuencias. Es un desastre legislativo y político por el que pagaremos un alto precio. Además, es irreversible: lo sería aunque el TC la declarara inconstitucional. Los beneficios penales no pueden revocarse, algo que debería conocer también la oposición.»

La Ley de Amnistía de 1936 tras la Revolución de Asturias fue aprobada por unanimidad en la Diputación Permanente, incluyendo los votos de la derecha (CEDA).

La Ley de Amnistía de 1977 se aprobó por 296 votos a favor, 2 en contra y, 18 abstenciones y un voto nulo.

¿Y qué?

Senyor G

Este mes tengo pendiente todavía hacerme la declaración de hacienda y estoy tentado de intentar hacer alguna triquiñuela para pagar menos impuestos. Realmente poco puedo hacer, al ser asalariado mis impuestos ya están pagados. A los que os sale a pagar, felicidades habéis tenido un dinero en vuestras cuentas bancarias que no han tenido a los que les sale a devolver durante el último año. No haré bromas con todo lo que podríais ganar con ese dinero bien invertido durante un año, porque es posible que llegué un lector despistado y flipado a DC y se lo tome en serio.

No pagar la Chocolatera Suiza.

El Fútbol Club Barcelona hace tiempo que no tiene televisión propia con su nombre, ni falta que le hace. Para quejarse de la Central Lechera ya disponen de TV3, Catalunya Ràdio y el resto de canales y sus espacios deportivos, de humor o informativos. Quién dice deportivos, es casi decir Barça, “és la seva”, punto y pelota. El punto de vista es puramente culé, tal cual. Es una cosa ofensiva y vomitiva desde el punto de vista de medio público de comunicación.

Este mismo lunes, fiesta local en Barcelona por cierto, al poner Catalunya Ràdio justo había un comunicador y humorista echándonos la bronca al mundo perico por lo mal que lo estábamos haciendo con la marcha del portero Joan García. Todo el rato es siempre el mismo punto de mira culé, hasta el conductor del programa deportivo va con camisetas de adscripción claramente culé. Apago o cambio, solo el momento suficiente para ver que es siempre lo mismo

Que sí, que la central lechera, pero toda la Corpo es la base de la Chocolatera Suiza que reparte su material y para adentro. Tertulia (no deportiva) de fin de semana y jijiji y jajaja ante el acoso al que siguen manteniendo a Figo. Nada de las palabras de Joan Gaspart diciendo «Me llevaré a la tumba lo que pasó con el no descenso del Athletic hace 30 años», por cierto que a punto estuvo de ser candidato de Alianza Popular, ojo Alianza, ya de paso por los otros jijjijis jajajas sobre el izquierdismo per sé del Barça. Y dándonos consejos de deportividad los que tenían a sueldo a quién tenían a sueldo y que han inscrito a dos jugadores saltándose las normas de la Liga y la tomadura de pelo. U olvidando lo de Sasha Djordjevic en el Palau o la cabeza de puerco.

Sí, sí que todo es opinable y la libertad de expresión, pero aquí el sesgo se toma como parte del medio ambiente. Y sólo hay un tipo de opinión y de objetivo en el humor. Y hablo de medios públicos, que si hablamos de privados la Chocolatera Suiza tienen amplias franquicias, pues yo también pediré la venía un día para hacer humor negro si los del chocolate nos dejan a los otros.

Yo no tengo por qué pagar todo esto, ya pago como 4 o 5 misas en medios públicos, para pagarles a estos también la suyas.

Como padre de un hijo de instituto público de Barcelona.

Y como padre de un chaval que va a el instituto público de la ciudad de Barcelona, pues uno se indigna de que por fin en tercero les dieran portátil, pero empezado el curso, y ya hace un par de semanas que los

tuvieron que devolver. Sin contar caídas de la electricidad, goteras, el calor que vendrá esta semana junto a las obras próximas de la estación de Sants. Los colegios (de primaria) de la zona sí que los van a climatizar, paga el ayuntamiento, pero en los institutos debería pagar la Generalitat, aunque aparentemente lo lleve el

Consorci d’Educació de Barcelona que dice que hace muchas acciones, porque hay problemas generalizados en las infraestructuras educativas de la ciudad de Barcelona, como si fuese lo mismo cambiar un fluorescente que poner al día los mínimos de funcionamiento de un edificio de educación obligatoria. Y cosas se han hecho en los últimos años en los colegios pero la Generalitat no se ha puesto al día, aunque luego hagan proclamas que no se pueden creer como el conseller d’Agricultura cuando afirma “Todos los comedores escolares en Catalunya deberían tener cocina propia”; que lo hable con la consellera d’Educació, si no a mí me suena a extraterrestre.

Me da la impresión de que mis impuestos van para desgravar Copas Américas y campeonatos de Fórmula 1, y no para la educación y todo lo que representa. Lo tengo claro.

Verónica Ugarte

“¡Oh, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”, sabias palabras de Madame Roland formuladas mientras era llevada a la guillotina durante el Terror. Sabemos que al ser una mujer que criticaba duramente la política de Robespierre, su destino fue el mismo que el de todos los que se oponen al más fuerte. El encierro, el destierro o el entierro. Pero donde dijo libertad, yo quiero poner la palabra patria.

El domingo se jugó una final de fútbol a cuyo resultado yo era más que indiferente. Fuera Francia, me dediqué leer un rato, pero mirando tabletas, vi la escena que es inmutable: forofos, alegría, banderas, camisetas. Y recordé que para cierto porcentaje de españoles, la bandera no la sienten suya, puesto que en algún momento les fue “robada” por la derecha. Que la palabra “España” o Patria” tienen valor cero y que, durante la Historia de este país, a pesar de los esfuerzos de unión de discursos, la realidad es que cada vez que ciertos políticos, no solo del PP, hablan de Patria, más de una persona no se siente identificada.

Desde mis 4 años hasta los 14, cada lunes nos formábamos en patio (incluido el sol mexicano más el jersey reglamentario) para rendir homenaje a la Bandera (en mayúsculas puesto que constitucionalmente se trata de un símbolo patrio). Allá no se trata de ver quién es menos mexicano, sino de quién lo es más. Por algo disfruté tanto al ver los francos franceses y después los euros, porque había escritores, poetas en los primeros. En los segundos, parte de la historia de Europa.

En cambio en México, todo está lleno con los rostros de figuras claves en su historia. Eso es básicamente alineamiento y se cura, si se es consciente, a fuerza de autocrítica, de lecturas incómodas y de viajar. En mi caso, fue en el segundo viaje y eché raíces en la hermosa Barcelona. Una nueva tierra llena de cientos de experiencias, vivencias que han ayudado a un aprendizaje emocional e intelectual, y al mismo tiempo a dejar atrás sin mirar, a la Patria.

Dicen que somos de donde nacimos. No estoy de acuerdo. Siempre me han llamado mexicana personas abiertamente de derechas o que se dicen de izquierdas. En esos momentos recuerdo cuando al hijo de la Duquesa le preguntaron si alguna vez había votado a la izquierda y él respondió que al PSOE, a lo que Rufián y Dani Guzmán contestaron, “nos referimos a la verdadera izquierda”.

En todo caso, ¿qué es la Patria? Los más acérrimos defensores de un concepto vació al que solo el estadio en que se use le da contenido, salen en defensa de ella con banderas, cruces, defendiendo al Jefe del Estado, olvidando que su padre está lavando dinero y la mayor parte del pueblo no llega a fin de mes. Para otros, más centrados en la realidad porque pisan la calle y se sumergen en ella, es defender a la Sanidad Pública. Es dejar de votar porque ya no podemos seguir votando tanta mediocridad sinsentido. Es llegar al mercado y ver que las primeras cerezas cuestan 25 euros el kilo y ellos cobran una pensión de 700. En todos estos ejemplos nadie habla de patria, sin embargo. Se habla de vivir y morir con dignidad.

Hasta hace muy poco tiempo yo vivía feliz en mi burbuja, puesto que nunca he hecho migas con mexicanos (si salí con la maleta y me metí en el primer avión, mis razones tuve), pero de un tiempo a la fecha me vienen con la pregunta, personas del otro lado del enorme charco y del enorme continente a realizar el tercer grado del por qué he perdido el acento mexicano, por qué hablo catalán.  Y la mejor y de la cual yo siempre pensé que era una leyenda urbana: la animadversión al mexicano por ser norteamericano. Después de una tanda de preguntas, acusaciones, bajé la cortina de la amabilidad para poner en medio al Muro de Berlín junto a Mordor como barreras, para evitar tales faltas no de tacto, pero sí de educación. Al fin y al cabo, la patria, la bandera y demás sentimientos viscerales los puede perpetuar cada quien en su imaginación.

Tras años, decidí que la patria no tiene sentido para mí. He encontrado la felicidad en una ciudad diametralmente opuesta a aquella donde nací. No niego que a veces miro videos y me queda un poco de nostalgia. Pero pesa más revisar el mapa y decidir el próximo destino. Viajar es altamente curativo, refrescante y lleno de riquezas intangibles.

Con todo, sabemos bien que los de Bilbao nacemos donde nos apetece. Y por favor no tomar como hipocresía que salte durante los partidos de soccer que juega México, empiece a dirigir a la Selección y dé a la palabra energúmeno un pleno significado. Es lo único que quiero permitirme de las cenizas de mi patria imaginaria.

Carlos Hidalgo

Mientras España y Portugal se juegan algo en los penaltis, estoy reflexionando acerca de la manifestación convocada hoy por el PP y por el numerito de Ayuso en la Conferencia de presidentes celebrada la semana pasada.

Mientras que la manifestación es un nuevo intento de Feijóo de tratar de afianzar su liderazgo en su propio partido y una declaración de que no van a colaborar en ninguna política estatal, ya sea con sus votos en Congreso y Senado o bloqueando la aplicación de legislación estatal en las comunidades autónomas en las que gobiernan, es posible que al presidente del PP las cosas no le hayan ido tal y como esperaba. Por un lado, la manifestación, autobuses incluidos, ha sido floja. No creo que haya sido tanto por la capacidad de convocatoria del expresidente gallego, sino por el calor infernal que ha reinado en Madrid, unido a una Plaza de España pelada y desprovista de sombra, merced a la política arboricida del alcalde estrella del PP en la capital, José Luis Martínez-Almeida. Para colmo, el tener que compartir estrado con Carlos Mazón, que en su infinita caradura hace apelaciones a la honradez y a la dignidad en la política, puede que haya deslucido el discurso del líder de su partido.

Pero nada lo ha deslucido más que una Isabel Díaz Ayuso completamente desquiciada, que en un discurso errático se ha reafirmado en contra del carácter plurinacional de España y en el que ha afirmado que el uso de otras lenguas españolas hace que los ciudadanos de bien (sus votantes, imagino) se sientan “extranjeros en su propio país”.

La verdad es que esto es lo que más me ha molestado de todo. A lo largo de mi vida he podido recorrer las 17 comunidades autónomas de España, más las ciudades de Ceuta y Melilla. Suelo bromear diciendo que solo me queda visitar las islas Chafarinas y el Peñón de Vélez de la Gomera. Si algo me ha enseñado todo eso es la increíble variedad de personas y paisajes que nos incluimos dentro de eso llamado España. Y sentir un enorme orgullo de que la españolidad se manifieste, no solo a través de las cosas que tenemos en común, sino a través de las sutiles (o no tan sutiles) diferencias que existen entre nosotros.

Que nuestro país, pese a su turbulenta historia y etapas de espantoso cainismo y desprecio al pasado, conserve sus otras lenguas, les haya dado carácter oficial (más la lengua de signos) y puedan ser usadas para relacionarse con la Administración, me parece un auténtico milagro del que sentirnos orgullosos.

Que esas lenguas se usen en un foro como el de la Conferencia de presidentes autonómicos, me parece un símbolo de institucional y de unidad casi a la altura del de nuestra bandera y nuestro escudo. Y el que una presidenta empeñada más en buscar broncas y en montar numeritos más que en gobernar y en gestionar su comunidad, lo denuncie como un intento de hacerla “extranjera en su propio país”, me parece un violento provincianismo y un desprecio a españoles a los que su partido luego se llena la boca de defender, o de pretender que pretenden que tengan “auténtica igualdad de derechos”.

Lo que hace extranjeros a otros españoles es precisamente despreciarlos por no ser igual que uno mismo. Y de eso, desgraciadamente, tenemos sobrados ejemplos: los liberales españoles del siglo XIX a los que Fernando VII quiso privar de españolidad, los republicanos de la Guerra Civil, a los que Franco no quiso reconocer como compatriotas y que entregó a los nazis para ser masacrados en los campos y, por supuesto, los habitantes de regiones en las que se habla más de un idioma, que es tan español como el castellano que Ayuso masacra con su forzado acento cheli.

Las diferencias entre nosotros, de tradición, de identidad o de ideología no nos hacen extranjeros. Lo que nos hace extranjeros en nuestra propia tierra es la cerrazón de mente, el desprecio a la cultura y el anti-intelectualismo y el rechazo de personas que deberían representarnos a todos, pero que optan por representarse histéricamente a sí mismas, como los lamentables youtubers residentes en Andorra.