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Lamentablemente no creo que la vuelta de Ansar sea posible. Más bien, a decir de uno de sus acólitos relatado por la prensa de ayer, “no quiere volver, lo hace por joder”. Debe ser difícil renunciar a los fantásticos emolumentos que le paga Murdoch como consejero de News Corporation y a las grandiosas tarifas que cobra por dar conferencias allá donde se junta un grupito de millonarios deseosos de estrecharle la mano al luchador infatigable contra el terror. Sí, hay gente dispuesta a pagar miles de euros por compartir mesa y mantel con quien, desde el púlpito, mediada la cena, encandila al selecto auditorio con eso de que “todos los terroristas son iguales”, “con los terroristas no cabe negociar” y “de un lado nosotros, los amantes de la libertad, del otro los terroristas, que quieren acabar con ella”.

No hay mucho más en el libreto, pero hay que admitir que sus eslóganes son efectistas, al menos para públicos noveles. Porque, a juzgar por las reacciones que ha provocado dentro del PP, el amago de vuelta de Ansar no suscita demasiado entusiasmo entre “los suyos”. La mejor ha sido la de Borja Semper, el portavoz del PP vasco, el de las gafas de estudiante y media melena al mejor estilo pijo de Donosti: “Zapatero se consolida como el mejor ex Presidente de Gobierno”, reaccionó el bueno de Borja lacónicamente en Twitter.

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Senyor_J

Hace algunas semanas se produjo una decisión claramente lamentable: la aprobación de una ley de lenguas en Aragón, en la que el Partido Popular y el Partido Aragonés Regionalista acordaban eliminar la denominación de dos de sus tres lenguas propias de su legislación autonómica. Semejante despropósito retrata con precisión la situación en que se encuentra España como estado: no solo en ruina económica, sino también en ruina moral. Veamos por qué.

En primer lugar, destaquemos lo evidente. La nueva ley de lenguas aragonesa es lo más alejado que se pueda imaginar de un mecanismo efectivo de protección y promoción de la diversidad lingüística de un territorio. Nace meramente con la voluntad política de suprimir una denominación que denota que una de las lenguas propias de Aragón forma parte del sistema lingüístico que conocemos como catalán. Y no solamente: es difícil no ver en ello una voluntad clara de remarcar la exclusividad del español como verdadera lengua de los aragoneses, puesto que ni siquiera la lengua propiamente denominada “aragonés” es reconocida como tal en el nuevo entramado normativo. Con todo esto, se encuentra más que justificada la sorna inherente en la simplificación satírica de las nuevas denominaciones lingüísticas mediante los acrónimos “lapapyp” y “lapao”, pero más apropiado sería que los al menos organismos internacionales realizasen una verdadera reprimenda por la vejación a la que se somete a dos realidades lingüísticas de gran interés cultural, así como a sus modalidades de transición. Parece increíble que el escándalo mayúsculo que se produciría con motivo de cualquier maltrato físico del patrimonio material nacional perpetrado por un gobierno, no se reproduzca cuando a un bien inmaterial como es la lengua se violenta privándola de su nombre

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Ayer La Razón dedicaba parte de su portada a Antonio Quero refiriéndose a él como el regenerador del PSOE y afirmando que había desviado dinero público a un fondo financiero, había malversado al menos 35.000 euros y había cargado al partido gastos personales. En dos páginas interiores explicaba con todo lujo de detalles los pecados de Quero y un columnista comentaba la cuestión sin ningún acierto. El único era que en un par de ocasiones hacía referencia a que las acusaciones eran presuntas, aunque lo hiciera en tono irónico.

Antonio Quero está valorando la posibilidad de demandar al periódico por tan graves acusaciones. Si no lo hace, siempre se le podrá acusar de haberlas aceptado tácitamente. Pero claro, es posible que la demanda chocara contra la libertad de prensa y el margen para la licencia periodística que nuestra legislación y jurisprudencia amparan. Ojalá sus asesores legales puedan confirmarle que acusar falsamente de desviar dinero público, malversar varias decenas de miles de euros y endosar gastos personales como profesionales, será normalmente sancionado por la ley.

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