Senyor_J
Hace algunas semanas se produjo una decisión claramente lamentable: la aprobación de una ley de lenguas en Aragón, en la que el Partido Popular y el Partido Aragonés Regionalista acordaban eliminar la denominación de dos de sus tres lenguas propias de su legislación autonómica. Semejante despropósito retrata con precisión la situación en que se encuentra España como estado: no solo en ruina económica, sino también en ruina moral. Veamos por qué.
En primer lugar, destaquemos lo evidente. La nueva ley de lenguas aragonesa es lo más alejado que se pueda imaginar de un mecanismo efectivo de protección y promoción de la diversidad lingüística de un territorio. Nace meramente con la voluntad política de suprimir una denominación que denota que una de las lenguas propias de Aragón forma parte del sistema lingüístico que conocemos como catalán. Y no solamente: es difícil no ver en ello una voluntad clara de remarcar la exclusividad del español como verdadera lengua de los aragoneses, puesto que ni siquiera la lengua propiamente denominada “aragonés” es reconocida como tal en el nuevo entramado normativo. Con todo esto, se encuentra más que justificada la sorna inherente en la simplificación satírica de las nuevas denominaciones lingüísticas mediante los acrónimos “lapapyp” y “lapao”, pero más apropiado sería que los al menos organismos internacionales realizasen una verdadera reprimenda por la vejación a la que se somete a dos realidades lingüísticas de gran interés cultural, así como a sus modalidades de transición. Parece increíble que el escándalo mayúsculo que se produciría con motivo de cualquier maltrato físico del patrimonio material nacional perpetrado por un gobierno, no se reproduzca cuando a un bien inmaterial como es la lengua se violenta privándola de su nombre