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La inmigración no es un fenómeno en absoluto nuevo, ni de llegada ni de salida, tampoco para Europa. Pensemos en los cuatro millones de turcos que viven en Alemania, en el 30% de oriundos portugueses que pueblan Luxemburgo, en los más de cuatro millones de musulmane que viven en Francia, o en los centenares de miles de españoles que encontraron refugio en Latinoamérica tras la Guerra civil o que se tuvieron que buscar la vida en Europa en los años cincuenta y sesenta. Pero ahora es un problema, un grave problema para Europa. Aunque no obviamente, no porque llegen decenas de miles de sirios, afganos y africanos, sino por los muchos que mueren intentándolo, en el mar y en el desierto, y los abusos y penalidades que sufren por el camino. Y también por el efecto que está teniendo la inmigración sobre nuestras sociedades europeas, polarizando el debate político sobre bases irracionales y aupando a la extrema derecha en varios países, señaladamente Francia. Los ultras claman contra Europa, que supuestamente no actúa para proteger las fronteras de la Unión, y venden la moto de que la identidad nacional está en peligro, nuestras economías y nuestros puestos de trabajo al borde del colapso por la llegada masiva de pobres de solemnidad que vienen a chupar del bote de nuestro Estado del Bienestar y al mismo tiempo, paradójicamente, a robarnos nuestros puestos de trabajo. Igual de contradictorio resulta que es precisamente la Unión Europea la que más está haciendo para acabar con el problema.
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