Juanjo Cáceres
Si alguna duda había de que la cuestión de la vivienda se ha situado en el centro del conflicto social, las movilizaciones de unos días atrás contribuyeron a despejarlas. En ese país de propietarios llamado España, hay un importante sector de población que no lo es. Dicho sector se divide entre aquellos que no están emancipados a pesar de su voluntad de estarlo y aquellos que conforman la España de los inquilinos. Unos inquilinos que, si viven en una de las dos grandes ciudades del país, parecen asumir que no heredarán, ni podrán convertirse en propietarios, en siete de cada diez casos.
Bien podríamos decir que en 2024 esto nos dibuja dos Españas completamente diferentes: la de los que no tienen que preocuparse de este problema, porque ya tienen su vivienda o porque cuentan con los recursos para financiar su compra, y la de los que viven con una espada de Damocles sobre ellos, porque en cualquier momento pueden perder su hogar en beneficio de población de paso o porque, pese a leyes y regulaciones de dudosa eficacia, pueden ser incapaces de responder a una escalada de los precios de alquiler.
El problema principal que vive este sector social es sobradamente conocido. A una oferta ya endémicamente precaria de alquileres, se habría sumado en los últimos tiempos la fuga de la oferta hacia los pisos de temporada o pisos turísticos, lo que habría comprimido aun más el mercado y habría dejado sin opciones habitacionales a un gran número de personas. Entretanto, la implantación de la regulación de los pisos de alquiler, al menos en Cataluña, habría logrado contener el crecimiento de los precios y posiblemente a mejorar la estabilidad de los contratos, pero las sospechosas caídas de los contratos de alquiler y la ausencia absoluta de capacidad inspectora por parte de la administración, hacen pensar que la realidad que esconden las estadísticas podría ser algo distinta de lo deseable. Sigue leyendo →