Dávid Rodríguez Albert

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya acaba de implantar un programa piloto de acompañamiento a la convivencia, consistente en la introducción de agentes de los Mossos d’Esquadra en ciertos institutos públicos. La medida ha provocado un gran revuelo, y más teniendo en cuenta que la comunidad educativa está en pleno proceso de movilizaciones para reivindicar la reversión de los recortes que se han producido durante los últimos años.

El anuncio se ha producido en un marco de opacidad difícilmente justificable. No existe un desarrollo normativo claro ni documentación suficiente sobre objetivos, límites o despliegue. La información ha llegado de forma fragmentada, mediante circulares o filtraciones, sin debate público ni participación real de la comunidad educativa. No es un detalle menor, sino un síntoma del modo en que se toman las decisiones sobre educación.

Esta forma de proceder entra en tensión con el marco normativo vigente en Catalunya, que insiste en la centralidad de la convivencia, la cultura de paz y la gestión pedagógica de los conflictos. La escuela no se concibe como un dispositivo disciplinario, sino como un espacio donde el conflicto se trabaja y se transforma en aprendizaje. La introducción de actores policiales desplaza esta lógica hacia una gestión del orden.

Pero el debate no es sólo normativo. La comunidad educativa viene señalando una acumulación de tensiones estructurales que ya no pueden ignorarse, como por ejemplo el aumento de la diversidad del alumnado, el incremento de las necesidades educativas específicas, la sobrecarga burocrática del profesorado o la precariedad de los apoyos recibidos. Es imprescindible más personal de educación social, psicopedagogía, enfermería escolar y mediación, como figuras ampliamente reclamadas y sistemáticamente insuficientes. La respuesta institucional, en cambio, no refuerza este entramado, sino que introduce un dispositivo externo ajeno al campo educativo y vinculado a la lógica securitaria.

Este desplazamiento no es neutro. Supone un giro en la manera de entender la convivencia, que se inserta en una visión neoliberal y reaccionaria del modo de gestionar lo público. En este contexto, la entrada de la policía en los institutos representa un síntoma más de la degradación en la forma de entender los aspectos sociales. Cuando el sistema se tensiona por falta de recursos, la respuesta de la Generalitat no consiste en reforzar lo educativo, sino en introducir mecanismos de contención. 

A ello se suma el terrible efecto simbólico de la medida. En algunos casos los centros afectados concentran alta diversidad social o alumnado en situación de importante vulnerabilidad. Esto introduce un riesgo de estigmatización, al asociar determinados perfiles con la necesidad de vigilancia. Una vez más, se desvía el centro de la educación y se desplaza hacia la seguridad. En una sociedad en la que las desigualdades van en aumento, se culpabiliza a la víctima en lugar de resolver el problema de fondo con políticas sociales coherentes.

El sistema educativo concentra hoy tensiones derivadas de procesos sociales más amplios, que incluyen la precariedad laboral, la desigualdad en la distribución de la riqueza, la crisis aguda en el acceso a una vivienda digna, los problemas crecientes de salud mental, la fragilidad de las redes comunitarias o las trayectorias migratorias complejas. Todos estos factores convergen en la escuela, que funciona como un espacio de absorción de conflictos no resueltos en otros niveles. 

Frente a ello, una parte significativa del mundo educativo insiste en la idea de que la convivencia no mejora con un incremento de la vigilancia, la disciplina y el control, sino con más recursos, estabilidad de equipos y refuerzo de los apoyos profesionales. Las reivindicaciones del personal educativo están sobre la mesa con más fuerza que nunca, con la demanda de reducción de ratios, estabilización de plantillas, ampliación de equipos psicopedagógicos y sociales, y políticas de inclusión. No es una demanda corporativa, sino una condición clave para mejorar la educación y el conjunto de la sociedad.

En última instancia, lo que está en juego no es la presencia policial en los institutos, sino el modelo de escuela pública en un contexto de cambio social. Una escuela democrática requiere confianza en lo educativo, no su sustitución por lógicas de control. Cuando la respuesta a los conflictos estructurales se desplaza hacia la securitización del espacio escolar, lo que se modifica no es solo una política concreta, sino el horizonte mismo de la educación pública.

Carlos Hidalgo

Una de las cosas en las que el PP es experto es en tratar de usar sus siglas como seña de identidad de las regiones en las que gobierna. La imagen de lo que debe ser un gallego se encargó de definirla Fraga en su larga presidencia de la comunidad de Galicia, el PP castellanoleonés se ha encargado de dejar clara la imagen de que la población de su comunidad es como ellos: arrogante, adusta, antipática e inevitable. En Valencia hicieron grandes esfuerzos por absorber el llamado “blaverismo”, una ideología que define la valencialidad como opuesta a todo lo catalán. En Navarra ya sabemos: carlismo españolista, Opus Dei y oposición a todo lo vasco. Y así podríamos seguir comunidad por comunidad, en las que han implantado una identidad regional hecha a medida de ellos y que tacha de menos auténticos a quienes (con todo el derecho) no simpatizan con el Partido Popular.

Desde los tiempos de Esperanza Aguirre y ahora, con Isabel Díaz Ayuso, se ha hecho algo parecido en Madrid. Se impone una forma de ser madrileño basada en el comportamiento del PP de la Comunidad: macarra, forzadamente castizo, caradura, aprovechado, con evidente desprecio a lo común y confundiendo interesadamente la maldad con la inteligencia.

El madrileño ideal del PP tira los papeles al suelo, arma ruido en las terrazas con evidente desprecio a los vecinos, trapichea para no pagar impuestos, es insolidario, aprovechado, servil con los adinerados y arrogante con el servicio. Es “canalla” vestido de Barbour y no va las misas por compartir los ideales cristianos, ni a los toros por el arte descrito en el Cossío, sino porque eso fastidia a sus vecinos, a los que se les priva de la condición de madrileños por no hacer el borrego estruendosamente con una caña de Mahou en la mano.

Esto no solo pasa a nivel de Comunidad. También pasa a nivel del Ayuntamiento, donde el nefasto Martínez-Almeida Navascués nos quiere hacer creer que vivir en Madrid ha de ser sudor, esfuerzo, incomodidad, polución, una jungla sucia y llena de obras absurdas en las que los más fuertes se mueven como peces en el agua a bordo de sus SUV de combustión.

Plantearse que tal vez vivir en la ciudad no ha de ser un infierno, que los servicios públicos han de hacer mejor la vida a la ciudadanía, que acudir al hospital La Paz no ha de parecerse a una escena bélica, sino acudir a una sanidad fiable, pública y universal, les rechina demasiado.

Madrid, para ellos, ha de ser una combinación de escenarios dignos de aparecer en Instagram con eventos idiotas en los que se cobre entrada, como la feria de la hamburguesa, la feria de las tartas de queso (cheesecake, dirán para que suene más cool), meninas clónicas de fibra de vidrio pintadas con motivos vulgares y, en el colmo de los colmos de la idiotez, hasta la propia feria de Abril de Madrid, llamada “Madridlucía” que, gracias a los hados, ha tenido que ser cancelada porque la capacidad de gestión de los “populares” madrileños es inversamente proporcional a su gusto por las horteradas. Pero nos queda la Fórmula 1, uno de los deportes más corruptos que existen, cuyos campeonatos en España siempre han sido ruinosos para lo público, molestos para la población en general y muy rentables para unos pocos, empezando por la FIA. A los madrileños se les ha prometido que la F1 no les costará un duro, pero a quien seguro que no les va a costar nada va a ser a los prebostes de la FIA, que se llevarán unos cuantos millones que, directa o indirectamente, saldrán de las arcas públicas.

Nada de eso es ser madrileño y, sinceramente, como elemento constructor de una identidad regional, produce más vergüenza que orgullo. Además, la vergüenza de tener a Ayuso como máxima representante de la región solo está sirviendo para que el resto de España perciba a la gente de Madrid como unos arrogantes catetos, que se pasean por el resto de España exigiendo que les atiendan primero en todas partes.

Además de votar, además de protestar contra la incompetencia del PP madrileño, hay que plantearse también la reivindicación de que uno es madrileño como le da gana. Y enfrentar ese falso sentido de la libertad y de la identidad basados en venerar a marcas de cerveza, con las maneras de vivir y convivir en las que uno busque lo mejor de sí mismo y de los demás. Y la reivindicación de que la región, la autonomía, el ayuntamiento, están para servir a los ciudadanos y no al revés.

Feliz 2 de mayo.