Lluís Camprubí
Con este PP no hay nada que hacer. Y, sin embargo, algo hay que hacer en algunas cuestiones fundamentales. Ésta es la tensión irresoluble y estratégica de la política española y las fuerzas progresistas.
No hace falta aquí alargarnos en porqué con este PP ahora es difícil buscar consensos estratégicos: su oposición destructiva en todos los frentes más allá de lo razonable/institucional y el uso de medios no legítimos en su deseo de llegar a La Moncloa; la permeación en prácticamente todos los sectores de “su” sociedad civil de esa lógica confrontacional; el sellado estratégico de su política de alianzas con la extrema derecha; la respuesta universal a la crisis de la derecha tradicional que activa el reflejo de mirar a su derecha…
Pero hay dos aspectos definitorios para nuestro futuro -ya que su solución no puede aplazarse a un hipotético próximo ciclo electoral progresista vía alternancia normal- que necesitan que el PP (y las derechas democráticas en general) decanten hacia consensos amplios: la crisis climática (y la transición energética) y la preservación del carácter liberal-democrático del Estado y la UE (lo que implica evitar que las extremas derechas formen parte de mayorías de gobierno). Resumiendo la especificidad, en primer lugar no tenemos el lujo temporal que el negocionismo/retardismo nos alineen con los intereses de la industria fósil y bloqueen durante unos cuantos años los esfuerzos de descarbonización y, en segundo lugar, la entrada en gobiernos de la extrema derecha y lo que ello conlleva (correa de transmisión de sectores oligárquicos, reaccionarios, fascistas, intereses fósiles…) genera una degradación institucional que cuesta mucho revertir y les da herramientas para atrincherarse por mucho tiempo en el poder.
Obviamente la búsqueda y preservación de estos consensos colisiona con la dinámica de choque electoral (clave) para el 2027. Seguramente, la inmensa mayoría de la gente que lea estas líneas desea -y trabaja para- un resultado electoral (llamémosle A) en el que las fuerzas progresistas tengan una mayoría suficiente para gobernar. Y ciertamente sería lo mejor para asegurar la transición energética y una institucionalidad futura liberal-democrática. Pero la responsabilidad obliga a considerar los otros dos grandes posibles escenarios: no hay una mayoría ni del bloque progresista ni del bloque PP-VOX (digámosle escenario B) o hay una mayoría clara PP-VOX (escenario C).
Lo que requiere trabajar separando -pero haciendo compatible- la lógica de competición electoral dura (que se avecina y que toma carácter “frentepopulista”) con una estrategia paralela -ahora mismo dando pasos unilaterales- para asegurar consensos amplios en al menos ambas cuestiones (un “compromiso histórico”, climático y democrático). Digo pasos/aproximaciones unilaterales porque ciertamente no parece que por el momento vayan a ser correspondidos por el PP. Como en otros momentos históricos en que se requería aproximación o colaboración entre bloques sociopolíticos (reconciliación nacional española, compromiso histórico italiano…) pero en los que las posiciones difícilmente podían estar más alejadas, tendrán que ser las fuerzas de izquierda las que empiecen el camino.
Aunque parecería más intuitivo aplicar un esquema secuencial: lógica frentepopulista pre-electoral y lógica compromiso histórico post-electoral, tengo la sensación que no sería suficiente y empezaríamos demasiado tarde, y por lo tanto deben trabajarse en paralelo.
En la cuestión climática, hay algunos esfuerzos que merecen consideración y refuerzo. No debe aflojar la insistencia del gobierno en buscar un pacto de Estado sobre la emergencia climática (que de forma inteligente prioriza por su factibilidad que primero se centre en la adaptación, y a partir de aquí en la mitigación) y que deje unas bases para el 2027 y más allá. Necesario tanto si el PP está entonces en el gobierno (para asegurar unos mínimos) como por si está en la oposición que no intente sabotear avances (sea desde otros niveles de la administración o desde sus movimientos sociales). En segundo lugar, me consta que hay intentos serios de impulsar consensos (de los que después pueden fijarse en el BOE y en Planes Nacionales) con distintos actores sociales y económicos (tanto los vinculados a las “nuevas energías” como los que se verían beneficiados de una electrificación) que políticamente pueden estar alejados pero que ven la necesidad y beneficio (propio o indirecto) de la transición energética (reducir su factura energética, abrir mercados…). Ello debe empujar y hacer más fácil para el PP sumarse a un nuevo consenso “descarbonizador” (o más costoso permanecer acompañando los combustibles fósiles). Y, finalmente, en el plano ideológico se debe seguir queriendo ganar la hegemonía e incorporar a amplias mayorías. Observo con interés como los actores más lúcidos de la transición ecológica ven la necesidad de incorporar distintas preocupaciones y beneficios a los esfuerzos de descarbonizar y electrificar: es por tener un clima/planeta habitable con civilidad (y mejor salud), pero también es la respuesta para los sectores conservadores preocupados específicamente por la seguridad nacional (no depender de combustibles fósiles es la mejor garantía de soberanía/autonomía estratégica y de no ser coercionables por terceros) y/o por la competitividad económica (las renovables aseguran suministro y empujan a la baja la factura energética, generan ventajas competitivas, reducen el déficit comercial…).
En la defensa de una institucionalidad liberal-democrática la mejor garantía es y sigue siendo el cordón sanitario. Sabemos que en algunos países sufre fatiga de materiales y que su eslabón débil es precisamente la derecha social y política tradicional. En nuestro país, además, el PP de forma clara no lo considera. Y también sabemos que en la institucionalidad europea la estrategia de Manfred Weber de jugar a la geometría variable ha normalizado la colaboración con la extrema derecha y ha debilitado la lógica consensual de gran coalición democrática-europeísta. Pero mantener a VOX fuera de las instituciones de gobierno en España debería seguir siendo una gran prioridad. Es difícil imaginar un ofrecimiento o aproximación transaccional (de negociación/intercambio) desde las izquierdas hacia el PP en esta materia. Por supuesto debe darse más voz y explorar diálogos con aquellos sectores sociales y políticos conservadores que anticipan el desastre democrático, económico y ambiental que supondría la entrada de la extrema derecha en el gobierno de España… pero fomentar esas voces desde nuestra posición tiene un recorrido limitado. Así que la principal contribución al mantenimiento del cordón sanitario en España a nivel estatal es que las fuerzas progresistas tengamos una discusión honesta y transparente de las declinaciones menos amables del cordón sanitario. Básicamente, las que surgen en un contexto de escenario C (mayoría PP-VOX) o en aquellas configuraciones de B que hagan imposible impulsar una mayoría progresista o similar a la de 2023. No veo posible, ni necesario, ni deseable fomentar una gran coalición de gobierno. Pero en un escenario que sea el PP quien inevitablemente encabece una mayoría de gobierno debería surgir desde las fuerzas progresistas (y, de hecho, debería normalizarse la posibilidad en la discusión colectiva pre-electoral) la propuesta estratégica de facilitarle la investidura. Fijando una base de acuerdo en descarbonización/electrificación y en blindaje de libertades/derechos constitucionales y unos mínimos de estabilidad de legislatura para que excluya a VOX de la mayoría de gobierno y de la mayoría habitual parlamentaria.
En el actual contexto de polarización y tensión asimétrica no es fácil ni cómodo intentar desdoblar la dinámica de competición electoral descarnada con el intento de sembrar unos consensos estratégicos. Pero creo que debe intentarse. Jugarnos el todo o nada en estas dos cuestiones existenciales al resultado electoral que venga supone demasiado riesgo.