Mimo Titos

Como todo estudiante de leyes sabe, el Estado de Derecho es un concepto jurídico-político que alude a una sociedad que se gobierna por medio de un conjunto de leyes cuyo obligado cumplimiento para todos garantiza el Estado por medio de la administración, la judicatura y las fuerzas de seguridad.

Frente a una acepción primaria meramente formalista en la que las leyes a cumplir no tendrían que cumplir con ningún requisito de calidad (por ejemplo, tener una base democrática y que su contenido sea conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos), la doctrina moderna entiende que no cabe calificar a la Alemania nazi, por ejemplo, de Estado de Derecho por más que las leyes se cumplieran a rajatabla. En este sentido, la acepción material del Estado de Derecho exige que la confección de las leyes cumpla con unos mínimos democráticos y que su aplicación no sobrepase unos límites objetivos.

El Estado democrático, social y de derecho que estableció la Constitución de 1978 cumple de sobra con estas exigencias juridico-políticas, lo que no es de extrañar dado lo tardío de su aprobación comparado con otros textos fundamentales hoy todavía vigentes. Sin embargo, es cuando menos dudoso que podamos verdaderamente considerar que vivimos en un verdadero Estado de Derecho.

El problema no es que Ibarretxe sea un etnicista pertinaz, ETA perviva, sean muchos los obsesionados con rotular en lenguas vernáculas, el paro esté subiendo o el PP esté atravesando una crisis morrocotuda. Todos ellos son problemas serios pero no afectan a la raíz del sistema. Ni siquiera me refiero al hecho de que el órgano de gobierno del Poder Judicial, su Consejo General, lleve más de un año en funciones dada la incapacidad de los dos partidos mayoritarios de acordar su renovación. No, lo que verdaderamente pone en duda que España hoy sea un Estado de Derecho es la penosa situación en la que se encuentra la administración de justicia.