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La suspensión de la huelga de Iberia que iba a comenzar a finales de esta semana en protesta contra los planes de la dirección de la compañía de despedir a 4.500 empleados y seguir cancelando destinos, no resuelve el grave conflicto de fondo que amenaza a la principal aerolínea española y que tiene implicaciones muy serias para nuestra economía. La Comunidad de Madrid antes y el Gobierno ahora tienen el deber de impedir que la situación siga deteriorándose.
Lo que afirmo puede chocar porque la antaño señera compañía aérea de España es hoy una compañía privada, fusionada con British Airways bajo el holding IAG (International Airlines Group) así que lo lógico sería que sus decisiones respondieran a consideraciones estrictamente privadas y por tanto ajenas a los poderes públicos, tanto españoles como británicos. Ahora bien, resulta que el Estado español es el mayor accionista de IAG, con un 14,7% de su capital: un 12,051 en manos de Bankia y un 2,71 en manos de la SEPI. El Corte Inglés tiene un 1,7% adicional.