La recusación del magistrado del Tribunal Constitucional Perez Tremps el lunes pasado por seis votos contra cinco ha vuelto a situar la politización de la justicia en el centro del debate. La recusación es escandalosa por infrecuente y por la evidente finalidad política del PP al demandarla. Pero es correcta. La Justicia no sólo debe ser imparcial y justa sino también parecerlo. El TC ha debatido la cuestión detenidamente y al final se ha inclinado por no desestimar la demanda por motivos de forma (el recurso adolecía de defectos formales) y acceder a ella, contra el criterio del recusado que, sin embargo, defendía que el TC entrara en el fondo del asunto. La recusación la planteó el PP con el objetivo de impedir a uno de los magistrados nombrados por el Gobierno enjuiciar el recurso de inconstitucionalidad – también planteado por el PP – contra el nuevo Estatuto de Autonomía catalán. El PP pretendía así desequilibrar la balanza de fuerzas en el TC en favor de los magistrados «conservadores». La base de la recusación era un informe jurídico redactado por Perez Tremps antes de acceder al TC en el que vertía su opinión jurídica favorable a un nuevo Estatut con competencias ampliadas. Tres de los magistrados considerados «conservadores» habían votado en contra de un anterior intento de recusar a Perez Tremps cambiaron ahora su voto y con ello permitieron, tras una discusión concienzuda en el seno del Tribunal, que prosperara la primera recusación de sus veinticinco años de existencia.

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