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Al presidente colombiano, Ã?lvaro Uribe, últimamente le crecen los enanos. Todo iba bien con el desarrollo de su Ley de Justicia y Paz, esa que permite la desmovilización y “reinserción de los grupos paramilitares a la sociedad civilâ€? a cambio, de una “rebajaâ€? de las penas. Las autoridades colombianas estaban contentas por el desarrollo de los acontecimientos. Cacareaban los hombres – y alguna mujer- del equipo de Uribe que casi 31.000 Paras, los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, se habían desmovilizado. Todo parecía un éxito pese a las quejas de las miles de víctimas que se atrevieron a cuestionar por qué los autores intelectuales y materiales de las masacres, torturas y expolios pasearían tranquilos por las calles. Cierto es que había voces que acusaban a su gobierno de relación con los Paras y de ser indulgente con ellos, pero no pasaba de meras acusaciones informales. Así las cosas, de golpe, todo cambió.

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