Barañain

En el dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de “Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la  Interrupción Voluntaria del Embarazo”, es decir, de la reforma de la regulación legal del aborto voluntario promovida por el Gobierno hay al menos tres aspectos que me parece importante  destacar: uno, el más político, su valoración sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa;  otro,  su criterio jurídico que en definitiva respalda la constitucionalidad de la misma, esto es, del sistema de plazos que se quiere instaurar; y el tercero, su propuesta relativa a la información a los padres, cuando la IVE afecta a una menor, propuesta cuya utilidad no acabo de ver y que por ello no comparto.

I

La derecha atacó desde un principio la iniciativa reformista del Gobierno (uno de sus compromisos electorales) considerándola innecesaria, la típica propuesta radical de Zapatero que, en realidad, no respondía a una demanda social. Ese ha sido un discurso habitual del PP para cuestionar la mayoría  de los proyectos legislativos del gobierno. Sobre la oportunidad de la iniciativa, sin embargo, es especialmente contundente el Consejo de Estado.

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Con ese nombre, suficientemente expresivo, se ha publicitado una iniciativa de un conjunto de médicos y otros profesionales sanitarios de atención primaria con propuestas razonables para atender la previsible demanda asistencial provocada por la gripe A y poner coto al infundado alarmismo que en los últimos meses se ha creado en torno a esta pandemia. Las decenas de miles de visitas recibidas por su web

 ( http://gripeycalma.wordpress.com ) dan fe del éxito de la iniciativa.

Sabida es la poca tolerancia social que existe al daño producido por el médico por “no hacer”,  siendo escasa sin embargo la conciencia sobre el daño producido por su hiperactuación. Si la “medicina defensiva” implica el incremento del número de actuaciones clínicas sin que todas sean de utilidad para el paciente, como garantía  ante cualquier hipotética reclamación posterior, algo de eso es aplicable a lo vivido a nivel colectivo en torno al fantasma de la nueva gripe. Los meses veraniegos han sido testigos de una alocada carrera de los responsables sanitarios por salir a la palestra anunciando todo tipo de preparativos, planes estratégicos, acopio de vacunas y antivirales, mensajes supuestamente tranquilizadores, campañas publicitarias, etc… frente a la inminente ola pandémica de gripe A. Sigue leyendo →

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Explicaba el editorial de El País del pasado 13 de julio  (“Un reparto más justo”) que las discusiones sobre la necesaria dotación a las administraciones autonómicas de los fondos precisos para sufragar el coste de las competencias que gestionan, algunas especialmente  onerosas (sanidad, educación o dependencia, por ejemplo) “debería despojarse de tintes ideológicos y atender sólo a los criterios de eficiencia”.  Mas allá  de la palabrería demagógica al uso sobre “privilegios”, “agravios territoriales”, “desintegración nacional”, etc… La discusión sobre la financiación territorial con los datos en la mano, debiera ser fácilmente objetivable.

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Hace una semana, en  su excelente viñeta diaria en El País “El Roto” se preguntaba: «Â¿Cómo es posible que un yogur caducado haga daño y una nuclear caducada no?».  No han sido pocos los lectores que se habrán visto reconocidos en ese interrogante. Uno de ellos escribía (“Cartas al Director” 14/06/09): “A mi modo de ver, El Roto da en la diana. Yo preguntaría también: ¿por qué la gran mayoría de los Gobiernos occidentales decidieron tras el desastre de Chernóbil hacer una moratoria nuclear? La respuesta es clara: por la seguridad y por los costes económicos que supone este tipo de energía”.

 

Ese lector se extendía  en consideraciones sobre las medidas de seguridad, los costes y secuelas de un accidente nuclear para la zona afectada, el problema de los residuos, la vida útil de las centrales, etc… para concluir animando al gobierno de Zapatero al desmantelamiento de la central de Garoña  – “que sea valiente”-, y a que, paralelamente,  garantice a los trabajadores de la misma y de su zona de influencia económica una alternativa compatible con la apuesta del gobierno por las energías renovables.

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Como casi nadie espera otra cosa que la lectura en clave interna –nacional- de la jornada electoral de ayer, vayamos al grano sin perder el tiempo en melancolías europeístas: el resultado que han arrojado las urnas es el que según la mayoría de las encuestas y análisis previos se consideraba más probable, esto es,  una diferencia a favor del PP de dos escaños, que descansa sobre casi cuatro puntos porcentuales de diferencia. Rajoy era el más se jugaba en el envite y ha apostado fuerte, implicándose de modo importante en la campaña y apostando por el ultra Mayor Oreja que le permitía cerrar posibles vías de agua por su lado más derechista.

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“Parece que esta vez va en serio”. En estos o parecidos términos han reflejado los medios de comunicación la noticia de que, por fin, tras un largo periodo de incumplimientos, retrasos y titubeos por parte del gobierno central, se desbloqueará el traspaso a Cataluña de una serie de competencias así como de los trenes de cercanías de Renfe y de que hay voluntad de llegar al acuerdo sobre financiación. Ya era hora. En realidad, se trata de cumplir, simplemente,  una previsión del estatuto catalán. También sería conveniente que se  abordara  ya, de una vez, la prometida gestión compartida del aeropuerto del Prat entre las administraciones central y autonómica, aunque en este caso se trate no de una previsión estatutaria sino de un compromiso político contraído por Zapatero hace ya mucho tiempo e incumplido también hasta la fecha. 

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Hace una semana se comentaba en este Debate Callejero el prometedor mes de mes de abril que entonces se iniciaba, cargado de citas importantes. La crucial semana no ha defraudado las expectativas. Sin embargo, aquí estamos, abocados a comentar no los hechos acaecidos en esas citas internacionales (del G20, con Obama, en Estambul,..) sino esta crisis gubernamental que, como la primavera, ha venido y nadie (aún) sabe cómo ha sido. Y es que, por seguir en plan poético, se confirma que “abril es el mes más cruel”.

 

Se preguntaba ayer Enric Sopena: “¿Era necesario, o al menos conveniente, que al anochecer del domingo se difundiera -a través de una filtración en exclusiva para la SER y El País on line– la noticia con nombres y apellidos de cambios relevantes en el Gobierno? ¿Fue una mano negra, que pretendía aguar la fiesta a Zapatero, la que meció la cuna de la filtración? ¿O fue otro error de coordinación gubernamental, que no midió correctamente los tiempos e hizo las cosas con cierta frivolidad, de modo que dejó a Zapatero a media luz primero con Obama y luego con el segundo foro de la Alianza de Civilizaciones?”

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El 2 de marzo pasado,  tras las elecciones vascas, concluía mi comentario en Debate Callejero diciendo que, en realidad, “lo noticioso, lo que hará memorable esta jornada electoral es que haya ocurrido lo que es normal en cualquier democracia asentada. Que en Euskadi, por fin, tras casi tres décadas de hegemonía nacionalista, haya alternancia política”.

 

La alternancia en el gobierno  es una de las señas de identidad, si no la mayor, de las democracias. Pero lo cierto es que cuesta asumirla con naturalidad  cuando se ha  estado disfrutando de un poder continuado durante mucho tiempo. Abandonar el poder puede resultar casi agónico. No ya, o no sólo,  por la dimensión propiamente política del hecho, sino por la repercusión que tiene sobre la vida de  multitud de personas abocadas a buscarse empleo tras una larga trayectoria de desempeño de cargos públicos. Para el perdedor, la alternancia suele ser, además, un eficaz revulsivo que sacude sus estructuras internas: una oportunidad para la revisión de ideas y estilos y para determinar qué personas serán las adecuadas para liderarlo.

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