Barañain

Explicaba el editorial de El País del pasado 13 de julio  (“Un reparto más justo”) que las discusiones sobre la necesaria dotación a las administraciones autonómicas de los fondos precisos para sufragar el coste de las competencias que gestionan, algunas especialmente  onerosas (sanidad, educación o dependencia, por ejemplo) “debería despojarse de tintes ideológicos y atender sólo a los criterios de eficiencia”.  Mas allá  de la palabrería demagógica al uso sobre “privilegios”, “agravios territoriales”, “desintegración nacional”, etc… La discusión sobre la financiación territorial con los datos en la mano, debiera ser fácilmente objetivable.

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