Javier 

Ahora que se ha conocido el  dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya,  según el cual la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional,  conviene recordar  los antecedentes inmediatos  del asunto.

Tras la intervención militar para frenar la matanzas promovidas en primer lugar por el régimen serbio de Milosevic, y ya  instaurado el control de Naciones Unidas en la zona (resolución 1244 del Consejo de Seguridad), en enero de 2007 el señor Ahtisaari, enviado especial de la ONU, hizo su primera propuesta para un estatus definitivo de Kosovo que no hablaba de independencia  pero sí reconocía su derecho a vincularse directamente a  organizaciones internacionales, a  ciertos “símbolos nacionales” y a disponer de una fuerza propia de seguridad.  Lejos de discutir políticamente una propuesta que los kosovares aceptaron,  los serbios la rechazaron tajantemente con el apoyo de su aliada y protectora Rusia. EEUU, entre otros, apoyó aquella propuesta. Tres meses más tarde, el enviado de la ONU  propuso una «independencia supervisada» de Kosovo por parte de la comunidad internacional con la finalidad de garantizar la protección de las minorías -serbios y otros-, en el interior de Kosovo, propuesta que nuevamente encontró el rechazo del gobierno de Belgrado y de su aliado ruso.  Ante el bloqueo del proceso diplomático, al que el rechazo a las propuestas de Ahtisaari había llevado a un  punto muerto,  los líderes  kosovares optaron por proclamar su independencia de forma unilateral el 17 de febrero de 2008. Para entonces, se había producido ya el traspaso de la misión que la ONU llevaba a cabo en la región kosovar a la Unión Europea. El reconocimiento de la nueva República de Kosovo fue inmediato por parte de EEUU, Reino Unido y Francia.

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