Pedro Luna Antúnez

Hace tres años, en enero de 2009, Ignacio Fernández Toxo declaraba no sin razón que “no era el momento de plantear una reforma laboral porque el origen de la crisis económica no estaba en el mercado de trabajo”. La reflexión era muy certera. La crisis que se destapó en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers a raíz del colapso financiero de los créditos subprime puso de manifiesto la avaricia de los mercados que tras años de macro beneficios habían generado una economía esencialmente especulativa basada en los créditos hipotecarios de alto riesgo. El estallido de la burbuja inmobiliaria cortó de raíz la fiebre por la compraventa de vivienda a la vez que provocó un descenso notable del consumo y el aumento del desempleo.

A pesar del origen privado de la crisis financiera, el gobierno del PSOE no vaciló a la hora de inyectar dinero público a fin de sanear las arcas de la Banca. Ya en octubre de 2008 se prestó a las entidades bancarias 30.000 millones a un interés mínimo del 1%. Se trataba de un regalo del Estado a quienes habían provocado una crisis que estaba dejando en el paro a millones de españoles. Pues bien, en los dos últimos años las tornas han cambiado y hemos pasado de la deuda privada de la Banca a la deuda pública de los Estados. Sin embargo, la actitud de la Banca no ha sido recíproca con el gobierno cuando se ha tratado de comprar deuda pública. Si el Estado concedió ayudas a la Banca con un interés del 1%, la Banca compró deuda pública con un interés por encima del 3%. He aquí el nudo gordiano de la crisis actual. No en vano, cerca del 60% del endeudamiento público se debe a las ayudas que el Estado destinó a la Banca.

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