Aitor Riveiro

Las leyes presupuestarias que cada año aprueban los parlamentos en las distintas administraciones del Estado son los más importantes, o eso se ha dicho siempre. Prueba es que, excepción hecha del Debate sobre el estado de la nación, los Presupuestos Generales del Estado y sus hermanos pequeños autonómicos reciben siempre una gran atención por parte de los medios de comunicación y los gobiernos dedican semanas a recibir los apoyos necesarios para sacar adelante sus cuentas.

Sin estas leyes la nación es ingobernable. Marcan las prioridades de los distintos gobiernos y, analizándolos, los ciudadanos podemos dilucidar cuáles son las intenciones reales de quienes deciden por nosotros en las instituciones públicas. Así, un presidente de una comunidad autónoma puede desgañitarse en un mitin alabando la política social de su ejecutivo o anunciando que, esta vez sí, la partida destinada a I+D+i pone a su región al nivel de los países más avanzados en la materia; pero cuando se echan cuentas, uno descubre la realidad.

Desde siempre se ha dicho además que el debate presupuestario es uno de los más propicios para hacer oposición. Son tantas las partidas y tanto el dinero a invertir que el partido que no gobierna tiene munición de sobra para atacar al contrario y para desenmascarar sus pecados. En tanto en cuanto que los presupuestos suelen tener una gran repercusión mediática (y real), es un momento óptimo para aquellos que, por diversas cuestiones, tienen muy difícil cumplir con su cometido de oposición.

Todo el mundo está de acuerdo. ¿Todos? ¡No! El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido que para solucionar la crisis el partido que dirige no va a hacer oposición en aquellos lugares donde no gobierna. O eso nos quiere vender.

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