Millán Gómez

El pasado miércoles, como todos ustedes saben, se celebró una huelga general en nuestro país. Como ya es costumbre, las valoraciones antagónicas y el baile de cifras sobre el seguimiento han sido el denominador común. Los organizadores se mostraron encantados de la vida y hablaron de un seguimiento similar a la peregrinación a La Meca, millón arriba, millón abajo; y el Gobierno, en su papel de “víctima” de la huelga, calificó la convocatoria como “desigual” y de “efecto moderado”. Es de agradecer que el Ejecutivo no se ensañase con los convocantes y alabase el buen comportamiento general de los sindicatos. Aunque también hay que decir que en sus valoraciones hay una clara intencionalidad política parar arrimar el ascua a su sardina y buscar puntos de encuentro en la deteriorada relación con los sindicatos tras la aprobación de la polémica reforma laboral.

Más allá de los bailes de cifras, preocupa la facilidad con la que la ciudadanía ha reconocido que tenía “miedo” a ser coaccionada por los piquetes. En un país democrático, situaciones de este estilo no deberían producirse. Vivimos en un Estado de Derecho desde hace más de treinta años. Los sindicatos tienen razones de sobra para protestar ante el Gobierno pero carecen de motivo alguno para tomarla contra quienes voluntariamente deciden no secundar la huelga. El comportamiento de quienes amenazan a los despectivamente llamados “esquiroles” es propio del fascismo. Hay que decirlo alto y claro. Y denunciarlo. Se han producido situaciones como la utilización de silicona en la cerradura de una tienda donde colgaba el cartel de “cerrado por huelga general”, lo cual demuestra empíricamente la capacidad intelectual de algunos. Situaciones de este tipo son inadmisibles. Aunque suene a perogrullada, que lo es, ante una convocatoria de huelga, los trabajadores tienen derecho a secundarla o mantener sus quehaceres laborales cotidianos. Así de simple. Mal que le pese a quienes defienden la democracia cuando les interesa políticamente.

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